Oaxaca de Juárez, Oax., 11 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso de E.M.N.C., por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de una persona propietaria de un negocio en el municipio de Tlacolula de Matamoros, en la región de Valles Centrales, quien se vio obligada a cerrar su establecimiento ante las amenazas y exigencias económicas.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron entre enero y agosto de 2026, cuando la víctima comenzó a recibir amenazas de muerte con un arma de fuego, así como agresiones y actos de violencia dirigidos también contra sus familiares, por parte de una persona que le exigía el pago de aproximadamente dos mil pesos semanales a cambio de permitirle continuar con su actividad comercial, bajo el argumento de cobro de piso.
Las indagatorias establecen que, además, otras dos personas participaron en las exigencias económicas en al menos tres ocasiones, mientras advertían a la víctima que la mantenían vigilada. Ante el temor por su integridad y la de sus familiares, la persona afectada realizó pagos semanales durante ese periodo; sin embargo, al no poder continuar cubriendo las cuotas impuestas, tuvo que cerrar su negocio, ubicado en la Sexta Sección de Tlacolula de Matamoros.
Derivado de las investigaciones realizadas por la FGEO, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, se reunieron los elementos necesarios para obtener y ejecutar una orden de aprehensión contra E.M.N.C., – quien es considerado objetivo prioritario-, quien fue presentado ante la autoridad judicial.
En audiencia, luego de analizar los datos de prueba aportados por la Fiscalía de Oaxaca, el Juez de la causa determinó vincular a proceso a E.M.N.C. por el delito de extorsión agravada, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía de Oaxaca mantiene el combate a la extorsión y al cobro de piso como una prioridad, mediante investigaciones que permitan identificar y llevar ante la justicia a quienes amenazan la tranquilidad de las familias y afectan el patrimonio de comerciantes. Con estas acciones, la institución refrenda su compromiso de proteger a las víctimas, fortalecer la seguridad y evitar que las actividades delictivas condicionen el desarrollo económico de las comunidades.
