PRECAMPAÑAS, CAMPAÑAS Y UNA MINISTRA
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
¿Qué esperamos los electores, gobernados o administrados promedio de las administraciones públicas dirigidas por quienes nos gobiernan? Supongo, en principio, que realicen su trabajo de la mejor manera posible –conforme al mejor programa de gobierno también posible–. Como su trabajo es la prestación del conjunto de servicios públicos que les correspondan conforme al sistema de distribución de competencias previsto en la Constitución, es entendible que los administrados o gobernados promedio esperamos que dichos servicios públicos sean asegurados en las mejores condiciones de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Se trata de principios y reglas de distribución de competencias previstos en la Constitución General de la República y en las particulares de cada entidad federativa. Pero que los ciudadanos, administrados o gobernados promedio no estamos obligados a conocer, ni necesitamos saber cuáles son para emitir nuestro voto cuando somos llamados a elegir a un candidato al cargo de que se trate.
Además, los procesos electorales en los que periódicamente somos llamados a emitir nuestro voto y elegir entre varios candidatos, son procesos muy complejos y complicados; puesto que primero, quienes militan en algún partido político, tienen que elegir –es un decir, pues en este país no hay elecciones primarias obligatorias– de entre varios precandidatos a ocupar el cargo de candidato de ese partido al puesto de que se trate. Después, sea que milite o no en un partido político, habrá que elegir entre varios candidatos propuestos por los diferentes partidos políticos o coaliciones partidistas –otro dato a agregar a la complejidad–, cada uno con su respectiva oferta electoral –se supone que acorde a la plataforma electoral del partido o coalición–.
Como los ciudadanos, administrados o gobernados promedio lo primero que tenemos que hacer es ganarnos el pan de cada día con el sudor de la frente, resulta que no siempre tenemos tiempo ni ganas de ponernos a ver si los candidatos o sus partidos y coaliciones que los postulan cumplen con todos los requisitos previstos en la Constitución y en las diferentes leyes que regulan esa cuestión de los procesos electorales.
Damos por supuesto que partidos, coaliciones y candidatos se vigilan entre sí y con eso quedamos confiados en que si alguien hace algo malo de inmediato su opositor va a ir a quejarse ante la autoridad que corresponda y esta habrá de sancionarlo. Ahora bien, eso de designar o elegir o nombrar a la autoridad encargada de sancionar a los que están compitiendo tiene su propia complejidad y dificultad.
Pero los electores, administrados o gobernados promedio, por las razones que ya he expuesto, tampoco tenemos tiempo para andarnos fijando si nombraron a personas que cumplan con los requisitos de autonomía, independencia, profesionalismo e imparcialidad para desempeñar ese papel de árbitros electorales o jueces constitucionales. Sencillamente, pensamos que han sido nombrados conforme a lo que debe ser y con eso tenemos suficiente. Los que estén inconformes, que vayan y que hagan las denuncias que se les ocurran por las cosas que no les hayan gustado, pensamos.
Suponemos nuevamente que los partidos, coaliciones y candidatos se vigilan entre sí y a las autoridades que son árbitros de su competencia electoral y con eso quedamos tranquilos. Si además de eso, el gobierno federal y, particularmente, el presidente de la república (nada menos que desde palacio nacional), nos dicen todas las mañanas que todas las cosas van requetebien, pues con mayor razón nos quedamos confiados de que todo funciona como es debido.
Para nuestra buena fortuna, además de que esas personas se vigilen entre sí, hay una prensa que también suponemos independiente e imparcial que los vigila a todos ellos. Así es que con ver o escuchar uno o varios noticieros y programas de televisión o de radio, pues confiamos nuevamente en que ya estamos suficientemente bien informados de cuanto pasa en ese asunto de la competencia electoral entre partidos políticos y el gobierno y las autoridades electorales (y todo tipo de jueces constitucionales) para llevar a cabo los procesos electorales como Dios manda, es decir, como la Constitución y las leyes electorales disponen.
Por si algo hiciera falta, desde luego que para eso están las famosas redes sociales que también nos mantienen informados; particularmente los ejércitos de “robots” que tiene el gobierno para transmitir sus mensajes y para descalificar a quienes se le opongan. Son estas nuevas formas de orientar a la opinión pública y el voto de los electores que resultan muy eficaces –sobre todo a quienes les sobra dinero para hacerlo–. Pues nadie se pone a leer todos los periódicos ni sus páginas y notas editoriales, nada más por falta de tiempo.
Nos encontramos entonces ante un mundo idílico en donde todo funciona muy bien. La Constitución General establece una serie de principios, reglas y procedimientos que todos cumplen puntualmente como relojito. Y si algo no sale del todo bien, sabemos que habrá periodistas de investigación o inteligentes editorialistas –aunque no los leamos–, y redes sociales, que emitirán sus calificaciones o descalificaciones con las cuales orientarán debidamente la forma mejor como podremos emitir nuestro voto –sobre todo si no los leemos–.
Solamente que el proceso electoral federal, y los procesos electorales locales en curso, acaban de iniciar hace unas semanas y las precampañas para escoger precandidatos presidenciales iniciaron apenas ayer lunes 20 de noviembre. Nada más que, por lo pronto, en el caso del proceso electoral para elegir presidente o presidenta de la república, cuyas precampañas acaban de iniciar, reitero, pues resulta que las dos coaliciones partidistas que compiten ya tienen cada una a su propia candidata presidencial; otro partido, entusiasmó a un joven que es gobernador del estado de Nuevo León y todo parece indicar que lo hará su candidato presidencial.
