EL OCULTAMIENTO, LA TRAMPA, LA BURLA Y LA MENTIRA EN EL ASUNTO DEL INE
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Empecemos con el ocultamiento que es el más sencillo de probar. Simplemente intente usted entrar al micrositio de la página web de la Cámara de Diputados www.convocatoriaine2023.diputados.gob.mx y busque la documentación relativa a cada uno de los aspirantes a integrar, e incluso presidir, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. No va usted a encontrar ni su currículum vitae, ni la exposición de motivos de su aspiración a dicho cargo público, ni el ensayo que redactaron para explicar la situación del sistema electoral mexicano actual. Ningún documento que indique si conocen al menos por encimita el Derecho Electoral y el Derecho Procesal Electoral.
Si se empeña en navegar por el micrositio, con dificultad va a encontrar solo dos datos de todos los aspirantes: la lista con el nombre de quienes entregamos nuestros documentos y logramos el registro, así como la calificación que obtuvimos los que presentamos el examen de conocimientos en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Pero nada más, nada en absoluto sobre el perfil profesional de todos nosotros, que le permita a usted formarse una idea sobre la idoneidad de la trayectoria personal y profesional para ocupar dicho cargo de quienes aspiramos a ocuparlo. Y eso que la convocatoria invita a todos los ciudadanos a opinar sobre los aspirantes y hasta a hacerles preguntas. Por fortuna hay periodismo de investigación y las conexiones y palancas de quienes todo indica van a integrar el Consejo General del INE fueron bien conocidas de inmediato.
El Consejo General es el órgano superior de dirección del INE, la autoridad administrativa encargada de organizar las elecciones federales y locales en México, particularmente las elecciones presidenciales y legislativas federales de 2024. El micrositio donde deberían estar esos datos -y muchos otros ininteligibles para el ciudadano que no está familiarizado con estas cosas- es un micrositio temporal que seguramente va a desaparecer en los próximos días. Así es que, si usted desea conocer los merecimientos personales y profesionales de quienes hemos intentado llegar a formar parte de dicho Consejo General, o de quienes van a integrarlo, más vale que se apure a consultar el micrositio.
De todos modos, no va a encontrar ninguna información que satisfaga su legítima curiosidad o interés ciudadano. Se dará usted cuenta de que nos han ocultado a los ciudadanos mexicanos la información, no obstante que tanto la Constitución dice, y la convocatoria pública abierta a toda la ciudadanía también dice, que en este asunto rige, entre otros, el principio de máxima publicidad. Que para el caso ha sido mínima, prácticamente inexistente.
Sin duda que el proceso de selección, evaluación y elección de los aspirantes es muy complicado. Primero tuvimos que entregar todos los documentos solicitados, que son muchos, ya mencioné los más importantes -currículum vitae, exposición de motivos y ensayo, así como artículos publicados (la convocatoria no dice libros publicados, no son necesarios)-. En seguida, tuvimos que presentar un examen de conocimientos sobre temas constitucionales, de derechos humanos, gubernamentales y electorales. Y aquí es donde estuvo la trampa que reseño con sus detalles.
El primero de los detalles consiste en la composición del Comité Técnico de Evaluación, órgano colegiado -temporal también como el micrositio de la página web-, encargado de seleccionar, evaluar y formar cuatro quintetas de los aspirantes a consejeros y presidente del CG, de entre los cuales la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados -su órgano de dirección política y de gobierno formado por los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, cuyas decisiones son tomadas por voto ponderado- habrá de escoger a los ganadores y proponerlos al pleno de la Cámara.
Si no se ponen de acuerdo, se van a la insaculación. Y si no hacen pronto la insaculación los diputados, la insaculación la harán los ministros en el pleno de la Suprema Corte. Pero mire usted cómo es que se ha ido definiendo el contenido de dichas quintetas que a lo mejor son insaculadas; dados los resultados de las quintetas, si se insacula, cualquiera que sea el ganador resultará alguien cercano al poder político en turno. ¿Y eso cómo se logró?
