LAS INICIATIVAS PRESIDENCIALES DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN EL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Cada seis años los presidentes de la república protestaban cumplir el cargo y respetar la Constitución, pero inmediatamente después, a los pocos días siguientes, enviaban a las cámaras un conjunto de reformas para modificar el contenido de la Constitución a su leal saber y entender. Digamos que un caso inusual es el del presidente Andrés Manuel López Obrador pues, aunque tiene mayoría absoluta en ambas cámaras federales y, en la primera mitad de su gobierno, tuvo mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados, él no envió al día siguiente de rendir protesta un conjunto de reformas constitucionales y legales que desde luego hubieran sido aprobadas de inmediato.
Mejor se esperó un poco y, paulatinamente, de todos modos resulta que llevamos ya durante su gobierno veintitrés reformas constitucionales -la más reciente publicada apenas el 24 de enero pasado-, más algunas iniciativas que no prosperaron -pero que vuelve a presentar-, y una serie de reformas legales que sí prosperaron aunque algunas de ellas hayan sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por lo menos hasta el momento, justamente para eso está, es decir, para ver si las leyes y los procedimientos de reforma constitucional se apegan a lo que dice la Constitución.
Pero hay otra modalidad en este asunto de las reformas constitucionales en las que también AMLO ha roto la tradición. Normalmente los presidentes tenían la cortesía de dejar al final de su gobierno que el presidente entrante, a partir de su experiencia de campaña, fuera quien propusiera las reformas constitucionales y legales percibidas como necesarias después de haber recibido infinidad de quejas, solicitudes y propuestas a lo largo de su recorrido por el país en busca del voto.
Así es que con la posible única excepción más o menos reciente de José López Portillo, quien de último minuto tuvo la idea de anunciar la nacionalización de la banca justo el día de su sexto y último informe de gobierno, AMLO rompe la tradición de guardar respetuoso silencio y cierra su sexto y último año de gobierno anunciando, a tambor batiente, una serie de reformas constitucionales y legales -veinte, más las que se junten– que en seguida pasaré a analizar; aunque previamente quisiera agregar un par de reflexiones sobre el tema.
A todas luces resulta evidente que el presidente en funciones pretende imponer a las candidatas oficial y opositora una serie de decisiones anticipadas de gobierno en las que se supone -porque nada se ha dicho al respecto-, que la candidata de la coalición gobernante simplemente no fue consultada. Pero, también sucede que -en un acto de humildad franciscana y disciplina de partido a todas luces ejemplar- la candidata oficial se adhiere sin reservas a las iniciativas que acaba de presentar el presidente en funciones.
Antes de entrar al detalle de las iniciativas, por las razones que también adelante especificaré, expreso mi sincero deseo de que ninguna de ellas sea aprobada y que los partidos de oposición no caigan en el juego de sumarse a alguna de ellas, nada más por aquello de no quedar mal con una parte del electorado, no obstante de que se trate de propuestas a todas luces contradictorias, absurdas o sin fundamento alguno, como adelante reseño brevemente. Así es que a continuación transcribo entre comillas lo que el presidente dijo de sus propuestas, y ya sin comillas manifiesto las razones por las que, en mi opinión, ninguna de ellas tiene valor ni sustento.
“Uno. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno, y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.” El hecho de que nunca hayan sido consultados los pueblos y comunidades indígenas sobre la construcción del Tren Maya es una evidente contradicción con lo que pomposamente se propone, a pesar de que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo así lo dispone, pero nada más no fue cumplido.
“Dos. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.” Sin duda que suena muy bonito, nada más que no se especifica con qué dinero se podrá financiar ese gasto público; más grave aún, cuando no ha habido crecimiento económico durante este sexenio y se ha tenido que recurrir al endeudamiento externo para financiar el gasto público.
“Tres. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.” También se oye muy bonito, pero además de la falta de fuentes de financiamiento y del endeudamiento ya señalados, está la falta de control de gestión y el uso de promoción electoral tradicionalmente aplicado por este gobierno a dicho gasto social.
“Cuatro. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.” Si se tienen en cuenta la desaparición del Seguro Popular y luego la de su sustituto, el INSABI, así como el desabasto escandaloso de medicinas y la falta de servicios médicos, a todas luces se trata de una burla o de un acto de hipocresía o de cinismo.
“Cinco. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.” Otra carta a los Reyes Magos sin ningún orden ni concierto, una ocurrencia más pues.
“Seis. Prohibir el maltrato a los animales.” Si recordamos la demagogia que entraña la suspensión de las corridas de toros y la existencia de rastros en los que se sacrifica a esos animales para el consumo humano de sus restos, el carácter demagógico de esta propuesta solo se explica como un distractor más al respetable público que acude a las urnas a votar.
