- Por José Antonio Hernández Fraguas.
El próximo 5 de febrero el presidente López Obrador presentará una serie de reformas constitucionales que tienen que ver con el tipo de país que le gustaría al titular del ejecutivo, pues pretenden terminar con los contrapesos al poder incluidos precisamente en la Constitución. Dichas iniciativas van desde una reforma integral al Poder Judicial que incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros, otra que aumentaría las pensiones de retiro de los trabajadores, y otra que contempla la desaparición de los órganos autónomos constitucionales.
Llama la atención que esas iniciativas se presentarán precisamente el día en que se celebra la promulgación de la Constitución de 1917 y que reúne en Querétaro a los tres poderes de la unión, a las y los gobernadores de todos los estados en un acto auténticamente republicano y a los representantes de distintos sectores de la nación, y llama más la atención, que el presidente haya anunciado que no asistirá a ese evento cívico tradicional porque prefiere ocupar el espacio para la presentación de sus propuestas de reformas, lo que revela que no tiene intención de encontrarse con la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, ni con las presidentas de las cámaras del Congreso, pues le incomoda su presencia y también, de paso, revela un desaire a la norma fundamental del país.
Independientemente del contenido de esas propuestas, que más bien parecen intenciones para acusar como traidores a la patria a quienes no las apoyen para luego aprovechar electoralmente esas descalificaciones y decir que son necesarias, pero se oponen los conservadores o los enemigos de la transformación, es claro que dichas iniciativas están destinadas al fracaso en ésta legislatura, pues no reúne las dos terceras partes de los votos de las y los legisladores que se requieren para una reforma constitucional, y entonces habrá toda una campaña oficial para plantear que se necesita votar, el próximo dos de junio, por candidatos a diputados y senadores afines a sus intereses, para que en la próxima legislatura se puedan aprobar, si el voto ciudadano le da la mayoría calificada en ambas cámaras y en los congresos locales, lo que se conoce políticamente como el “plan C”.
Pero también parece imposible lograr esa mayoría calificada para las legislaturas próximas, cuando menos en el senado, pues los números no le alcanzan a ningún partido, aún con sus aliados, para obtener los 86 de 128 escaños que se necesitan para reformas constitucionales, es decir, si MORENA y sus aliados ganaran los dos senadores de mayoría en cada uno de todos los estados, lo que es muy poco probable, tendrían 64 votos y aunque sumaran a algunos de primera minoría, pues en unos estados van separados el PT o el Verde, entonces les faltarían muchos más que pudieran obtener por la vía plurinominal, para lo que se necesitaría alcanzar un altísimo porcentaje de la votación, y eso está muy lejos de la preferencia del electorado. Eso sucede sólo en países con un régimen totalitario, que controla el voto y que cierra arbitrariamente cualquier posibilidad a la oposición, y México todavía no lo es.
Y primero habría que ver que los partidos oficialistas ganaran la presidencia de la república que, aunque probable, todavía falta tiempo para que se tome la decisión última del elector, pues aún no empiezan formalmente las campañas políticas, que incluyen tres debates obligatorios cuando menos y que seguramente influirán en el animo electoral, pues entonces sí conoceremos quienes son realmente las y el contendiente y de que están hechos, sabremos si se convence a la ciudadanía por la continuidad de lo que se ha realizado en los últimos 5 años o si se prefiere seguir contando con un sistema constitucional de división de poderes y de contrapesos legales al poder público; conoceremos si tienen la consistencia y el tamaño para encabezar el mas alto cargo de poder en nuestro país.
De manera que no hay que preocuparse mucho por lo que se propondrá el 5 de febrero próximo, pues el voto ciudadano será quien decida el destino de esas iniciativas, habrá que ocuparse mejor, por salir a votar, por hacer valer la voz ciudadana reflejada en las urnas, por hacer valer la democracia y por escoger a la opción que nos permita vivir en el país que queremos, finalmente, en democracia, siempre deciden las mayorías.
Hay que cuidar y estar atentos a las acciones interesadas en incidir en las preferencias electorales; a cada una y a cada uno de nosotros, nos corresponde evaluar responsablemente lo que se dice, lo que se ofrece, lo que conviene, lo que no conviene y luego, salir a votar, sólo así, con el voto masivo, mayoritario, estaremos conservando nuestra democracia.
Todavía nos falta mucho por ver en este proceso, seguiremos viendo ataques, descalificaciones, engaños, abusos, intromisiones y hasta amenazas, ojalá también escuchemos propuestas serias, realizables, planes de gobierno sólidos, llamados a la unidad y a terminar con la confrontación y la polarización, convocatorias convincentes y planteamientos positivos. Pero en la intimidad de la urna, sólo con su conciencia, cada quien define el futuro que desea para México. Al tiempo.








