Ernesto Ruiz
“Un desarrollo que destruye el medio ambiente y expulsa a las comunidades no es desarrollo, es despojo organizado.” Chico Mendes
El paisaje no es solo una postal para el consumo ajeno; es la materialización de una delicada coexistencia: tejido social, histórico, cultural y ecológico de quienes lo habitan. Debemos partir de ello para entender que, en las últimas décadas, la geografía costera mexicana ha sido blanco de una reconfiguración agresiva orientada a privilegiar la inserción de capitales transnacionales, megaproyectos de infraestructura y dinámicas de turismo masivo. Desde el Caribe hasta el Golfo de California, sin dejar de lado el convulso Pacífico Sur, comunidades enteras observan cómo la promesa del “paraíso” fundado en un modelo de “desarrollo” vertical e impuesto, amenaza con devorar su entorno, sus recursos, su cultura y su autonomía. Frente a esta inercia devastadora, ha emergido una defensa que no solo es social y comunitaria, sino que, además, encuentra en el andamiaje constitucional y en los tratados internacionales herramientas clave para resistir.
No se trata de un fenómeno aislado; responde a una lógica de asimilación territorial. En Quintana Roo, Mahahual personifica la fragilidad ecológica ante la voracidad del turismo de masas. Un pueblo originalmente de pescadores que, con la llegada masiva de cruceros internacionales se ha colocado bajo una presión insostenible sobre sus recursos disponibles y el Sistema Arrecifal Mesoamericano. La infraestructura local colapsa bajo el peso de los residuos, mientras la especulación inmobiliaria intensificada por proyectos de conectividad federales fractura el tejido comunitario. La calma caribeña ha sido sustituida por un mercado de despojo sutil, donde el arrecife y el manglar, los verdaderos guardianes de la costa, se ahogan en sedimentos y promesas incumplidas.
En el otro extremo de México, en Sinaloa, la bahía de Topolobampo enfrenta un dilema de corte estrictamente industrial. La pretendida consolidación de plantas petroquímicas y de amoníaco en una zona de altísima biodiversidad marina —como adicional es el punto de entrada a las imponentes Barrancas del Cobre— expone cómo la planeación económica suele ignorar los riesgos ambientales catastróficos. La comunidad y los pescadores artesanales perciben estos complejos industriales no como progreso, sino como una espada de Damocles suspendida sobre los recursos que aseguran su subsistencia y su seguridad sanitaria.
En Baja California Sur, específicamente Loreto, resiste bajo el peso de su propia belleza. Reconocido como Parque Nacional Marino desde 1996, sitio Ramsar en 2004 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005, Loreto -enclavado en el Mar de Cortés que fue catalogado por Jacques Cousteau como el ‘acuario del mundo’- hoy lidia con la sombra del modelo expansivo de Los Cabos. Los megadesarrollos inmobiliarios de lujo y el intento de convertirlo en un puerto para cruceros pretenden mercantilizar la paz loretana, privatizando de facto los accesos al mar y compitiendo de manera desigual por el recurso más crítico de la región: el agua potable; poniendo en riesgo además a una gran e inigualable cantidad de biodiversidad marina.
Ahora entremos en Oaxaca, el Estado más bello de la República, el de mayor diversidad biocultural, pero también el que ofrece, quizás, los ejemplos más nítidos de la resistencia comunitaria y la tensión por la gentrificación. Destinos como Puerto Escondido, Mazunte, Zipolite, Chacahua, Huatulco y muchos otros -impulsados por la reciente apertura de la súper carretera- experimentan una explosión inmobiliaria sin precedentes. El encarecimiento del suelo expulsa a las familias originarias hacia las periferias, transformando radicalmente la identidad cultural local. Asimismo, en santuarios ambientales como las lagunas de Chacahua, Escobilla, Ventanilla o las playas vecinas de Mazunte y San Agustinillo, crece un dilema: conservar el esquema comunal de bajo impacto o ceder ante las cadenas hoteleras internacionales, a diario se vive una batalla entre la memoria y la permanencia. El “progreso” sin un plan maestro de atención ha puesto en grave amenaza a los delicados ecosistemas, por un lado la creciente demanda de tratamiento y disposición de residuos y de aguas residuales, la Costa oaxaqueña no cuenta con infraestructura adecuada y eficiente. Por el otro, el cambio de uso de suelo sin límte en la selva baja y dunas costeras, la tala de manglares y el relleno de lagunas para la construcción de desarrollos inmobiliarios ponen a las comunidades al borde del colapso.
