- Por Antonio Fourzan.
La problemática que vive la ciudadanía cada día es muy compleja y abarca muchos ámbitos relacionados con las actividades cotidianas de la vida en sociedad, como por ejemplo, mala calidad de servicios públicos, entre los principales aquí en Oaxaca la recolección de basura y el bacheo, pero, sin duda, lo que más nos preocupa es la inseguridad, ya que sus efectos son de alto impacto en la vida y el patrimonio de las personas y, por otro lado, los constantes bloqueos a las vialidades que prácticamente ahorcan la ciudad capital causando daños invaluables a la vida económica y al tejido social, además del deterioro de la imagen del oaxaqueño ante el turismo nacional e internacional que nos visita. Ante estos evidentes vacíos del gobierno, en todos sus órdenes, es común escuchar en las conversaciones de café, en los chats y en redes sociales a la gente preguntar: qué pasa con la autoridad, por qué no cumple con sus tareas sustantivas como son salvaguardar la integridad de los ciudadanos y garantizar sus libertades.
En contraparte, la sociedad crece en su nivel de información y en su capacidad de movilización, en la mayoría de los casos, para cuestionar la omisión y opacidad gubernamental. Cabe destacar que estos movimientos sociales no van asociados con partidos o ideologías políticas, sino a intereses fácticos de grupos muy arraigados o que se alían de manera espontánea para defender causas coyunturales, como por ejemplo, la falta de medicamentos en los hospitales públicos. En consecuencia, no es posible hablar del “pueblo bueno y sabio” como una masa uniforme e indivisible identificada con una ideología específica y un interés común. Lamentablemente, el gobierno, principalmente el de la 4T, no ha asimilado que el “pueblo” se ha convertido en un abanico de actores heterogéneos y por tanto, no es posible atenderlos mediante una gran política donde se encajone a todos, se requiere de políticas públicas diseñadas específicamente para cada actor y problema o demanda.
Este escenario es similar en muchos países del mundo, pero sobre todo en América Latina y el Caribe, al que hay que sumar los problemas globales, uno fundamental es el cambio climático, otro, la pandemia. Para enfrentar dichos problemas se crean entidades internacionales, que son lideradas por los países más avanzados en coordinación con organismos, también internacionales, que cuentan con recursos y expertos que diseñan las alternativas de solución y dan seguimiento a la ejecución de los programas y acciones por parte de los países involucrados. Así tenemos a la ONU (Organización de Naciones Unidas), al PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). En el caso específico de América Latina y el Caribe esta la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), todos estas entidades están asesoradas por el FMI y el BID y para el caso de América Latina se suma la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), órgano regional de la ONU.
La ONU ha venido elaborando diferentes documentos que sirven como hoja de ruta para que los países miembros de la organización trabajen en favor de la construcción de un futuro más promisorio para todos. El más reciente es la Agenda 2030, documento que concentra, en la definición de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principales desafíos que los países deben de enfrentar para hacer que el planeta Tierra sea un hábitat con belleza y recursos naturales garantizados para nosotros y las futuras generaciones por siempre.
La forma de resolver problemas comunes que afectan a todo el planeta (la pandemia del
Coronavirus, que está presente en la vida de todos desde el año 2020 es un ejemplo de ello), es la construcción de agendas globales que se sustenten en acuerdos y compromisos, la estrategia para garantiza que dichos acuerdos y compromisos se cumplan es el multilateralismo. En las relaciones internacionales es entendido como un sistema que asocia a varios Estados, los cuales, mediante reglas comunes se vinculan con obligaciones iguales y mutuas. De esta manera se propicia el diálogo, los acuerdos y el trabajo conjunto para abordar asuntos de interés común, tales como la migración, la igualdad de género, el calentamiento global y el medio ambiente, el desarrollo sostenible, entre otros.
Recuperar un sistema multilateral de reglas es importante para acelerar el crecimiento económico y enfrentar los problemas del desarrollo en un nuevo contexto, marcado por disrupciones geopolíticas, el progreso técnico y la agudización de los problemas ambientales y migratorios.
De ahí la importancia de la Agenda 2030, en cuyo párrafo inicial dice: “La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.” Esta Agenda 2030 constituye hoy la meta hacia la que deberían transitar todos los Estados firmantes, incluyendo en este compromiso, no sólo a los equipos gubernamentales, sino a todos los sectores de la sociedad, para hacer frente al panorama de lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la degradación ambiental.
La Agenda propone que no sólo los gobiernos son responsables de alcanzar los 17 ODS, sino que la ciudadanía, en su conjunto, deberá participar activamente en todas aquellas estrategias y acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas. En ese marco, este documento hace referencia a dos instrumentos que están contribuyendo con su desarrollo e implementación a lograr los desafíos de la Agenda 2030 y se los ha elegido precisamente porque son instrumentos que incorporan a la participación ciudadana en los asuntos públicos para los que fueron creados: la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y el Acuerdo de Escazú.
Ambos temas son fundamentales para el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030, el Gobierno Abierto es, de hecho un objetivo de la Agenda, el número 16. De lo que se trata es que todos los sectores de la sociedad: gobiernos, empresas y ciudadanía se comprometan a buscar, de manera corresponsable, mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes. Para ello, no es suficiente contar con documentos generados en cumbres gubernamentales e intergubernamentales, sino que además, es imperioso sensibilizar a todos los niveles del Estado y a la sociedad en su conjunto de los beneficios de lograr la paz y la inclusión de manera colaborativa. El Gobierno Abierto demanda, entonces, una activa participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
En cuanto al Acuerdo de Escazú, establece compromisos para el cumplimiento de los derechos a la información, a participar en los procesos de toma de decisiones en materia de medio ambiente, así como el derecho a obtener reparación en caso de que no se respeten esos derechos. Este acuerdo está basado y busca implementar en la región el Principio 10 de la Declaración de la Cumbre de la Tierra de 1992.
El Principio 10 señala: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
Así pues, las condiciones para que los ciudadanos se involucren en los asuntos públicos están dadas y son ya una mega tendencia, los mexicanos y los oaxaqueños, en particular, vamos muy atrás en el desempeño de esta tarea, seguimos siendo apáticos, seguimos más preocupados y ocupados en objetivos individuales, que en los colectivos, nos falta información y capacitación, finalmente, nos faltan liderazgos. Estamos en una coyuntura favorable para establecer una relación corresponsable entre el gobierno y la sociedad, en unos meses habrá cambio en las administraciones municipales en toda la entidad, estemos al pendiente que cumplan con sus compromisos, participemos y colaboremos en el diseño de la solución de los problemas que nos afectan.
Antonio.faz2018@gmail.com
