José Carlos López Hernández y Fernando Javier Araujo Pulido*
Narrativas confrontadas:
Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país…
Donald Trump, 2026.
Soy Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado en una intervención militar de Estados Unidos. Fui capturado en mi casa, en Caracas. Soy prisionero de guerra. Y me apego a los Acuerdos de Ginebra…
Nicolás Maduro, 2026.
XALAPA, VER.- El arresto, sometimiento, extracción o secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, ocurrido el pasado 3 de enero de 2026 en Caracas, marca un punto de inflexión en la ya deteriorada relación entre Venezuela y Estados Unidos. Más allá del impacto inmediato del operativo -denominado por Washington como Operación Determinación Absoluta-, el episodio debe leerse como la cristalización de un conflicto que articula poder militar, disputa geopolítica, control de recursos y producción de narrativas legitimadoras.
En los días posteriores a los hechos, la circulación de noticias, interpretaciones y posicionamientos políticos ha revelado no sólo la polarización regional, sino también la manera en que el conflicto se construye discursivamente. Comprender este escenario exige identificar a las y los actores centrales y las condiciones materiales y discursivas de existencia que configuran la confrontación.
Del lado venezolano, el núcleo del poder chavista ha estado integrado por figuras clave como Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo y conspiración; Cilia Flores, implicada en procesos judiciales internacionales; Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada; Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, operadores políticos fundamentales del régimen; así como Vladimir Padrino López, cuya figura representa el sostén militar del gobierno. Este entramado ha funcionado históricamente como un bloque de resistencia frente a la presión externa, particularmente la ejercida por Washington.
En contraste, la estrategia estadounidense ha sido encabezada por una administración que combina presión económica, operaciones encubiertas y despliegues discursivos en las redes sociales. Donald Trump, junto con figuras como Marco Rubio, Pam Bondi y Pete Hegseth, han impulsado una política exterior que redefine a Venezuela no sólo como un problema político regional, sino como una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense. Bajo esta lógica, la intervención deja de presentarse como injerencista para convertirse en un acto de “autodefensa”.
La oposición venezolana, aunque por momentos relevante, actualmente aparece desplazada en el nuevo escenario. Figuras como la de María Corina Machado o Edmundo González Urrutia, reconocidos por distintas actoras y actores internacionales, han quedado al margen de las decisiones estratégicas, lo que evidencia que el conflicto ya no se dirime en el terreno de la transición democrática interna, sino en la arena geopolítica global.
A ello se suman actores regionales y otros fuera de la región: gobiernos como los de México y Brasil, que han condenado la operación; aliados históricos del chavismo como Cuba, Rusia y China; la muerte de integrantes del anillo de seguridad cubano durante el operativo, lo que añade a su vez, una dimensión internacional que complejiza aún más el conflicto; y un contexto latinoamericano profundamente fragmentado.
Desde una perspectiva sistémico-estructural, lo ocurrido no puede analizarse de forma aislada. Venezuela ocupa un lugar estratégico en la disputa global por recursos energéticos, particularmente en un contexto de competencia que ha transitado de lo tripolar a lo multipolar entre Estados Unidos, China, Rusia y las potencias emergentes. El control del espacio venezolano permitiría a Washington reactivar procesos de extracción de valor y reposicionarse en sectores clave como el petrolero, el inmobiliario y el turístico. Sin embargo, a pesar del interés de Trump por convocar a los gigantes petroleros e instarlos a invertir en Venezuela, la retirada de corporaciones como ExxonMobil pone en evidencia los límites de esta estrategia, especialmente ante la ausencia de certeza jurídica y el historial de expropiaciones.
Junto a las condiciones materiales, emerge con fuerza la dimensión discursiva del conflicto. Conceptos como narcoterrorismo, fentanilo como arma de destrucción masiva o redes criminales transnacionales funcionan como dispositivos retóricos que transforman un conflicto político en una amenaza de seguridad nacional. El lenguaje, lejos de ser neutro, opera como una herramienta de poder que legitima la intervención y reconfigura la percepción pública del adversario.
La narrativa oficial estadounidense presenta la operación como un despliegue militar “quirúrgico”, altamente sofisticado y moralmente justificado. En este relato, las fuerzas armadas estadounidenses aparecen como protectoras del orden y la estabilidad, mientras que el Estado venezolano es reducido a la figura de un enemigo criminal. Así, el arresto, sometimiento, extracción o secuestro del presidente Maduro se inscribe en una lógica de guerra preventiva que diluye las fronteras entre legalidad, soberanía y excepcionalidad.
La lucha contra el narcotráfico o el narcoterrorismo se consolida con base en un marco narrativo que legitima la hegemonía regional de los Estados Unidos. Venezuela es presentado como un país incapaz de autogobernarse, endeudado moral y económicamente, cuyos recursos deben ser administrados externamente para ser “rescatados”. Este discurso no sólo justifica la intervención, sino que redefine el sentido mismo de la soberanía.
Las operaciones encubiertas, la presunta compra de lealtades militares mediante incentivos financieros millonarios y la participación de agencias como la CIA y el Pentágono abren interrogantes profundas sobre la legalidad y la legitimidad de estas acciones. Más aún, revelan una estrategia que apuesta por la fragmentación interna y el desgaste institucional como vías para el control político.
Finalmente, los riesgos a escala regional y de confrontación entre potencias con intereses en Venezuela colocan a América Latina en un escenario de alta incertidumbre. Las amenazas discursivas hacia países como Colombia, Cuba y México refuerzan la idea que el conflicto venezolano ha dejado de ser un asunto nacional para convertirse en un foco perturbador del mundo, producto a su vez, de la disputa geopolítica contemporánea.
Verbalizar sociológicamente el conflicto, en este sentido, implica reconocer que no estamos ante un episodio aislado, sino frente a un proceso histórico donde poder, narrativa y soberanía se articulan para redefinir el orden regional. Lo que está en juego no es sólo el futuro de Venezuela, sino las formas contemporáneas de intervención, legitimación y dominación en el sistema internacional, particularmente, las que despliega el país de las barras y las estrellas, que hoy experimenta un momento de traslación de la Doctrina Monroe a la Doctrina Donroe.
*José Carlos Lopez Hernández.
Egresado y docente de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Integrante del Comité Editorial de Sociogénesis. Integrante del Consejo Editorial de la Biblioteca Digital de Humanidades. Docente invitado de la Universidad Pedagógica Veracruzana.
* Fernando Javier Araujo Pulido
Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana.
