El Caso Zaldívar
Abel Santacruz
El caso Zaldívar representa otra más de las muchas pruebas existentes acerca de la degradación política y moral de este gobierno. Quien alguna vez tuvo cierto prestigio como un ministro progresista e independiente (por los casos ABC, Florence Cassez; etc.), rápidamente cayó víctima de su soberbia, la que le hizo considerar que podía seguir jugando un papel importante en el nuevo gobierno, pero ahora al lado de la candidata del oficialismo.
Ya no será así. Es decir, si seguimos los dictados del sentido común y la lógica más elemental, un hombre tan desprestigiado, como ya lo está y lo estará más, no ayudará en nada a la candidata oficial, en caso de que ganara. Son más, mucho más, sus negativos que sus posibles aportes.
Zaldívar no está en la situación en que hoy se encuentra por estar al lado de la candidata oficial, aunque a él le guste hacerlo ver así. Zaldívar está en esa posición por sus acciones como presidente de la Corte. Es cierto que quienes le precedieron en la Corte pudieron haber hecho lo mismo, pero como es práctica común en este gobierno, de veras que los excedió, y con mucho. Hay una frase que no luce por su elegancia, pero que aplica perfectamente: “hay que ser cuche, pero no trompudo”. Y fue trompudo, según toda evidencia, muy trompudo.
Que más de 80 jueces aparezcan en la denuncia significa que en sus ganas cortesanas de sumarse al poder desbocado de Obrador, y de servir a sus propios intereses, arremetió todo lo que pudo. Es sabido que el actual presidente ama desquiciadamente el poder y probablemente le pidió, ordenó es más exacto, muchos favores. Y si suma usted a eso la desbocada soberbia del propio ministro, tan ridículamente visible, pues la desmesura fue su sino, y quizá la clave de su caída.
Lastimó a muchos, expuso a otros e incrementó la corrupción en un sistema probablemente propicio para ello en su diseño. Pero esta vez una parte de ese tejido lastimado se animó, quizá por la llegada de una ministra de otro talante, a inconformarse.
¿Qué sucederá con la denuncia? No lo sabemos. Ignoramos si el caso es lo suficientemente robusto (al parecer lo es) y no sabemos si la política, en los términos en que hoy se practica, termine echando abajo un proceso que a los ciudadanos nos es tan caro porque ¿qué mejor para un ciudadano que investigar y sancionar las malas prácticas prevalecientes en el Tribunal Superior de Justicia? Algo así debería de pasar también en el ejecutivo donde la corrupción no se investiga sino que, por el contrario, se premia. Si no me cree, mire usted dónde han acabado los Murat o los Ovalle, por citar solo dos ilustres apellidos en el mundo de la administración pública.