El presidente de la república, fundador y primer dirigente del partido que encabeza la coalición gobernante, ha sido escrupulosamente cuidadoso en adelantar los tiempos electorales para que los precandidatos presidenciales de su partido o movimiento (como también le llaman) fuesen conocidos por los electores con toda oportunidad. Estableció también un procedimiento mediante encuestas para seleccionar candidatos, tanto a la presidencia como a los ejecutivos locales, que serán renovados –nada más nueve de treinta y dos–, y hasta el momento todo le ha salido muy bien. Los precandidatos perdedores –no obstante que formalmente todavía no iniciaban las precampañas–, quedaron muy satisfechos con los resultados de las encuestas –aunque hayan perdido–.
En el lado de la coalición opositora, la precandidata también ya fue seleccionada mediante un procedimiento un poco más complicado –pues combinó encuestas y foros con al menos algo de debate–, pero que para su fortuna no dejó demasiadas inconformidades ni inconformes.
Algo distinto empieza a verse con los candidatos a los ejecutivos locales de la oposición, pues alguno de ellos –como uno de los perdedores en la Ciudad de México– ya recogió sus trastes y se fue con la coalición oficialista –a la que supongo que pocos votos le podrá llevar–. Y todo por culpa de que no estamos acostumbrados a las elecciones partidistas internas, pues luego terminan como el rosario a Amozoc.
Como usted ya se habrá dado cuenta, estamos en eso de la política política, donde una cosa es lo que dicen la Constitución y las leyes y otra muy distinta lo que sucede en la realidad de a deveras. Por lo que, para completar el cuadro, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adelantó su salida habiendo renunciado sin que fuera necesario expresar alguna causa grave –como dice la Constitución que debe ser–, y luego luego se fue a hacer campaña a favor de la candidata presidencial oficialista –esta sí es una causa grave no solo para que le acepten la renuncia sino para sancionarlo por faltar a los principios de autonomía, independencia e imparcialidad que supuestamente debe respetar un ministro de la Corte–.
Pero si algo faltara en esta comedia de las equivocaciones, el presidente de la república envío de manera presta una terna para sustituir al ministro al que todavía no le aceptaban su renuncia en el Senado. Nada más que esa terna está formada por tres damas, de las cuales ninguna de ellas puede suponerse siquiera que posea esas características de autonomía, independencia e imparcialidad con que debe contar un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque tampoco la necesitan, porque de lo contrario el propio presidente de la república en funciones les haría las airadas reclamaciones pertinentes, como ya lo hace con dos de los ministros que propuso (una dama y un varón) –nada más porque se tomaron en serio el papel de jueces constitucionales–.
La razón de lo anterior es muy sencilla: el ministro que renunció lo hizo para permitir que sea el presidente de la república en funciones quien nombre al siguiente ministro que debió haber propuesto la siguiente presidenta de la república –fuese ésta su precandidata favorita o la opositora (pues el joven que ahorita anda en precampaña lo más que podrá hacer es restarle algunos votos a la oposición al oficialismo, sabe que nunca va a ganar)– y electo por la siguiente mayoría calificada de la Cámara de Senadores.
Para el caso, la violación al principio constitucional de división de poderes y de renovación periódica de las y los ministros de la Suprema Corte es más que evidente –así como el temor de que no le alcancen los votos en la siguiente composición del Senado a la todavía mayoría oficialista, para asegurar el cargo para una incondicional (lo que hace suponer que cuantas veces echan las campanas a vuelo con sus encuestas cuchareadas es por puro miedo a lo que pueda pasar).
¿Y todo esto para qué? ¿Nada más para ganar las elecciones de presidenta, de ejecutivos locales y la mayoría en ambas cámaras federales, más todas las presidencias municipales y congresos locales que se pueda? Desde luego para esto, pero también para asegurar que el actual presidente de la república siga señalando con su dedito cómo se debe gobernar el país. Puesto que él supone que hasta ahora lo ha gobernado muy bien. Bueno, lo suponía desde antes, por eso es que él mismo llamó a su oferta de gobierno, y ahora a todo lo que hace su gobierno, “cuarta transformación de la república”.
Si usted tiene otros datos, no deje de checar la vigencia de su credencial de elector para que pueda ir a votar por quien piense que pueda levantar el tiradero que va quedando en el camino de la supuesta 4T; ni de platicar sus puntos de vista con otras personas que todavía crean que vamos requetebien. Pero si usted cree que es muy conveniente construir el segundo piso de la 4T, nada más no se queje y después termine votando como votaron la mayoría de los argentinos el domingo pasado. Bueno, los argentinos al menos pudieron ir a votar por un candidato opositor (bastante peculiar y todo indica hasta el momento que condenado al fracaso). En Cuba, Nicaragua y Venezuela eso ni siquiera es posible, pues los candidatos opositores están en la cárcel o en el exilio (como ya sucede en México con Ricardo Anaya).
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2023. Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA). Tiene la Especialidad en Justicia Electoral otorgada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de libros de Derecho Público, Privado y Social; Administración Pública y Ciencia Política; Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral; sus libros se encuentran en bibliotecas, librerías, en Amazon y en Mercado Libre. Las recopilaciones anuales de sus artículos semanales están publicadas y a la venta en Amazon (“Crónica de una dictadura esperada” y “El Presidencialismo Populista Autoritario Mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato?”); la compilación más reciente aparece bajo el título “PURO CHORO MAREADOR. México en tiempos de la 4T” (solo disponible en Amazon).