El Comité Técnico de Evaluación que enviará las quintetas a la JUCOPO está formado por siete personas, dos designadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -que originalmente propuso a una experta en yoga de la risa, pero ante la crítica tuvo que cambiarla-; dos más por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales, el INAI, y los tres restantes por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde el partido político MORENA tiene mayoría. Así es que como consecuencia natural -pero contraria al texto y al espíritu de la Constitución- la mayoría de los integrantes del CTE son personas afines, subordinadas o al servicio de un partido político, el que gobierna en el ejecutivo federal. La prensa nacional también dio a conocer sus conexiones y vinculaciones con el poder político en turno.
Lo que vino después es una consecuencia natural, y contraria a la Constitución, de dicha composición tan inclinada políticamente a favor de la mayoría legislativa de un partido político. Resulta que el día del examen quienes obtuvieron las más altas calificaciones no fueron los profesores e investigadores en materia electoral, autores de libros sobre Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral, sino los familiares de funcionarios públicos del gobierno del partido político mayoritario en la Cámara de Diputados, y los militantes y empleados de dicho partido político, que oportunamente todos ellos fueron “sembrados”. Muy pronto aparecieron en la prensa nacional los testimonios sobre dicha vinculación, pero también sobre la falta de antecedentes en la materia electoral de quienes salieron mejor calificados.
Pero pudo haber sucedido algo peor, que el examen de quienes obtuvieron las más altas calificaciones, hubiese sido “cargado” en el sistema informático; lo cual es muy sencillo de probar o desvirtuar, como veremos más adelante. Cabe precisar, por lo pronto, que el examen fue contestado en las computadoras de los diputados, pues los aspirantes nos sentamos a contestar nuestro examen en las curules de los diputados. Sin embargo, la calificación que obtuvimos apareció en el micrositio hasta un día después, cuando debió haber sido entregada de inmediato al interesado y publicada en la pantalla gigante disponible en el salón de sesiones, para que todos los demás aspirantes se enteraran.
Desde luego que algo peor pudo haber sucedido, que le bajaran la calificación a quienes a todas luces su perfil personal e idoneidad profesional para el cargo era muy superior a quienes el partido político gobernante deseaba impulsar para ocupar dichos cargos y al efecto “sembró”; se trata también de una afirmación muy fácil de probar o desvirtuar, como lo veremos más adelante.
Pero lo que sí está completamente probado es que quienes estuvimos inconformes con nuestra calificación y solicitamos la revisión del examen, simplemente nos encontramos con que no había documento contra el cual hacer la compulsa o confronta. Por la sencilla razón de que nunca nos dieron un testigo documental o digital de nuestras respuestas, ni está disponible -nunca lo estuvo- dicho testigo en el micrositio mencionado; si usted lo visita nada encontrará a este respecto.
Pero, además, está probado también, que las preguntas del cuestionario estaban mal hechas y que algunos que solicitaron la revisión del examen se dieron cuenta que las preguntas cuyas respuestas se habían señalado como errores ¡estaban bien contestadas! Es decir, que la misma respuesta en unos casos de aspirantes calificados estaba bien y en otros estaba mal. La prensa nacional se dio gusto señalando estos casos.
Probar o desvirtuar la afirmación de que hubo manipulación del examen tanto en su cadena de custodia como en la calificación de las respuestas, como ya lo he dicho, es muy sencillo. Existe el sistema operativo del examen, la huella digital informática de cuanto sucedió con los cuestionarios y respuestas de cada uno de quienes presentaron examen. Solo es cuestión de analizar dicha prueba técnica, no cualquier persona sino los expertos informáticos.
Pero ¿qué cree? Que los aspirantes inconformes que nos fuimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ofrecimos en el proceso judicial correspondiente dicha prueba técnica, y otras más relacionadas con ésta, la pericial informática, por ejemplo, pues ni siquiera las mencionaron en la sentencia; ni las desecharon ni las admitieron, mucho menos las valoraron. Nada más ni las vieron ni las tomaron en cuenta. Saque usted sus propias conclusiones. Pero supongo que a todos los que ahora conocen estos hechos les queda, por lo menos, una duda razonable respecto a la falta de cuidado en la cadena de custodia del cuestionario y sus respuestas.
