- Isidoro Yescas
A más de dos semanas de su anuncio el Programa de Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Económica de Oaxaca es todavía promesa de papel del Poder Ejecutivo porque el proyecto de acuerdo no se ha publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Y mientras esto no ocurra los trámites para acceder a dos de los diez microprogramas para acceder a beneficios del Plan Emergente de Empleo Temporal o los Créditos MIPYME, que ya aparecen en la página oficial de la Secretaría de Economía, se quedarán en eso, pues tratándose de una reprogramación o reasignación del presupuesto 2020 necesariamente requieren de un decreto para que en el ejercicio de los recursos públicos no se incurra en irregularidades.
Y lo mismo ocurriría con las otras ocho metas del Programa, como los 30 millones que se pretenden asignar al DIF para el reparto de despensas, la condonación del 50 por ciento a los impuestos sobre nóminas y hospedaje (en donde están contabilizados el 70 por ciento de los mil 270 millones considerados para el proyecto) y el arbitrario descuento del 10 por ciento a los sueldos de los trabajadores de confianza del Gobierno del Estado.
Uno de los atorones que ha sufrido este Programa de Incentivos (orientado a mitigar la crisis económica derivada de la suspensión de actividades en los sectores productivos de la entidad) está relacionado precisamente con la partida o las partidas del Presupuesto público del 2020 que se estarían reprogramando, asunto que con voluntad política bien podría transitar mediante acuerdos con el Poder Legislativo, tal como en su oportunidad lo expuso públicamente el presidente de la JUCOPO, Horacio Sosa. Sin embargo, al parecer esta ruta no es del agrado del Jefe del Poder Ejecutivo, quien pretende capitalizar políticamente las grandes decisiones que se estarían tomando en esta crisis sanitaria y económica sin tener el acompañamiento del Poder Legislativo y, mucho menos, de las organizaciones de la sociedad civil.
Esta postura, por cierto, contradice su propia convocatoria lanzada hace algunos días a los gobernadores del país, pero con especial dedicatoria a quienes se han manifestado por actualizar el pacto fiscal, al pronunciarse por “un Pacto Nacional de Unidad que sea convocado por el Presidente “.
En entrevista con un diario nacional, Murat dijo “que el pacto implica marcar una ruta entre el gobierno federal, gobernadores, empresarios, sociedad, el Congreso y el Poder Judicial “. Y remató: “hoy no es tiempo de politizar ni de lucrar con la tragedia” ( La Jornada, abril 15-2020).
Pero una cosa se dice hacia afuera y otra cosa se hace en casa en donde debiera empezarse por poner el ejemplo y convocar a autoridades municipales, a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, a los organismos autónomos, instituciones educativas y sociedad en general a formar un frente común para salvar a Oaxaca de la debacle que irreversiblemente sufriremos con el cierre de pequeñas y medianas empresas, la pérdida de miles de empleos y todos los efectos negativos de la pandemia a nivel individual, familiar, colectivo e institucional.
Aún es tiempo, siempre y cuando los viejos actores sociales y políticos hagan a un lado sus aspiraciones electoreras y desde la sociedad emerjan nuevas expresiones de participación y protesta ciudadana.
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