- Por Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Iluso e ingenuo como seguramente algunos(as) lectores(as) podrán pensar que soy, desde hace varios años empecé a acudir a las convocatorias públicas abiertas para seleccionar y designar a los integrantes de órganos colegiados previstos en la Constitución General de la República en materias afines a mi formación escolar, experiencia administrativa e interés profesional.
Dichos procesos son como las llamadas a misa -o como las mentadas de madre-, los que quieren van y los que no quieren no van. Además de ilusión e ingenuidad, agregaría que se requiere también tener por lo menos un buen concepto de sí mismo y mucho optimismo, sin dejar de apostar un poco al azar. Trataré de explicarme y platicar algunos antecedentes para ubicar el contexto de esta nueva ilusión, ahora que participo en el proceso de selección en curso para elegir integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
A este concurso llegamos inicialmente más de 600 aspirantes, de los cuales a poco más de 200 nos faltó algún documento que la mayor parte pudimos cubrir en tiempo y forma (aunque hubo poco más de 30 que mejor ya no presentaron ni la exposición de sus motivos para acudir al concurso ni su ensayo para explicar lo que sucede ahora mismo en la materia electoral en México).
La verdad es que era muy numerosa la documentación a entregar y en mi caso algo me tuvo que faltar, pero por fortuna lo pude resolver de inmediato. Por lo que el próximo martes 7 de marzo, a las once de la mañana, supongo que otra vez en el salón de plenos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, poco más de 500 aspirantes inscritos y registrados habremos de presentar un examen sobre cuestiones constitucionales, de Derechos humanos, gubernamentales y electorales.
El micrositio de la Cámara de Diputados donde se encuentra la información sobre el proceso de selección y elección de las y los consejeros electorales, incluida la posible próxima presidenta (tengo mis dudas al respecto y al rato me explico) no hace públicos todavía ni siquiera la versión pública de las notas curriculares de los aspirantes. Así es que la prensa se ha dedicado a especular a partir de la supuesta vinculación familiar o política de algunos(as) de los(as) aspirantes. Las notas periodísticas dicen que es familiar o forma parte del equipo de fulano(a) o mengano(a) pero no dicen si sabe algo de derecho electoral, derecho procesal electoral, administración pública o puede interpretar las estadísticas electorales. O si es abogado, politólogo, administrador, ingeniero o veterinario.
Como ya resulta natural en la política mexicana y también en los asuntos electorales institucionales, este procedimiento está muy judicializado. Lo mismo hay demandas de acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentadas unas y anunciadas otras, que demandas de amparo y juicios para la protección de los derechos político-electorales de algunos actores que saltaron a la palestra. La propia convocatoria expedida al efecto por la Cámara de Diputados ha sido impugnada por lo menos un par de veces.
Me detengo en el caso de la designación de una persona de sexo o género femenino para ocupar la presidencia del CG del INE. Al respecto, el párrafo segundo del artículo 41 constitucional establece: “La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio”.
Los artículos transitorios de este decreto de reforma (DOF de 06.06.2019) establecieron un año para reformar la ley electoral y, además, que sería en este proceso de selección de consejeros en curso cuando se empezaría a aplicar dicho principio. Como habitualmente sucede en estos casos todo es cuestión de interpretación. A juicio de la Cámara de Diputados la cuestión está satisfecha con una quinteta integrada tanto por varones como por mujeres para elegir presidente(a), pero la resolución del Tribunal Electoral es en el sentido de que debe ser designada presidenta una mujer. Al parecer ha sido solicitada una aclaración de sentencia.
Entre los más de 500 aspirantes registrados es difícil identificar muchos nombres conocidos, aunque hay algunos. Se trata de consejeros electorales federales y locales, funcionarios electorales federales y locales, así como magistrados electorales federales y locales. Me interrogo sobre la idoneidad de este tipo específico de perfiles profesionales a la luz de una nueva legislación electoral y un nuevo modelo organizacional electoral ampliamente debatidos e impugnados precisamente por este grupo de operadores electorales.
Es natural suponer que quienes han hecho siempre lo mismo encuentren dificultad para hacer algo diferente. Luego entonces perfiles venidos de fuera, la academia, por ejemplo -es decir, del estudio del derecho comparado internacional- pudieran tener una respuesta más conveniente frente al reto que plantea el nuevo modelo electoral. Sobre todo, si cuentan con una experiencia de administradores públicos en los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y algunos órganos autónomos. La experiencia en el servicio público -no necesariamente electoral- se convierte entonces en un valor en sí mismo.
Hace muchos años, después de no haber sido electo en un proceso de selección de un cargo no electoral, por cierto, visité a un amigo legislador quien me comentó que se había encomendado a un despacho externo la evaluación curricular de los aspirantes y me mostró los resultados, entre los que aparecía mi nota curricular entre las mejor evaluadas. A partir de entonces no he dejado de concurrir cuando estimo que mi perfil profesional puede ser idóneo para ocupar el cargo al que aspire (aunque también por otras razones que en seguida explico).