“Siete. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking; no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.” Para que esta propuesta fuese congruente con la realidad económica tendría que incluir, de una parte, la prohibición de comerciar con países que lo produzcan de esa manera y, de otra parte, bastaría con una regulación y supervisión que no se ha hecho por parte de este gobierno.
“Ocho. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.” Otra medida demagógica e inútil solo para ocultar la falta de inversión pública para asegurar el abasto, potabilización y reaprovechamiento del agua. Resulta que ahora el gobierno está muy preocupado con la escasez de agua resultado de su indolencia y descuido.
“Nueve. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo, penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.” Otra manera de escurrir el bulto frente a todo lo que implica la política pública de “Abrazos, no balazos”; sin dejar de considerar el uso médico indispensable en ciertos casos que tiene el fentanilo.
“Diez. No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.” Como si la realidad económica pudiera ser modificada con una reforma constitucional; otra ocurrencia para el periodo electoral.
“Once. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social.” Igualar salarios, supuestamente a la alza, entre actividades tan heterogéneas y que implican diversos niveles de calificación para su desempeño, no solamente genera desigualdad de ingreso y deja sin protección a quienes realicen actividades semejantes o equivalentes en otros mercados de trabajo cercanos, sino que además por ser un incremento salarial financiado con gasto público tampoco se compadece de la realidad de una economía nacional sin crecimiento y en proceso de endeudamiento.
“Doce. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del Issste, pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1º de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.” Otra propuesta demagógica de periodo electoral igual que la de la farmaciotota, aunque no faltará gente que la defienda o que la crea.
“Trece. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.” En efecto, este programa económicamente inviable, improductivo y sin controles se utiliza como mecanismo de manipulación política electoral; una ocurrencia más sin orden ni concierto.
“Quince. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares.
En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública, estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.” Se propone que por arte de magia los trenes de carga se conviertan en trenes de pasajeros, una ocurrencia formidable. Pero es peor aún el monopolio de Estado que se propone en materia de energía eléctrica,
“Dieciséis. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos; la disminución del número de regidores en gobiernos municipales; el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias; esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato.” Se trata de asegurar el control total de la autoridad electoral para nunca perder elecciones y ganar de todas todas.
“Diecisiete. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuesto por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo.” Eliminar el principio de división de poderes gracias a una Suprema Corte integrada con puros ministros fieles e incondicionales al señor presidente como Lenia Batres.
“Dieciocho. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos.” La militarización total de la seguridad pública para asegurar, gracias a la disciplina institucional de las Fuerzas Armadas, que solo haya abrazos y nunca balazos.
“Diecinueve. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República.” El pequeño problema es que uno es el sueldo mensual que cobra el presidente y otro muy distinto es el monto de los ingresos y prestaciones que recibe con motivo de su encargo. Además, igualar salarios a la baja es un absurdo económico que provoca ineficiencia, corrupción y simulación.
“Veinte. Eliminar todas las dependencias —y esto se propone— y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos, sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público.” Ni siquiera tuvo el valor de decir que se trata del intento de desaparecer los organismos constitucionales autónomos que limitan el poder omnímodo del presidente de la república.
Como hasta el momento el texto de las iniciativas no aparece publicado en la página web de la presidencia de la república, me limité a transcribir y comentar brevemente la versión estenográfica del discurso del presidente en la ceremonia de exposición de iniciativas de reforma a la Constitución, celebrada en Palacio Nacional el 5 de febrero.
El intento de influir con dichas iniciativas en la decisión de voto de los electores que concurrirán a las urnas el 2 de junio próximo, así como de asegurar el control político de la candidata oficial -en el supuesto, poco probable, de que llegara a ganar la elección presidencial-, son evidentes. Pero solo podrán surtir algún efecto en el elector no informado; por cuanto se refiere a la candidata oficial, ésta parece muy contenta con todo lo que hace y dice su coordinador de campaña.
Ciudad de Oaxaca, 6 de febrero de 2024.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA). Tiene la Especialidad en Justicia Electoral otorgada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de libros de Derecho Público, Privado y Social; Administración Pública y Ciencia Política; Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral; sus libros se encuentran en bibliotecas, librerías, en Amazon y en Mercado Libre. Las recopilaciones anuales de sus artículos semanales están publicadas y a la venta en Amazon (“Crónica de una dictadura esperada” y “El Presidencialismo Populista Autoritario Mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato?”); la compilación más reciente aparece bajo el título “PURO CHORO MAREADOR. México en tiempos de la 4T” (solo disponible en Amazon).
