EL ERROR POLÍTICO DE LA DESAPARICIÓN DE LOS FIDEICOMISOS DEL PJF Eduardo de Jesús Castellanos Hernández En primer lugar, para este día ha quedado muy claro que la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación es un acto arbitrario, despótico, de evidente abuso de poder que, sin duda, habrá de ser impugnado por diferentes vías nacionales e internacionales. Pero a los fundamentos jurídicos que enmarcan estos hechos ya me referí en estas páginas digitales en mi anterior colaboración, por lo que ahora me dedicaré al análisis preferentemente político de las implicaciones de dicha desaparición, a la luz de las campañas electorales formalmente en puerta, pero materialmente iniciadas desde hace muchos meses.
Se trata, desde este otro mi personal punto de vista, de un error político, pues si de perder prestigio y votos en la próxima elección se trata, sin duda alguna, que este episodio cumple con mucho éxito su cometido. Veamos las razones y los datos duros.
Algunos de los fideicomisos cuya desaparición –sustentada mediante una reforma legal cuya iniciativa fue presentada por el líder de la mayoría de MORENA (el partido gobernante) en la Cámara de Diputados–, en unos días más estará debidamente impugnada ante los tribunales federales, son fideicomisos que se forman también con las aportaciones que los trabajadores del Poder Judicial Federal realizan mediante el correspondiente descuento en nómina.
Por lo tanto, se trata evidentemente de una expropiación del dinero de los trabajadores sin el menor fundamento legal, puesto que la expropiación de bienes solo puede realizarse por causa de utilidad pública. Obviamente, a nadie beneficia y ninguna utilidad pública tiene que le quiten a una persona el dinero que producto de su trabajo ha estado ahorrando durante varios años para complementar su pensión laboral una vez retirada del servicio judicial.
En este contexto, los trabajadores del PJF y sus respectivos familiares en edad de votar supongo que jamás volverán a votar, si es que antes lo hubiesen hecho, a favor del partido gobernante MORENA o de alguno de los partidos coaligados con dicho partido, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.
Para ellos, más que para cualquier otra persona ajena al PJF, queda muy claro que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su mayoría parlamentaria en ambas cámaras federales, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, les quitaron sus ahorros. Así es que no creo que el año próximo estuviesen dispuestos a premiarlos con un voto a favor de cualquiera de sus candidatos. De cualquier forma, no pasan de 35 mil familias y unos cuantos votos más de sus allegados, se podría decir en las alturas del poder.
No entro al detalle de otros fideicomisos del PJF que también fueron desaparecidos, me refiero a los dedicados a facilitar los naturales y frecuentes cambios de adscripción de jueces y magistrados, que transitan con sus familias de una a otra entidad federativa cada vez que son reubicados para asegurar su independencia e imparcialidad. Pero no dejo de señalarlos, puesto que se trata, desde luego, de una intromisión del presidente de la república y su mayoría parlamentaria en el funcionamiento operativo de la impartición de justicia federal, negándole recursos para su normal funcionamiento.
Pero lo que salta a la vista para cualquier ciudadano que lea los periódicos, o escuche las noticias por radio o televisión, es que el supuesto argumento de que con la desaparición de dichos fideicomisos se cancelaban los privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de un argumento completamente sin fundamento, pues ninguno de tales fideicomisos destina sus recursos para las remuneraciones o prestaciones laborales de los ministros.
Lo extraño, pero también indignante, es que a pesar de haber quedado una y otra vez señalado y probado que dichos recursos no benefician a los ministros, se insiste en este supuesto argumento, también, una y otra vez sin el menor recato. Supongo que los ciudadanos empadronados y con credencial de elector que ya se dieron cuenta de esta falsedad, difícilmente podrán votar por un partido político y el gobierno surgido de sus filas que insisten de manera reiterada en una falsedad monumental.
Aquí sí, ya no tengo la menor idea de cuántos miles de electores decepcionados o indignados pudiera tratarse, pero supongo que deben ser muchos más que las 35 mil familias señaladas anteriormente.
Pero hay otra falsedad también respecto al monto mensual de las percepciones de los ministros, la cual requiere detenerse un momento en su contexto. Durante los gobiernos surgidos del partido político que se reclamaba como el partido de la Revolución Mexicana de 1910, la reforma constitucional en materia judicial más importante, sin duda alguna, fue la de 1994.
Por virtud de la cual se reguló puntualmente la controversia constitucional y se creó la acción de inconstitucionalidad, como medios de defensa constitucional que se agregaron al tradicional juicio de amparo. La razón de dicha reforma obedeció a la naciente pluralidad democrática que empezó a hacer cada vez más frecuentes las controversias entre diferentes entes públicos, federales, estaduales y municipales, pero sin un medio judicial que sustituyese al arbitraje político presidencial, habitualmente ejercido a través de los secretarios del despacho, cuando se trataba de conflictos entre titulares de entes públicos surgidos del mismo partido. Con la pluralidad partidista, dicho arbitraje político entre los de casa sencillamente ya no funcionó.
Igual importancia tuvo la creación de la acción de inconstitucionalidad para proteger a las minorías partidistas del “mayoriteo” del entonces partido gobernante –exactamente lo que acaba de suceder con la reforma legal ahora en comento por parte de MORENA y sus partidos satélite–. No solo hubo dichas reformas constitucionales, sino que se creó también una ley reglamentaria para regular los procedimientos respectivos ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La SCJN se convirtió entonces en un tribunal constitucional, árbitro de las controversias entre los diferentes poderes y entes públicos, por lo que por razón natural la remuneración salarial de sus integrantes se incrementó conforme a parámetros internacionales. Pero que ahora está sometida a un único parámetro nacional –el sueldo del presidente de la república–, cuyo monto mismo está sujeto a discusión y a una resolución postergada –de la propia SCJN–.
