- Por Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Los días jueves 23 y viernes 24 de febrero del presente año se llevó a cabo, en el auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, un seminario académico con el título y objeto de estudio que encabeza esta nueva contribución semanal. Los coordinadores de este magno evento académico fueron los doctores César Astudillo Reyes y Julio Juárez Gámiz; investigadores universitarios adscritos, el primero, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y, el segundo, al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; ambos de la UNAM y ambos comprometidos con el ejercicio de la libertad de cátedra y de investigación, como pudimos atestiguar con satisfacción quienes escuchamos sus intervenciones.
Casualmente, un día antes de haberse iniciado dicho seminario la Cámara de Senadores había discutido y resuelto la parte final, mínima, que faltaba votar para que cuatro ordenamientos jurídicos que forman parte del llamado “Plan B” sean promulgados por el presidente de la república, publicados en el Diario Oficial de la Federación e inicien su vigencia; lo que seguramente sucederá en los próximos días.
Como ya lo he comentado en colaboraciones anteriores en estas páginas, el Plan B es el resultado de que una iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral presentada por el presidente de la república no haya sido aprobada, por lo que una parte de los cambios originalmente previstos en la iniciativa de reforma constitucional se trasladaron a las iniciativas de reformas a diversas leyes electorales o vinculadas a la materia electoral, así como una nueva ley en materia de justicia electoral. Por razón natural, a falta de respaldo constitucional varios o muchos de los cambios legales ahora aprobados son cuestionados en su constitucionalidad, lo cual fue motivo de un cuidadoso análisis por parte de una pléyade de especialistas cuya enorme valía usted podrá aquilatar más adelante.
El llamado Plan B se integra por los seis ordenamientos siguientes, de los cuales las reformas a dos de ellos ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre de 2022. Se trata de las reformas a la Ley Federal de Comunicación Social y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Las reformas, formalmente aprobadas en su conjunto en su etapa final el pasado miércoles 22 de febrero, corresponden a las siguientes leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y una nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Las cuatro mesas temáticas en que se distribuyó el análisis del objeto de estudio del seminario, las leyes del Plan B, nos ayudan a explicar el contenido, pertinencia, oportunidad, utilidad y, sobre todo, constitucionalidad de las reformas legales aprobadas. Hubo un par de conferencias inaugurales sobre el tema “¿Cómo iremos al 2024 con las nuevas reformas? Escenarios bajo el nuevo marco electoral”. Los conferencistas fueron el doctor Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como el doctor Jesús Orozco Henríquez, investigador del IIJ, exmagistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ambos fueron coincidentes en señalar las violaciones constitucionales, algunas anticonstitucionales y otras inconstitucionales, que desde su perspectiva implican las nuevas disposiciones legales, algunas ya en vigor y las otras que entrarán en vigor muy pronto. El doctor Córdova ha sido prolijo en describir los problemas que desde su perspectiva acarreará la nueva legislación electoral reformada, pues ha tenido una constante intervención al respecto en los órganos legislativos y en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Lo relevante de esta sesión en dicho seminario, además de escuchar su análisis detallado, es que sus afirmaciones fueron avaladas por un especialista de la calidad y autoridad profesional del doctor Orozco Henríquez.
En la mesa 1, “Los males y los remedios”, los organizadores plantearon las siguientes interrogantes: “¿Es congruente el Plan B con un diagnóstico objetivo de lo que no funciona en las elecciones actualmente? ¿Qué le duele al sistema electoral mexicano? ¿Atienden estas reformas estos malestares? ¿Cuáles son los riesgos más previsibles a la organización técnica y el control de las elecciones?”. Las cuales fueron contestadas por los siguientes expositores: Carla Astrid Humphrey Jordán, consejera del INE; Oswaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del TEPJF; un magistrado electoral representante de la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, presidenta del Tribunal Electoral de Nayarit; César Astudillo Reyes, IIJ-UNAM. La moderadora fue la investigadora María del Pilar Hernández Martínez, IIJ-UNAM.
En la mesa 2, “Impacto sobre el derecho al sufragio y las elecciones ciudadanas”, se respondió a las siguientes preguntas: “¿Qué aspecto innovador ofrecen las nuevas disposiciones para mejorar, garantizar y tutelar la representación política y la participación ciudadana? ¿De qué manera se pone en riesgo el derecho ciudadano a votar en elecciones técnica y neutralmente organizadas? ¿Cuáles son las afectaciones en materia de organización y capacitación electoral de los integrantes de las mesas de casilla? ¿Es adecuado trasladar las acciones afirmativas a la decisión del legislador?”. Los expositores fueron: Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero electoral del Instituto Federal Electoral e investigador del IIJ-UNAM; Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico del INE; Blanca Yadira Maldonado Ayala, presidenta del Tribunal Electoral de Durango; Leonardo Valdés Zurita, actual investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y expresidente del Instituto Federal Electoral; Olga Viridiana Maciel Sánchez, consejera electoral de Baja California. El moderador fue el doctor Julio Juárez Gámiz, CIICH.
