- Sanjuana Martínez, ex directora de NOTIMEX denuncia actos graves de corrupción y, en lugar de investigar, el gobierno la inculpa y le pide que presente las pruebas.
- Es el gobierno de Andrés Manuel y no Sanjuana Martínez, quien debe explicar, a través de la FGR, la extinción de la Agencia NOTIMEX y presentar pruebas de transparencia y contundencia.
Nora VILLEGAS*
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz será recordado a lo largo de la historia por la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas; aun cuando su gobierno haya tenido algunos aciertos, la memoria colectiva registra a este periodo como el más represor y al presidente como un asesino. La guerra sucia, las disputas con los sindicatos, los movimientos políticos reivindicatorios, el asesinato de líderes sociales como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y la creciente desigualdad social, hacía de México el peor lugar para celebrar las Olimpiadas de 1968; sin embargo, Díaz Ordaz estaba empeñado en mantener las apariencias.
Enemigo del comunismo, Díaz Ordaz implementó una estrategia política en la que el Estado debía ser el principal agente del progreso y criticó severamente a los monopolios televisivos por lo que, en 1967, otorgó concesiones para dos canales de televisión y al año siguiente inauguró la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (que a la postre sería NOTIMEX), con el fin de transmitir nacional e internacionalmente, la imagen de un país próspero durante los Juegos Olímpicos de México 1968.
Hasta 2006, la agencia NOTIMEX dependía de la Secretaría de Gobernación por lo que garantizaba la cobertura absoluta de las actividades gubernamentales, primordialmente las del Poder Ejecutivo, influyendo severamente en su línea editorial, ya que la hacía responder a los intereses del gobierno en turno, constituyendo únicamente la difusión de la posición del estado mexicano.
Luego de varias reformas legales, NOTIMEX terminó siendo un “organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica, operativa, de decisión y gestión, que tiene por objeto coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado Mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial, en los términos de la Ley que lo crea y de este Estatuto Orgánico.”, según el estatuto orgánico que lo regía.
Finalmente, con 61 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó que la agencia de noticias (o lo que quedaba de ella) desapareciera a finales de 2023. Luego de una huelga de más de tres años, emplazada por los trabajadores sindicalizados, quienes denunciaron despidos injustificados y abusos laborales por parte de la directora Sanjuana Martínez, impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien consideró que el estado mexicano no necesita una agencia de noticias, por considerarla oficialista y al servicio del gobierno en turno.
Lo relevante en la desaparición de NOTIMEX, es la serie de denuncias que hizo Sanjuana Martínez Montemayor, a quien le explotó la huelga sobre abusos, vicios y malas prácticas tanto de trabajadores, como de la líder sindical, poniendo sobre la mesa una lista de situaciones que deberían ser investigadas dada la gravedad de las acusaciones que van desde el desvío de fondos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para apoyar financieramente a la campaña de Claudia Sheinbaum, las amenazas de hacer una campaña desprestigio en su contra, sobornos y presiones, hasta el abandono por parte de los funcionarios a quienes el mismo AMLO encomendó ayudar a solucionar el conflicto, graves anomalías a la hora de liquidar a los trabajadores y un sinfín de irregularidades, que hicieron que la opinión del gobierno del presidente, pidieran a Sanjuana las pruebas de lo que señalaba.
Debería de ser al revés: el gobierno de la cuarta transformación debería mostrar voluntad para investigar estos hechos y demostrar con pruebas que Sanjuana miente, porque ellos son los acusados y son ellos quienes tienen documentos que podrían demostrar que la extinta Agencia desapareció sin afectar ni vulnerar los derechos de los trabajadores, que las liquidaciones se otorgaron de forma transparente y que la campaña de Claudia Sheinbaum se lleva a cabo con recursos limpios.
Jesús Ramírez, Jenaro Villamil y Luisa María Alcalde Luján, funcionarios que fueron instruidos por el presidente para solucionar el conflicto de NOTIMEX, deben tener por ahí en algún cajón de su escritorio, alguna prueba documental con la que puedan refutarle a Martínez Montemayor, si es que acaso está mintiendo. En lugar de esto, el gobierno, el presidente, le pide a la ex directora que demuestre que la presionaron, la intimidaron y abandonaron en uno de los conflictos laborales más emblemáticos de esta administración, como si estas prácticas se hicieran a través de documentos oficiales o como si la extinción de un organismo fuera una decisión unipersonal, de la noche a la mañana.
El gobierno de Andrés Manuel, así como el Senado, tienen la obligación de dar una explicación puntual a la ciudadanía, sobre la decisión y el proceso que se llevó a cabo para desaparecer a un organismo público, sin más, ni más. O bien, con qué bases, los representantes del Senado tomaron esta decisión, qué factores consideraron para concluir las relaciones individuales y colectivas de trabajo y si la base fue la gran cantidad de medios de comunicación que existen actualmente. Entonces, que también desaparezcan el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y todos los medios que lo conforman, quienes también tiene serios problemas laborales y sindicales.
*Periodista egresada de la UNAM. Amplia experiencia en el campo laboral más por necesidad que por convicción. Amante apasionada de las causas perdidas, de las buenas historias, de la vida, la libertad y sus enjuagues. norvill_23@yahoo.com.mx