No sé cuántos ciudadanos que saldrán a votar el año próximo estén enterados o les interese enterarse de estos detalles constitucionales –y otros más a los que no me refiero para no abusar de su paciencia, amable lector(a)–, que ponen de manifiesto que el actual partido gobernante se resiste a someterse a los controles constitucionales mencionados y que por eso ataca con argumentos sin sustento, y medidas presupuestales y legales arbitrarias, al PJF y a los integrantes de la SCJN.
Pero de cualquier forma no me queda duda de que son miles y miles los interesados que cada año acuden a los tribunales federales asesorados por sus abogados patronos, quienes en algún momento ya les habrán podido explicar el daño que causa todo lo que hasta aquí he referido a la eficiencia y profesionalismo –no se diga a la autonomía, independencia e imparcialidad, a causa del asedio– de la justicia federal al resolver los asuntos de dichos interesados.
Se trata desde luego de cientos de miles de personas que, por cierto, deben tener su credencial para votar actualizada –pues la deben exhibir cuando ingresen a los edificios de las oficinas públicas como los tribunales federales–.
Pero hay otros datos con amplio significado político-electoral que es necesario comentar. Se trata, de una parte, del posicionamiento en la tribuna del Senado y del voto en contra de la senadora Olga Sánchez Cordero, antigua ministra de la SCJN y primera titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal en funciones; posicionamiento y voto en contra de la reforma legal impulsada por el partido gobernante.
Los trascendidos de la prensa nacional han señalado que, para disuadirla de dichos posicionamiento y voto, fue cordialmente invitada a no hacerlo si es que pretendía ser reelecta como senadora. Ciertamente, la disciplina de partido es parte del juego político partidista, sobre todo la disciplina de voto. Pero era muy difícil convencer de que cambiara de percepción, evaluación, posicionamiento o como usted quiera llamarle, a una antigua ministra de la SCJN que sabía con mucho más detalle lo que aquí se ha comentado por mi parte esta semana y la anterior.
Pero hubo otro detalle igualmente relevante desde el punto de vista político: a la marcha que en la mayor parte de las ciudades importantes del país se llevó a cabo el domingo pasado para protestar en contra de la reforma legal en comento, convocada por los trabajadores agredidos y a la que acudieron quienes se solidarizaron con ellos, asistió en la Ciudad de México el ministro en funciones Juan Luis González Alcántara Carrancá –quien ocupó el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, cuando el jefe de Gobierno del DF era el presidente de la república en funciones– y quien, conforme al procedimiento constitucional, formó parte de la terna propuesta al Senado de la República por el actual presidente de la república para ocupar el cargo de ministro.
Nadie puede dudar ahora de la autonomía, independencia e imparcialidad del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, héroe civil y en lo sucesivo ejemplo permanente para todos sus colegas responsables de funciones judiciales y jurisdiccionales. Un juez constitucional que honra su función y da prestigio a los jueces mexicanos.
Para completar el cuadro del error político reseñado, lo único que faltaba sucedió en Acapulco, cuando cayó sobre ese lugar paradisiaco un huracán que causó severos daños a casas y edificios de la población en general, así como al equipamiento urbano, causó hasta el momento de escribir esta nota 35 muertos –número no oficial–, además de severos daños también a los equipamientos urbanos y canceló todo tipo de comunicación con esa ciudad –comunicación que se restablece paulatinamente–.
El FONDEN, Fideicomiso Fondo Nacional para la Prevención de Desastres Naturales, y otros más con el mismo propósito, fueron creados en 1996 –y empezaron a operar en 1999– como un mecanismo financiero y administrativo para enfrentar estas situaciones inesperadas pero inevitables.
Al igual que ahora sucede con los fideicomisos del PJF, esos fideicomisos fueron desaparecidos por el gobierno actual con los mismos argumentos de austeridad y combate a la corrupción. El hecho es que ahora el gobierno federal enfrenta el problema de la reconstrucción de Acapulco, y demás poblaciones de esa entidad afectadas por el huracán Otis, sin los recursos ni la estructura administrativa del FONDEN.
Supongo que los ciudadanos interesados en analizar los temas que aquí se han tratado, que desde luego –por fortuna– son motivo de información constante en todos los medios de comunicación en el país –particularmente las redes sociales–, son millones y millones de mexicanos, muchos de los cuales van a salir a votar el año próximo. Por lo que análisis como el que aquí se pone a consideración de los lectores les permiten –espero– orientar y, en su caso, decidir su voto –el arma más poderosa, si no es que la única, que tenemos los ciudadanos promedio para sancionar el despotismo y el abuso de poder–.
Ciudad de México, 27 de octubre de 2023. Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA). Tiene la Especialidad en Justicia Electoral otorgada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de libros de Derecho Público, Privado y Social; Administración Pública y Ciencia Política; Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral; sus libros se encuentran en bibliotecas, librerías, en Amazon y en Mercado Libre. Las recopilaciones anuales de sus artículos semanales están publicadas y a la venta en Amazon (“Crónica de una dictadura esperada” y “El Presidencialismo Populista Autoritario Mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato?”); la compilación más reciente aparece bajo el título “PURO CHORO MAREADOR. México en tiempos de la 4T” (solo disponible en Amazon).
