- La reunión ministerial representó un mecanismo institucional para la promoción del diálogo social y el intercambio de mejores prácticas para la preservación del empleo
El 7 de julio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llevó a cabo la Segunda Mesa Redonda del Consejo Ministerial, en la que participaron 35 Ministros del Trabajo de los países miembros de la OCDE, así como representantes del sector empresarial, a través del Business at OECD, y representantes del sector trabajador, a través del Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD, como interlocutores sociales. De manera paralela, también fue publicado el Employment Outlook 2020 del mismo organismo internacional.
Como representantes del sector empresarial, participaron Renate Hornung-Draus, Presidente del Comité de empleo, trabajo y asuntos sociales, así como César Montemayor, en su calidad de Vicepresidente del Consejo Ejecutivo del Business at OECD, quien además es Consejero Delegado para el Business at OECD en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Las perspectivas del empleo de la OCDE aluden a que “el mundo enfrenta una de las peores crisis económicas y de salud pública en un siglo. Los países han reaccionado aplicando políticas de contención y de mitigación, que han demostrado su eficacia a la hora de limitar la propagación del virus, de evitar el colapso de los sistemas sanitarios y, lo que es más importante, de reducir el número de muertes. Sin embargo, la combinación de la incertidumbre reinante, el miedo al contagio, las restricciones impuestas individualmente siguiendo las directrices públicas y los confinamientos obligatorios han tenido como resultado inmediato una contracción acusada de la actividad económica”.
El alcance de esta crisis en el mercado de trabajo ha sido severo. “Los países de la OCDE han adoptado innumerables medidas para mejorar la accesibilidad y la generosidad de la licencia por enfermedad y el apoyo a los ingresos de las personas sin trabajo, así como de los programas de mantenimiento del empleo, que han tenido una aceptación sin precedentes en muchos países. Las respuestas de estas políticas han tenido como objetivo limitar los daños y apoyar a los trabajadores y a las empresas, así como evitar la destrucción de actividades, preparando de este modo la recuperación”.
Asimismo, dicho informe detalle que “mientras se recupera la actividad económica, las políticas deben contribuir a la recuperación logrando un justo equilibrio entre la prestación de un apoyo continuo a los trabajadores, los hogares y las empresas todavía afectados por las persistentes restricciones y el fomento de la actividad empresarial”. En este contexto, “La legislación de protección del empleo es fundamental para la seguridad de los trabajadores”.
Los representantes del sector empresarial resaltaron, entre otras cosas, la importancia del diálogo social y “la importancia de que los gobiernos deben mejorar la transparencia, la cooperación con la comunidad empresarial y la consulta de los interlocutores sociales”. Asimismo, se señaló que “la crisis actual ha subrayado la importancia de la protección social. Para ser confiables y resistentes, las redes de seguridad deben ser financiadas de manera sostenible”.
Por su parte, César Montemayor señaló el grave problema que enfrenta México en cuanto a la informalidad, la cual asciende aproximadamente a 22 millones de trabajadores, sin contar el posible incremento que esta cifra haya tenido derivado del poco más de un millón de personas que se estiman perdieron su empleo en los últimos tres meses debido a la pandemia de COVID-19 y que se hayan visto en la necesidad de integrarse al mercado informal.
Asimismo, comentó que la crisis ha significado que muchas compañías simplemente no tienen el flujo de efectivo para cubrir por completo estos paquetes de indemnización resultantes de los despidos.
Mencionó que México no tiene un sistema de seguro de desempleo generalizado similar al de la mayoría de los países miembros de la OCDE, y que su gobierno no ha implementado programas de apoyo significativos desde el punto de vista empresarial para ayudar a las empresas formales en este contexto de crisis.
En tal sentido, y ante la pandemia, señaló que es esencial implementar medidas de política para garantizar la supervivencia de las empresas como la mejor manera de preservar los empleos formales y enfatizó que el intercambio generado en el foro de la OCDE “debería ayudarnos a identificar formas de hacer esto en México”
Como punto focal de su intervención, destacó que de manera muy alineada con las recomendaciones de Business at OECD, la COPARMEX, que representa a los empleadores en México, ha diseñado tres propuestas de políticas de protección al empleo y los trabajadores, reunidas en los #RemediosSolidarios, que protegerían más de 19 millones de empleos formales en México.-
En la COPARMEX estamos convencidos de que la reactivación económica mexicana dependerá en gran medida de la fortaleza y la reincorporación del activo más valioso del país: sus trabajadores. Esperamos aprovechar la experiencia de la OCDE y comparar lo que funciona bien en otros países, para que podamos aplicar estos conocimientos en México, trabajando en conjunto con las partes interesadas del Gobierno Federal.
