Con el pretexto de la corrupción, el Gobierno eliminará 109 fideicomisos cuyos montos ahora manejará discrecionalmente.
• En lugar de revisar casos concretos, cortan a rajatabla fideicomisos vinculados a derechos humanos, ciencia, cultura y medio ambiente.
• Se esfumarán 25 mil millones de pesos de ahorro acumulado para la ciencia. El Senado todavía puede rectificar.
Si alguna enseñanza a nivel global hemos aprendido en estos meses difíciles de la pandemia es que no se pueden escatimar recursos a la ciencia y a la salud. La ciencia nos provee medicamentos, tratamientos y vacunas. Son los científicos los que nos brindarán las claves para sobrevivir en un mundo de amenazas micro (virus y bacterias) y macro (el calentamiento global). Por esto mismo resulta inverosímil la falta de sensibilidad y visión a mediano y largo plazo de los legisladores del partido en el Gobierno.
Bajo el argumento corrupción, sin un análisis que sustentara esa acusación, se propone eliminar 109 fideicomisos relacionados a la ciencia, el medio ambiente, los derechos humanos, los desastres naturales, la agricultura, entre otros. Estos fideicomisos representan 68,478 millones de pesos, monto que equivale a casi una décima parte de lo que Pemex perdió solo durante el primer semestre del año.
La creación de los fideicomisos tuvo como fin asegurar que se destinaran recursos a ciertos rubros fundamentales para el país, sin que estos quedaran sujetos a la voluntad política de las administraciones en turno. Esto ya no será así. La ciencia, por poner sólo un caso, cuyas decisiones deben ser lo más neutras posibles, quedará en manos de una camarilla ideológica. Peor aún. El destino de los 68 mil millones de pesos, que hasta ahora estaban etiquetados, se encontrarán a discrecionalidad del Ejecutivo.
Casi cotidianamente el Gobierno Federal critica lo mal que le dejaron la administración los gobiernos anteriores. Sin embargo, el Gobierno actual ha hecho uso de los ahorros institucionales de pasadas administraciones. La SHCP reporta que hay un total de 728 mil millones de pesos en 332 fideicomisos, de los cuales se decidieron eliminar 109 sin proveer alguna racionalidad detrás de esta selección.
Los fideicomisos por eliminar tienen un sesgo particular: están destinados a la ciencia y la tecnología. Se plantea eliminar los 65 fideicomisos con los que cuenta el CONACYT además de 26 relacionados a Centros de Investigación en todo el país.
Si se aprueba la iniciativa de los legisladores de Morena, perderemos un ahorro acumulado para ciencia, innovación y tecnología de 25,742 millones de pesos. México gastaba muy poco en este rubro. Solo 1 de cada 100 pesos del gasto programable del gobierno se va a la ciencia. Presumiblemente ese presupuesto será ahora menor.
El Poder Legislativo convocó a un ejercicio de parlamente abierto. Se escuchó a la comunidad científica y académica. Fue un ejercicio totalmente inútil. Los legisladores escucharon pero no atendieron las razones de los científicos. Todo el proceso ha sido una muestra de desprecio por la ciencia y por el desarrollo del país.
Desde el 2000, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho 58 auditorías al CONACYT, de las cuales 32 están relacionadas con los fideicomisos. La ASF reporta que el 0% de los recursos auditados están pendientes por aclarar o recuperar. Más aún, a partir de estas auditorías, la ASF emitió 270 recomendaciones que bien pudieron ser analizadas para mejorar el funcionamiento de los fideicomisos sin tener que eliminarlos.
Con el pretexto de luchar contra la corrupción, recursos que antes estaban etiquetados para la protección de los derechos humanos, la cultura, la ciencia y los desastres naturales, quedaran ahora en manos del Poder Ejecutivo que los podrá emplear discrecionalmente.
Desde el ángulo jurídico, la eliminación sería inconstitucional debido a que muchos de esos fideicomisos se integran con dinero privado –con recursos provenientes de fundaciones nacionales e internacionales– que no podrán tomarse sin una reforma de por medio. Para ser aprobada la actual iniciativa deberá superar la interposición de diversas controversias constitucionales y solicitudes de amparo que provocarían que el dinero no pueda utilizarse hasta que no se resuelvan los recursos legales presentados.
Confiamos en que el Senado pueda llevar a cabo un análisis riguroso de cada uno de los fideicomisos y no decidir a rajatabla. Exhortamos respetuosamente a los Senadores a evaluar las implicaciones que tendría la aprobación de esta iniciativa. Tenemos mucho que perder.
