Alexandra MARTINEZ DE AGUILAR*
Después de vivir un momento histórico con la elección del Poder Judicial, se marca un paso más en la consolidación de los ejercicios democráticos que estamos experimentando en nuestro país. Este proceso no solo abre nuevas posibilidades para mejorar nuestras instituciones, sino que demuestra avances importantes. A pesar de haber sido la primera vez que se realiza una elección de este tipo, el Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo a la altura de los estándares internacionales en materia de integridad electoral. Esto, a pesar del poco tiempo disponible para diseñar e implementar el proceso, y de contar con menos recursos que en otras elecciones.
Como lo expresó Marcela Ríos, socióloga, politóloga y exministra de Justicia de Chile, actualmente directora regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA): “No hay otro país en el mundo que esté implementando medidas para asegurar la paridad total en las instituciones del Estado como lo está haciendo México.”
Como todo proceso nuevo, representa desafíos. Sin embargo, con el tiempo, los ciudadanos iremos comprendiendo mejor su funcionamiento, y las autoridades podrán hacer los ajustes necesarios para simplificarlo y facilitar la participación. Se espera que la asistencia en las urnas aumente en las futuras ediciones, a partir de la evaluación y mejora del mecanismo.
En esta primera jornada participaron aproximadamente 13 millones de ciudadanos, lo que representa entre el 12.57% y 13.32% de la Lista Nominal de Electores. Aunque la cifra puede parecer baja, es comprensible considerando que nunca antes se había llevado a cabo un ejercicio similar. Lejos de ser una excusa, esto representa una gran oportunidad para involucrarnos más activamente en la elección de quienes imparten justicia, exigir mayor rendición de cuentas y asegurar que la justicia esté verdaderamente al servicio del país.
El próximo 1 de septiembre tomarán protesta todas las personas juzgadoras federales electas. Para mediados de ese mismo mes, se habrá renovado la mitad de los cargos en juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación. La otra mitad será renovada en la elección de 2027.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reducirá su número de ministros a nueve, quienes permanecerán en su cargo entre ocho y once años, según el número de votos obtenidos (cuatro ministros hasta 2033 y cinco hasta 2036). La presidencia de la Corte será rotativa cada dos años, también en función de la cantidad de votos recibidos por cada candidatura. Los jueces y magistrados ejercerán su función por un periodo de nueve años. Además, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Su función será vigilar el desempeño de jueces, magistrados y ministros en todo el país. Estará compuesto por cinco magistrados; quien obtenga el mayor número de votos ocupará la presidencia, que será renovada cada dos años. Los magistrados durarán seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y podrán iniciar investigaciones de oficio o por denuncia, dictar medidas cautelares y emitir resoluciones sancionatorias.
A pesar de las críticas, quienes se oponen a este proceso olvidan que se está abriendo la actuación del Poder Judicial al escrutinio público, otorgando a la ciudadanía el poder de remover a jueces y magistrados si no cumplen con su deber.
Es previsible que las críticas continúen, especialmente por parte de partidos como el Revolucionario Institucional (PRI), que buscarán desacreditar el proceso. No obstante, es más constructivo enfocarse en lo que viene: en el aprendizaje colectivo que deja esta primera experiencia derivada de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024. Una reforma que busca fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial, acercar la justicia a la gente y darle al voto ciudadano una dimensión más profunda y activa.
*Lic. en Ciencias Políticas interesada en aprender continuamente de todos y de todo.
