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Por Mtro. José Ma. Villalobos Rodríguez

Los próximos cinco años serán de una gran presión sobre las finanzas de los gobiernos en México. Si tal como se vislumbra para 2021 se termina con el extendido uso del esquema del outsourcing, todos los niveles de la gestión pública deberán de pagar prestaciones sociales completas a sus empleados incrementando el costo de sus nóminas.

Tendrán también los gobiernos mucho menores ingresos por la recesión económica que por lo menos afectará por seis meses más la actividad productiva de bienes y servicios y el empleo formal.

No les queda otra que innovar con nuevas cargas tributarias a los contribuyentes. El bajísimo cobro del impuesto predial (no alcanza ni el 0.02 del PIB) luce como el alza más fácil de implementar. Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto enfocado a homologar los sistemas de catastro y cobro de predial preparando el terreno para el incremento. La vertiente de federalizar el cobro del predial ya tendría un primer paso.

Otros posibles nuevos gravámenes serían los derivados de delitos ambientales, tales como el verter aguas negras a ríos o cuerpos de agua, emitir gases tóxicos sin uso de filtros obligatorios, tirar basura a cielo abierto, verter cascajo a ríos y canales, etc.

Los desechos provenientes de miles de tortillerías, los de las fábricas de muebles, papel o cartón serían de especial vigilancia para captar mediante multas mayores recursos para el sector público.

Cuando más difícil es el tiempo que se viene sobre empresas y familias los funcionarios hacendarios más enfocan sus baterías para suplir la caída de ingresos petroleros o los del ISR o el IVA.

Los nuevos tributos y las prestaciones obligatorias vendrán a crear un nuevo reto financiero para familias y empresas. No es asunto menor.

La caída de confianza del consumidor reducirá las ventas de bienes duraderos. Tendremos familias más renuentes a cambiar de auto o de pantalla digital.

Las exigencias de conectividad impuestas desde las escuelas han cambiado sus prioridades. Crecerá la deserción escolar del sistema privado al público con la consecuente presión al gobierno de mayores plazas o planteles.

Los viajes de placer o descanso seguirán congelados hasta mejores condiciones económicas o de salud.

El costo exorbitante de atender la COVID-19 será trasladado a todos los contribuyentes por décadas.

Las pensiones mínimas garantizadas deberán de financiarse de forma diferente. En la República de Chile se optó hace tiempo por un incremento del 1% en el IVA etiquetado para tal fin.

Las bebidas y comida con exceso de azúcares o grasa parecen ser otro objetivo para aumentar la captación fiscal federal.

Los envases de PET son otro objetivo que generará una ola de amparos por parte de los industriales de bebidas y empaques.

El principal proveedor nacional de polietileno IDESA Beckham se encuentra con una suspensión del abasto de gas por parte de PEMEX que vuelve a complicar la cadena de abasto para producir PET.

Mientras toda la economía está vacilante como gelatina, empresas y familias se enfrentan a la permanente cerrazón de los bancos cuyas exigencias de pago parecen olvidar la iliquidez que prevalece en todo México.

Estos torbellinos financieros en nuestro país no son nuevos, la novedad es la actitud intransigente del sector público que exige sus pagos sin tentarse el corazón.

Hay una omisión patente en frenar la cerrazón de los bancos y tal parece que la actitud de voltear a otro lado es lo más que se puede esperar del gobierno federal.

En los meses de mayores ventas en tiendas departamentales las autoridades sanitarias federales han sido muy permisivas. En Ciudad de México, incluso, el parque de diversiones de SIX FLAGS funciona con toda normalidad. Las alertas no llegan a estos establecimientos urgidos de ventas aunque generen nuevos contagios de la COVID.

Iniciamos el puente GUADALUPE REYES con una alta incertidumbre sanitaria simultánea, con un descuido ciudadano alentado por el comercio organizado.

Este fin de semana en la Ciudad de México todos los hospitales privados que atienden COVID estuvieron saturados. A medida que avance el invierno empeora el contagio, pero los intereses mercantiles pueden más que la autoridad sanitaria y sus consejos.

Tantos años de mercadotecnia navideña no puede ser en balde.

La gente sale en turbas a comprar como si se fuera a acabar la mercancía.

Las protecciones se olvidan y las prohibiciones también.

De acuerdo a lo vendido en el BUEN FIN las mayores ventas correspondieron a bebidas alcohólicas. En la mente de la gente aún no permea la evidencia de que ingerir alcohol disminuye las defensas.

Tiene más ascendencia popular aquello que PARA TODO MAL MEZCAL.

Las sociedades construyen o destruyen su destino con una serie de decisiones diarias.

Con COVID los mexicanos estamos demostrando un alto grado de incivilidad e ignorancia. Los resultados saltan a la vista en defunciones y contagios.

Los encontronazos entre Gobernadores y Presidente no pueden ser más inoportunos o sin fundamento. En el contexto de elecciones próximas no importa la salud de la población, sino el capricho de algunos. Se pelean por fondos, pero no tienen en mente un esfuerzo recaudatorio propio.

Así vamos al garete y con el Jesús en la boca. La responsabilidad de la vacunación es por ley un asunto federal. Hagamos un esfuerzo por cuidarnos y no oigamos el canto de las sirenas de las grandes cadenas comerciales o de los intereses de proveedores de espectáculos, alcoholes o viajes.

Si bajamos la guardia puede ser la última vez que lo hagamos. La prioridad es tu salud y la de todos tus prójimos.

Lo demás ni lo tomes en cuenta. Esto es un asunto de supervivencia.