- El Covid está replanteando el trabajo tradicional: es necesaria una mayor flexibilidad en el mercado laboral.
- Eliminar la subcontratación podría profundizar la precariedad laboral y la informalidad.
La subcontratación laboral es una figura utilizada y reconocida en todo el mundo. Empleada correctamente, conforme a las leyes, pagando las obligaciones de seguridad social de los trabajadores así como las obligaciones fiscales debidas, apoya el fomento del empleo, la economía formal y la inversión.
Actualmente, según datos del Censo Económico 2019 del INEGI, hay 4.6 millones de personas contratadas bajo la modalidad de outsourcing, siendo la industria manufacturera la que concentra la mayor cantidad (1.2 millones). Las recientes reformas laborales han permitido regular la sucontratación para brindar una mayor certidumbre para los trabajadores y los patrones.
El sector patronal considera que la reforma debe tener como reto principal el regular este mecanismo de contratación y no prohibirlo. Es decir, vigilar a las empresas que lo utilizan y sancionar a las que simulan.
La subcontratación ha permitido que muchos trabajadores encuentren empleo y a su vez, que las empresas sean más competitivas. Esto permite a las empresas ahorrar costos, flexibilizar estructuras y enfocarse en los objetivos de sus negocios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado recientemente su deseo de hacer una reforma legal para prohibir la subcontratación laboral. Una prohibición a rajatabla del outsourcing, como las que acostumbra la presente administración, provocaría una grave afectación al deteriorado panorama económico y pondría en riesgo la subsistencia de empleos legítimos.
Nos enfrentamos a una de las más severas crisis económicas que haya sufrido el país. Se trata, sobre todo, de una crisis de empleo. A consecuencia de la jornada de “Sana Distancia”, 12 millones de personas salieron del mercado laboral. La recuperación hasta el momento ha sido del todo insuficiente. Poco más de 4 millones de personas no han logrado reinsertarse al mercado laboral, de las cuales un millón corresponden al sector formal.
Luego de la crisis global de 2009, México tardó una década en recuperar las tasas de contratación de empleo formal previos a la crisis. En la crisis actual, el impacto económico y en el empleo ha sido mayor. Acciones como la prohibición total de la subcontratación implicarán más dificultades para la recuperación del empleo.
Una de las consecuencias de la pandemia de Covid ha sido el replanteamiento de la idea tradicional del trabajo. Las condiciones futuras deberán de tender hacía la flexibilización. La prohibición de la subcontratación implicará sin duda un retroceso para alcanzar un mercado laboral más flexible.
Uno de los principales obstáculos para la productividad, el crecimiento y el desarrollo de México es la informalidad. 56% de la población ocupada es informal. Debido a la crisis económica que estamos experimentando, a la que se suma la ausencia de apoyos fiscales, es muy probable que aumente la informalidad. Una prohibición indiscriminada del outsourcing profundizará la precariedad laboral que se trata de combatir.
Llamado
Desde Coparmex exhortamos al gobierno federal a que se revise a fondo la implementación de esta figura. En el contexto de crisis económica que enfrentamos, la subcontratación bien regulada implica una herramienta para conservar y promover la creación de empleos.
Nuestro País necesita brindarle a las empresas mayor certidumbre para incentivar la inversión y la actividad económica. Eliminando la subcontratación, estaría en el camino equivocado.
