Lizbeth Bravo
En México, la violencia contra las niñas no es una crisis, vergonzosamente, es una rutina; y esta, lamentablemente no estalla, no irrumpe, no sorprende. Se repite. Se hereda. Se tolera. Lo más grave, se normaliza con una frialdad burocrática que ha convertido el horror en estadística.
Mientras el discurso público se obsesiona con coyunturas, campañas y escándalos de corto plazo, hay una realidad que permanece intacta, millones de niñas crecen en un país que no las protege.
Los datos no dejan espacio para el eufemismo. En México, 63% de niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han sido sometidos a métodos de disciplina violenta en sus hogares, de acuerdo con organismos oficiales y datos retomados por UNICEF.
Es decir, casi dos de cada tres crecen aprendiendo que los golpes, los gritos o la humillación son formas legítimas de relación. La violencia no es un accidente doméstico, es un método de crianza culturalmente validado.
A esto se suma una verdad aún más incómoda, la violencia sexual contra niñas es sistemática. Tan solo en 2022 se registraron más de 8,400 denuncias por violación y más de 16,000 por abuso sexual contra niñas y adolescentes en el país. Pero estas cifras apenas rozan la superficie: se estima que más del 90% de los casos de abuso sexual infantil no se denuncian, lo que convierte a esta violencia en una de las más invisibilizadas. Y hay un dato que debería ser suficiente para detonar una alarma nacional, en la mayoría de los casos, el agresor es alguien cercano a la víctima.
En 2022, al menos 139 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio, y si se suman los homicidios dolosos, la cifra es considerablemente mayor. No son números aislados, entre 2015 y 2023, los asesinatos de menores de edad han mostrado una tendencia persistente, en un país donde la letalidad también alcanza a la infancia.
La desaparición es otra forma de violencia sistemática. Hasta 2024, más de 16,800 niñas, niños y adolescentes permanecen desaparecidos en México, siendo las adolescentes mujeres el grupo más afectado. Muchas de estas desapariciones están vinculadas a redes de trata, explotación sexual o reclutamiento criminal. En otras palabras, desaparecer en México, siendo niña, no es un evento improbable. Es un riesgo estructural.
Pero hay otra violencia más silenciosa, de acuerdo con el INEGI, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan en México, y al menos 1.4 millones lo hacen en condiciones peligrosas. A esto se suma que más del 40% de la población infantil vive en condiciones de pobreza, lo que multiplica su exposición a todas las formas de violencia.
Cerca del 28% de niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de acoso escolar, en un sistema educativo que muchas veces carece de protocolos efectivos de protección. El espacio que debería resguardar termina replicando dinámicas de violencia.
Frente a este panorama, la pregunta no es qué está fallando. La pregunta es por qué no se considera una emergencia nacional.
Priorizar a las infancias en la agenda pública es una decisión estratégica y, sobre todo, una prueba ética. Sin embargo, el Estado mexicano ha optado por una lógica reactiva, fragmentada y, en muchos casos, simulada. Programas dispersos, datos incompletos, instituciones rebasadas. Se legisla después del escándalo, se promete después de la tragedia, se olvida después del ciclo mediático. Mientras tanto, la violencia sigue operando con precisión cotidiana.
Hablar de cuidado y prevención en este contexto no es ingenuo, implica invertir en sistemas de protección integral, fortalecer la detección temprana de violencia, garantizar acceso a justicia y, sobre todo, desmontar una cultura que normaliza el castigo y el silencio.
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