En otra ocasión, después de no haber contestado correctamente para mi gusto una de las dos preguntas formuladas por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante un proceso de selección de magistrados electorales, inicié y obtuve la Especialidad en Justicia Electoral que imparte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Invité a algunos de mis profesores y colegas a escribir en los tres libros que después coordiné y de los que soy coautor sobre “Temas de Derecho Procesal Electoral”; veo varios nombres de esos amigos, colegas y coautores en la lista de los más de quinientos que presentaremos examen el martes próximo, otros más permanecen en o están por concluir sus encargos electorales actuales.
En el proceso de selección y elección en curso sobre consejeros(as) del INE no hay, ni creo que haya más adelante, una versión pública de la evaluación comparada de cada uno de los aspirantes registrados. Menos aún que le encarguen a un despacho externo la evaluación curricular con base a los parámetros que tan festivamente señala la convocatoria. No es el primero de los procesos de este tipo en que participo y me consta que es una información que se guarda con celoso cuidado para que la opinión pública no la conozca. La discrecionalidad es uno de los rasgos distintivo de estos procesos.
El otro rasgo distintivo es el de cuotas y cuates, como acaba de suceder en el Senado con la reciente designación de dos consejeros del Instituto Nacional para el Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales (INAI). Pero, por fortuna una reforma constitucional estableció el Comité Técnico de Evaluación en este proceso relativo al INE, justamente para establecer un filtro de evaluación de los aspirantes que lleguen.
En este momento, éste es el gran reto de los actuales integrantes del CTE, varios de ellos señalados por su identificación político partidista con el gobierno en turno. Justamente a ellos(as) me dirijo ahora (aunque no creo que alguien vaya a leer estas líneas): se trata de un proceso muy complejo de evaluación de perfiles profesionales en el que resulta difícil establecer objetiva y claramente el perfil idóneo deseable; sobre todo si se tiene en cuenta la delicada responsabilidad que les espera. Más aún, en virtud de la crispación política previsible ante una elección muy competida en la que la autonomía, independencia e imparcialidad de los árbitros electorales debe estar fuera de toda duda en todo momento.
En buena medida, la estabilidad política del país durante el proceso electoral y después de él dependerá del comportamiento y decisiones que adopten las y los integrantes del CG del INE. Luego entonces, el CTE no puede decidir con base al sistema de cuotas y cuates. Por fortuna, también, hay en la convocatoria una fase de evaluación de trayectoria personal previa a la entrevista y después del examen. A mí en lo personal me preocupa el contenido del examen; en el anterior que presenté hubo varias preguntas subjetivas que admitían varias respuestas correctas en función del temperamento del evaluador. Pero igual preocupación se deriva de otras preguntas de respuesta exacta: ¿Qué tan importante es que un consejero electoral sepa sacar raíz cuadrada para obtener la desviación estándar? Obviamente no habrá teléfonos ni calculadoras que consultar durante el examen.
Para desempeñar la función pública a la que se convoca, ¿es preferible un operador electoral experto con nivel licenciatura o un académico electoral con estudios de posgrado en el extranjero y obra publicada en la materia? ¿un joven que legítimamente aspira a una carrera de servicio público o a una carrera política, o bien un profesor e investigador consolidado que entiende la función como una misión o culminación de una vida profesional y de servicio público? ¿correr el riego de la confrontación y el protagonismo de la juventud u optar por la prudencia de la madurez? ¿qué perfil asegura que no habrá ni confrontación ni sometimiento al poder político, el actual o uno siguiente?
Estos días de estudio de la nueva legislación electoral y de otros temas electorales me serán de gran utilidad para la actualización de mi libro “Nuevo Derecho Electoral Mexicano”, publicado por la Editorial Trillas, que algunos colegas profesores me hacen el favor de señalar como libro de texto para impartir la materia Derecho Electoral. Pero también me gustaría que esos días de estudio me ayuden para contribuir a la gestión de un nuevo modelo organizacional electoral, tan necesitado de puentes de comunicación que aseguren la colaboración y coordinación intergubernamental en nuestro sistema federal de gobierno y al interior del propio CG del INE.
Me será muy grato constatar que quienes resulten seleccionados y electos consejeros(as) del INE tengan una formación profesional, una obra publicada en materia electoral y una experiencia de servicio público en los tres órdenes de gobierno del país muy superior a la mía. Al menos para eso habría servido mi participación. Pero si no es el caso, espero que las y los ciudadanos que se empiezan a interesar por estos procedimientos tan politizados y judicializados de selección de personal, permanezcan atentos y se vuelvan más exigentes y demandantes ante quienes los representan
