El primer fin de semana de febrero de 2025 ha dejado al descubierto, con una crudeza inusual, las profundas fisuras que atraviesan la estructura del partido en el poder, Morena. Dos hechos aparentemente aislados, pero unidos por un común denominador de presuntas vinculaciones con el crimen organizado, han sacudido la escena política nacional, erosionando aún más la ya debilitada credibilidad del proyecto de la Cuarta Transformación y confirmando los peores temores sobre la penetración de la delincuencia en las altas esferas del gobierno.
El sábado 31 de enero, la violencia irrumpió brutalmente en Colima. Familiares cercanos a Mario Delgado, Secretario de Educación Pública federal y uno de los operadores políticos más poderosos de Morena —responsable de campañas clave y señalado en investigaciones periodísticas por manejar financiamiento de origen opaco, vinculados al huachicol— fueron asesinados. Este evento es un mensaje. En el lenguaje del crimen organizado, los ataques a familiares de figuras públicas son una táctica de presión, intimidación o un ajuste de cuentas que sugiere una relación previa, ya sea de confrontación o de complicidad fracturada.
Apenas veinticuatro horas después, el domingo 1 de febrero, la crisis escalaba al máximo nivel legislativo. Adán Augusto López, senador de la República, exsecretario de Gobernación y considerado «casi hermano» político del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó su renuncia a la coordinación de la bancada de Morena en el Senado. Su salida se produce después de meses de señalamientos públicos y reportes de inteligencia sobre su cercanía con grupos criminales en Tabasco, su estado natal. La gota que derramó el vaso fue la acusación formal contra uno de sus colaboradores más cercanos durante su gestión gubernamental, señalado como presunto líder de la organización criminal conocida como «La Barredora». La renuncia, presentada como una oportunidad para trabajar desde tierra para ganar las elecciones en 2027, no logra disipar la nube de sospecha que se extiende sobre su persona y, por asociación, sobre el núcleo duro del lopezobradorismo.
Estos episodios son síntomas de un patrón estructural. Forman parte de un mosaico de señalamientos que vinculan a una alarmante cantidad de funcionarios morenistas con el crimen organizado, como en los siguientes ejemplos:
En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya ha enfrentado cuestionamientos por el encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén, por su enfoque ante la violencia y por omisiones en el combate a los cárteles en una entidad históricamente compleja, además de las acusaciones directas alcaldes y funcionarios de nivel municipal o estatal de su partido.
Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima, gobierna una entidad que se ha convertido en uno de los epicentros de la violencia del país, con cuestionamientos constantes sobre la capacidad de infiltración del crimen en las instituciones locales, contexto que hace aún más grave el asesinato de los familiares de Mario Delgado en ese estado.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, también ha sido objeto de reportes que sugieren la interferencia de grupos delictivos en la política y la administración pública de su estado. No es gratuito que los Estados unidos le hayan retirado la visa para entrar al país vecino.
Este panorama donde la sombra de la delincuencia organizada se proyecta sobre gobiernos estatales, alcaldías y sobre el círculo íntimo de la dirigencia nacional morenista, refuerzan la credibilidad de afirmaciones como las del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha calificado repetidamente a México como un país donde el crimen organizado ejerce el control político.
Frente a esta crisis de legitimidad interna, el gobierno federal se encuentra atrapado en una contradicción insostenible. Por un lado, pregona una férrea «soberanía» frente a la injerencia extranjera. Por el otro, su profunda dependencia económica y comercial con Estados Unidos lo obliga a una sumisión práctica. Para aligerar las presiones de la Casa Blanca, especialmente bajo la administración Trump que prioriza el discurso de la «ley y el orden», el gobierno mexicano realiza malabares: envía a decenas de reos sin el debido proceso de extradición y ofrece capturas espectaculares, pero a menudo efímeras de narcotraficantes, como un teatro para mostrar «avances» en una guerra que, por todos los indicadores, se está perdiendo.
Esta doble moral es desnudada por analistas como Federico Berrueto, quien afirma que la soberanía mexicana se ha reducido a «la soberana decisión de obedecer». Dos ejemplos recientes lo ilustran; el envío de petróleo a Cuba que ha suspendido la presidenta Claudia Sheinbaum, tras décadas de una política exterior mexicana que protegía a Cuba del bloqueo estadounidense y la entrega de más de un centenar de presuntos criminales a Estados Unidos, saltándose el debido proceso de extradición, evidencia que la «cooperación» se ha transformado en complacencia.
El corazón del problema radica en la estrategia de poder de Morena. En su ambición desmedida por conservar el poder, el partido ha adoptado un pragmatismo corruptor. Se ha aliado, tácita o explícitamente, con poderes fácticos regionales, muchos de ellos vinculados al crimen organizado, para asegurar victorias electorales. Su puerta está abierta a cualquier político, sin importar su historial de corrupción o ambición desmedida, con tal de sumar fuerzas bajo su sigla. Esta «coalición de intereses» ha convertido a Morena en un vehículo sin rumbo ideológico claro, más allá del mantenimiento del poder y la lealtad personal al expresidente López Obrador y ahora a su sucesora.
