* Crimen de odio caciquil por causas políticas y religiosas
* Víctimas, torturadas 10 horas ante la Policía Estatal y GN
Alfredo Martínez de Aguilar
El domingo 21 de junio de 2020 fueron torturadas y violadas dos mujeres y algunos de los 13 hombres finalmente ejecutados en Huazantlán del Río, agencia municipal de San Mateo del Mar, Juchitán, algunas de las víctimas fueron rociadas con gasolina y quemadas todavía vivas.
De las 160 órdenes de aprehensión libradas por el Juez de la causa, la Fiscalía General del Estado solo ha ejecutado tres, sin embargo, lo que pasó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, les alienta en la búsqueda de verdad y justicia
Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, activista del Movimiento de Acción Social (MAS) y del Comité de Víctimas de la Masacre de San Mateo del Mar, rompe el silencio y revela que el probable autor intelectual es, entre otros, el influyente priista de Salina Cruz, Jose Luis Vásquez Jiménez.
“Él es uno de los azuzadores de la descomposición social y política de San Mateo del Mar y con sus incondicionales serviles en el IEEPCO destituyó en 2021 al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa, a pesar de violar el artículo 2º. Constitucional y el convenio 169 de la OIT que amparan y protegen a los indígenas”.
Aclara que el MAS y el Comité de Víctimas no son institución investigadora, pero José Luis Vásquez es señalado de tráfico de personas y de huachicol. Los elementos que provocaron la masacre son el interés por conservar el control político y económico del huachicol y del tráfico ilegal de personas. “Confiamos en la investigación de la Fiscalía General del Estado”.
Arroyo exige considerar crimen de lesa humanidad la masacre por diferencias religiosas al ser varios de los ejecutados protestantes y los agresores católicos, por crimen de odio contra las mujeres y diferencia de género, y por diferencia político-ideológica, al pugnar los activistas del MAS por la apertura democrática contra los caciques priistas.
El contador público y maestro en Derecho Fiscal, afirma que la masacre del 21 de junio de 2020 puede tipificarse como crimen de estado, al ser torturadas las 15 víctimas por espacio de 10 horas ante la presencia de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, así como por los involucrados, como el líder político priista de Salina Cruz José Luis Vásquez Jiménez.
Resalta la indiferencia de la Secretaría General de Gobierno, responsable de la gobernabilidad, como simple espectadora de la barbarie y su silencio cómplice porque los militantes priistas involucrados son sus correligionarios, entrevistado en Detrás de la Noticia Televisión por Regeneración Pluralidad.
Alienta su búsqueda de la verdad, justicia y castigo, a los responsables para que la masacre de trece homicidios y dos feminicidios no quede impune, la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo para investigar la masacre y la reparación del daño a las familias de las 15 masacrados.
Al mismo tiempo, representa una victoria que les hace abrigar esperanzas, después de más de dos años de demandar justicia a nivel nacional e internacional, el reconocimiento de la calidad de víctimas de los ejecutados en la masacre por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Visibilizan masacre; la política no es barbarie
Insiste en denuncian nacional e internacionalmente la masacre para visibilizarla y que la política no sea convertida en barbarie. “Si este crimen queda impune, sentará el nefasto precedente que la barbarie es parte de la política, porque los medios realizaron un linchamiento en mí contra y de mis compañeros del MAS al endosarnos la responsabilidad de la masacre”.
En 2020, inició un largo proceso de descomposición y el dirigente priista en Salina Cruz, José Luis Vásquez Jiménez, jugó un papel decisivo en los medios de comunicación afines al PRI y empezaron a atacar a los operadores políticos y simpatizantes de su movimiento para crear el ambiente propicio que justificara la masacre.
Arroyo Rodríguez denuncia que como parte de la campaña negra de la guerra sucia en contra de los activistas de izquierda del Movimiento de Acción Social se inició el linchamiento en los medios de comunicación culpándole de la masacre, a pesar que las 15 víctimas eran sus compañeros en el MAS.
La noche del 3 de mayo los paramilitares al servicio de los priistas detuvieron en la agencia municipal de Huazantlán del Río, a la entrada de San Mateo del Mar, a un grupo de 20 habitantes de Laguna Santa Cruz, y en la noche inició una cacería de brujas en Huazantlán del Río contra las mujeres activistas del MAS.
Es el caso de Rosario Guerra Salazar, quien fue sacada de su casa y llevada a golpes a la Agencia Municipal, donde la torturaron y violaron, al igual que a Okaz Maritza Rangel, madre soltera con dos hijas, la mayor huyó y se refugió en el cerro, y Estela Virgen Olavarri Montero.
El 4 y 5 de junio las tres mujeres acudieron a la Vicefiscalía del Estado en Salina Cruz para interponer su denuncia, pero no les tomaron su declaración ni certificaron médicamente sus lesiones y violaciones. Los funcionarios dijeron que había “línea” política para no hacerlo, actitud que se repitió en la capital oaxaqueña.
En la ciudad de Oaxaca no hubo acompañamiento de la Fiscalía del Estado, la declaración les fue tomada a la ligera y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no les otorgó medidas cautelares para prevenir otra agresión; por lo que las tres mujeres deciden regresar y exigir la destitución del Agente Municipal que violentó sus derechos políticos, física y sexualmente.
La toma de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río duró 30 días y el domingo 21 de junio que se festejó el Día del Padre y las y los activistas estaban con sus familias, un grupo de priistas encabezados por los paramilitares les atacaron, escoltados por elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional.
Al no poder romper el cerco para escapar, agredieron a más de 30 personas, 15 de los cuales no lograron huir, 13 hombres y dos mujeres, quienes fueron golpeados con palos y las mujeres violadas, al igual que algunos hombres, además que fueron torturados durante una jornada de 10 horas en la propia Agencia Municipal de Huazantlán del Río.