Este eterno conflicto entre desarrollo y conservación, encuentra una luz fundamental en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se consagra el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas. Nuestra Carta Magna es explícita: el Estado tiene la obligación jurídica de garantizar este derecho, y cualquier daño o deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque.
Debemos ser conscientes de que cuando el desarrollo turístico e inmobiliario en Loreto amenaza agotar los acuíferos, cuando los megaproyectos en Topolobampo ponen en riesgo los ecosistemas lagunares, se violenta directamente este precepto constitucional. Asimismo, la imposición de proyectos sobre territorios de comunidades indígenas y equiparables (como las comunidades afrodescendientes y de pescadores tradicionales en Oaxaca o Quintana Roo) transgrede, además, el artículo 2º constitucional. Este artículo es el que garantiza el derecho a la libre determinación y a la consulta previa, libre y culturalmente informada, un mecanismo constitucional obligatorio que, por lo regular, suele reducirse a meros trámites burocráticos y simulaciones para convalidar decisiones previamente tomadas en despachos financieros.
Frente a la opacidad y la asimetría de poder que caracterizan estos conflictos, el Acuerdo de Escazú -ratificado por México en 2020 y en vigor desde 2021- se erige como el instrumento jurídico internacional más potente del siglo XXI para América Latina en materia ambiental. Este tratado vinculante opera sobre tres pilares fundamentales que cambian las reglas del juego para comunidades como las de Mahahual o Chacahua: el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Escazú prohíbe explícitamente que los estudios de impacto ambiental sean tratados como secretos industriales o documentos inaccesibles para los afectados. Exige que la información sea pública con máxima difusión, comprensible y traducida a las lenguas locales. En el caso de Topolobampo, por ejemplo, la aplicación estricta de Escazú obligaría a esquemas de gobernanza donde la voz de la comunidad pesquera tenga un peso vinculante antes de otorgar licencias industriales o ambientales.
Además, el acuerdo introduce la protección obligatoria para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, un aspecto crítico en un país como México, en donde históricamente la defensa de la tierra ha costado la vida de líderes comunitarios. Al democratizar la justicia ambiental, Escazú dota a los pueblos de la facultad jurídica para impugnar judicialmente los permisos otorgados en flagrante violación al principio precautorio, el cual establece que la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
Las terribles crónicas de estos rincones de México no deben narrarse desde la victimización, sino desde la dignidad de la resistencia. Las comunidades de Mahahual, Topolobampo, Loreto y Oaxaca no se oponen intrínsecamente a la mejora de sus condiciones económicas; se oponen a un modelo de desarrollo depredador que las considera completamente prescindibles. Exigen que el crecimiento económico respete los límites biofísicos de sus territorios y la soberanía de sus modos de vida.
El andamiaje jurídico nacional e internacional ofrece las pautas para una transición hacia la sostenibilidad, pero las leyes son letra muerta sin la movilización comunitaria que les inyecta vitalidad. En la intersección de la defensa constitucional, las prerrogativas internacionales del Acuerdo de Escazú y la organización local, se dibuja la última línea de defensa de un México que se niega a ser devorado por la prisa y la ambición del capital. Todas y todos podemos defender nuestro territorio y patrimonio biocultural, levantemos la voz. Las herramientas jurídicas encuentran mayor eco en los megáfonos.