En la mesa 3, “Equidad en las contiendas”, se plantearon las siguientes preguntas: “¿Ofrecen las nuevas disposiciones un piso parejo entre quienes contienden por acceder al poder y quienes compiten desde él? ¿Cuáles son las afectaciones al modelo de fiscalización? ¿Se neutraliza el régimen sancionador electoral? ¿Qué impacto tendrán las reformas en la calificación de las elecciones y en la propensión a multiplicar causales de nulidad?”. Preguntas que respondieron: Dania Paola Ravel Cuevas, consejera del INE; Yanko Duran Prieto, presidenta del IEE de Chihuahua; Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del TEPJF Jesús Arturo Baltazar Trujano, consejero del Instituto Electoral de Puebla; y Marco Antonio Zavala, coordinador de asesores del secretario ejecutivo del INE.
En la mesa 4, “Propaganda electoral y gubernamental”, las preguntas fueron las siguientes: “¿Hacia delante o hacía atrás? ¿Se ve fortalecida la deliberación pública con las nuevas reglas aprobadas en el Congreso? ¿Cuál es el papel y responsabilidad de los medios públicos ante los procesos electorales? ¿Se da vía libre a las autoridades para promocionarse sin obstáculos? ¿Cuál es el nuevo escenario de comunicación política en el plano digital, el ejercicio de la libertad de expresión y las garantías de acceso a la información por parte de la ciudadanía?”. Los expositores fueron: Ciro Murayama, consejero del INE; Luis Espíndola, magistrado de la Sala Especializada del TEPJF; Vladimir Gómez Anduro, magistrado del Tribunal Electoral de Sonora; Julio Juárez Gámiz, investigador del CEIICH-UNAM; Paula Ramírez Höhne, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. La moderadora fue María de Guadalupe Salmorán Villar, IIJ-UNAM.
Fue fácil apreciar el alto nivel de especialidad y conocimiento de los temas electorales que tienen los expositores, cada uno de ellos y de ellas con funciones institucionales electorales o con una actividad académica vinculada a su estudio; algunos de ellos y ellas, por cierto, figuran en la lista de aspirantes a los cargos que quedarán vacantes en el Consejo General del INE. Pero, también, la objetividad, sistematicidad, precisión y prudencia con que fueron abordados cada uno de los temas. Cada una de las exposiciones, desde luego, estuvo sujeta a los matices, énfasis y restricciones propios de la función institucional, de la afinidad ideológica-política o francamente partidista de alguno de los expositores, así como del ejercicio de la libertad de cátedra y de investigación de quienes concurrieron al análisis desde la academia.
El domingo 28 de febrero se habrá llevado a cabo ya una serie de manifestaciones en la Ciudad de México y casi en un centenar de ciudades del país y del extranjero, para protestar en contra del Plan B. El 18 de marzo siguiente está anunciada otra movilización, ahora gubernamental y del partido oficial, a favor del Plan B, aunque formalmente se anuncie para festejar la expropiación petrolera. Paralelamente a estas movilizaciones populares, se lleva a cabo el proceso para la elección por parte de la Cámara de Diputados del nuevo presidente o presidenta del INE y tres consejeros más del Consejo General de dicha institución. Asimismo, las dos primeras leyes del Plan B ya fueron publicadas e impugnadas, por lo que fueron suspendidas en su aplicación, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el caso de los procesos electorales locales en marcha en Coahuila y el Estado de México. Las reformas a las tres leyes restantes y el nuevo ordenamiento serán impugnadas e impugnado una vez que sean publicados, según han declarado diversos actores institucionales. Entre tanto, transcurren los procesos partidistas internos para la selección y designación en su momento de las y los candidatos a la presidencia república en 2024, proceso electoral que será regulado por las disposiciones del Plan B tan cuidadosamente analizado en el seminario de referencia.
Es probable que usted, amable lector(a), al momento de escribir estas líneas haya tenido ya dispuesto asistir o dejar de asistir a la marcha del domingo 26 por las razones que para usted hubiesen sido convenientes; una vez que salgan publicadas estas líneas usted ya habrá asistido o dejado de asistir. Pero si ya llegó usted hasta esta parte del artículo, tal vez le interese escuchar las exposiciones que brevemente he reseñado pues ya tiene información suficiente para entender cualquiera de dichas exposiciones, disponibles para ser escuchadas en la página web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una ciudadanía informada sobre temas técnicos, constitucionales u otros, estará menos propensa a ser manipulada como consecuencia de sus afinidades o simpatías partidistas o ideológico-políticas.
- Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México), con estancias posdoctorales en las universidades de Alcalá (España) y de Colorado Springs (EUA); Especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México; licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es autor entre otros de los libros: Nuevo Derecho Electoral Mexicano (UNAM. Trillas); Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México (Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Tirant lo Blanch); Formas de Gobierno y Sistemas Electorales en México (tres tomos) (Centro de Investigación Científica “Jorge L. Tamayo”) y Las Reformas de 1996 (Centro Tamayo), estos cuatro libros integran dos tomos de la Enciclopedia Parlamentaria de México (Cámara de Diputados). Es coordinador y coautor de la colección Temas de Derecho Procesal Electoral (tres tomos) (Secretaría de Gobernación). Es coautor de quince libros de la colección “Monitor Democrático” publicada por la Facultad de Derecho de la UNAM, el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia (COPUEX) y diversas autoridades electorales federales y locales.