Por mi parte me fui a quejar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Solamente espero que algún día mi asunto llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Como no conozco ambas ciudades, espero que si algún día las visito pueda comprar nueva bibliografía sobre estas materias que habitualmente imparto a nivel posgrado. Creo que no podría seguir enseñando dichas materias si, una vez vulnerados mis derechos humanos, no acudo a las instancias nacionales e internacionales que, en clase, presencial o virtual, le enseño a mis alumnos que es a donde hay que acudir cuando se violan derechos humanos y las instancias nacionales no garantizan una tutela judicial efectiva.
La burla es emitir una convocatoria pública abierta a toda la ciudadanía interesada en formar parte de la autoridad electoral y que sucedan las cosas que acabo de narrar. Imagine que usted acude de buena fe a un proceso de selección de personal basado en el mérito de los concursantes y se encuentra con que le dan copia de las respuestas correctas a sus competidores, que a usted le bajan la calificación para sacarlo de la competencia y que luego no tiene manera de demostrar que usted contestó correctamente porque no hay un testigo documental o digital de sus respuestas al examen.
Pero de todo lo anterior, lo peor es la mentira y sus consecuencias. Desde la Constitución de 1917 vivimos en un sistema constitucional presidencialista. Una vez pasada la guerra civil entre quienes habían ganado lo que se ha dado en llamar la Revolución de 1910, mientras el presidente tuvo mayoría en las cámaras federales y locales se mantuvo una versión autoritaria del presidencialismo mexicano. Mario Vargas Llosa le llamó “la dictadura perfecta”. Dicho sistema político se desconfiguró cuando empezó a haber elecciones auténticas.
Pues es que empezó a haber partidos políticos de oposición que ganaban elecciones y lograban representantes en las cámaras legislativas y los cabildos municipales. Luego hubo alternancia partidista en los tres órdenes de gobierno. Pero las elecciones auténticas no llegaron por arte de magia, llegaron gracias a que la autoridad administrativa electoral, paulatinamente, se volvió autónoma, independiente e imparcial.
El secreto estuvo en la composición del Consejo General del entonces llamado Instituto Federal Electoral, hoy INE. He escrito varios libros para explicar este proceso de desarrollo político y, en estas mismas páginas digitales, varios artículos para analizar los sucesos recientes del sistema electoral mexicano. Los jóvenes que empiezan a tener derecho de voto en México habitualmente no están informados de todas estas cosas. Pero para eso estamos los profesores e investigadores en materia político-electoral.
Una de las consecuencias de esa pluralidad partidista fue la creación de organismos constitucionales autónomos -de los que el INE es uno de ellos- para controlar el poder presidencial. La mentira es que se diga que la autoridad administrativa electoral es autónoma, independiente e imparcial si su órgano superior de dirección está formado por subordinados al poder político en turno mediante un proceso de designación plagado de triquiñuelas.
La transición mexicana a la democracia electoral fue justamente para que esto ya no sucediera, pues antes el mismo gobierno convocaba a elecciones, contaba los votos y declaraba ganador. La falta de legitimidad democrática del próximo CG del INE, en caso de consumarse las violaciones aquí descritas, nos pone en riesgo de regresar a esos tiempos que muchos creíamos que ya eran historia. Todo parece indicar que ya no habrá INE que defender, sino que vigilar, fiscalizar y exigirle rendición de cuentas.
Ciudad de México, 26 de marzo de 2023.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); Especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EEUU). Autor, entre otros libros, de Nuevo Derecho Electoral Mexicano (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Trillas); Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México (Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Editorial Tirant lo Blanch); Técnica Legislativa, Control Parlamentario y Gobiernos de Coalición (Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Editorial Flores); Constitucionalismo Multinivel, Argumentación, Deontología y otros temas jurídicos (Poder Judicial de Oaxaca, Editorial Tirant lo Blanch).
