Activistas mexicanas, en peligro constante
México es uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres activistas. Según la organización Front Line Defenders, en su informe de 2023, el país fue el segundo con mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el mundo, solo detrás de Colombia. De las 31 personas defensoras asesinadas en México ese año, al menos 12 eran mujeres, muchas de ellas indígenas y defensoras del territorio y el medio ambiente.
Las mujeres activistas enfrentan una violencia específica, por el simple hecho de ser mujeres. A la criminalización y amenazas se suman agresiones con connotaciones sexuales, como tocamientos durante detenciones arbitrarias, amenazas de violación, difamaciones basadas en su vida personal o sexual, e incluso campañas de desprestigio que involucran a sus familias. Esta violencia tiene una raíz profundamente misógina, y busca castigar no solo la disidencia, sino también el hecho de que una mujer se atreva a ocupar espacios de poder y denuncia.
Las agresiones no siempre vienen de actores ilegales. En muchos casos, el Estado mexicano, lejos de proteger a las defensoras, se convierte en su agresor. En 2022, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó más de 1,000 agresiones contra mujeres defensoras, incluyendo espionaje, hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias y violencia digital. Esta red, que agrupa a más de 300 defensoras en todo el país, ha señalado que el patrón de violencia se ha sostenido a lo largo de distintas administraciones, tanto federales como estatales, y que existe una preocupante continuidad en la impunidad.
Uno de los principales obstáculos para la protección efectiva de las defensoras es la falta de implementación adecuada del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Aunque este mecanismo existe desde 2012, ha sido duramente criticado por su burocracia, falta de presupuesto y falta de enfoque de género. Muchas defensoras han denunciado que, pese a estar inscritas en el mecanismo, no reciben protección suficiente, o que las medidas asignadas no consideran los riesgos específicos que enfrentan por ser mujeres.
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las mujeres defensoras. Garantizar su seguridad no debe ser un gesto de buena voluntad, sino una obligación constitucional y ética. Reconocer su trabajo, dotarlas de recursos, proteger su integridad y sancionar a los agresores son pasos urgentes para que el activismo de mujeres deje de ser una sentencia de riesgo. México no puede llamarse una democracia plena mientras ser mujer activista sea, todavía, un acto de vida o muerte.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres activistas. Según la organización Front Line Defenders, en su informe de 2023, el país fue el segundo con mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el mundo, solo detrás de Colombia. De las 31 personas defensoras asesinadas en México ese año, al menos 12 eran mujeres, muchas de ellas indígenas y defensoras del territorio y el medio ambiente.
Las mujeres activistas enfrentan una violencia específica, por el simple hecho de ser mujeres. A la criminalización y amenazas se suman agresiones con connotaciones sexuales, como tocamientos durante detenciones arbitrarias, amenazas de violación, difamaciones basadas en su vida personal o sexual, e incluso campañas de desprestigio que involucran a sus familias. Esta violencia tiene una raíz profundamente misógina, y busca castigar no solo la disidencia, sino también el hecho de que una mujer se atreva a ocupar espacios de poder y denuncia.
Las agresiones no siempre vienen de actores ilegales. En muchos casos, el Estado mexicano, lejos de proteger a las defensoras, se convierte en su agresor. En 2022, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó más de 1,000 agresiones contra mujeres defensoras, incluyendo espionaje, hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias y violencia digital. Esta red, que agrupa a más de 300 defensoras en todo el país, ha señalado que el patrón de violencia se ha sostenido a lo largo de distintas administraciones, tanto federales como estatales, y que existe una preocupante continuidad en la impunidad.
Uno de los principales obstáculos para la protección efectiva de las defensoras es la falta de implementación adecuada del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Aunque este mecanismo existe desde 2012, ha sido duramente criticado por su burocracia, falta de presupuesto y falta de enfoque de género. Muchas defensoras han denunciado que, pese a estar inscritas en el mecanismo, no reciben protección suficiente, o que las medidas asignadas no consideran los riesgos específicos que enfrentan por ser mujeres.
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las mujeres defensoras. Garantizar su seguridad no debe ser un gesto de buena voluntad, sino una obligación constitucional y ética. Reconocer su trabajo, dotarlas de recursos, proteger su integridad y sancionar a los agresores son pasos urgentes para que el activismo de mujeres deje de ser una sentencia de riesgo. México no puede llamarse una democracia plena mientras ser mujer activista sea, todavía, un acto de vida o muerte.
