SEPTIEMBRE, MES DEL TESTAMENTO
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
A mis alumnos de la asignatura
Sistemas Gubernamentales, en
la Universidad Anáhuac de Oaxaca.
A José Ignacio Sentíes Laborde.
A Moisés González Pacheco.
Si usted no ha hecho todavía su testamento y es propietario de un bien inmueble y de varios bienes materiales más que por su valor sea necesario identificar a los beneficiarios de dicho patrimonio -sus herederos- cuando usted ya no se encuentre en este mundo, le sugiero que aproveche la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”; que para efectos prácticos consiste en una disminución sustancial de los honorarios a pagar por hacer dicho testamento ante notario público.
Conozco a personas -y seguramente usted también o usted es una de ellas- que cuando sus familiares o presuntos herederos le sugieren hacer su testamento, se sorprenden, incluso se molestan, y piensan que la sugerencia es porque el que propone quiere ser nombrado heredero y quedarse con todos sus bienes. La reacción normal entonces es la indiferencia o la expresión “ustedes háganse bolas cuando yo me muera” -efectivamente, si no hay testamento se van a hacer bolas y muchas bolas-.
Igualmente conozco el caso -y seguramente usted también- de personas que siendo propietarias de por lo menos un bien inmueble han fallecido de manera inesperada y, ante la falta de testamento, sus familiares se han visto en una situación complicada -a veces bastante complicada y costosa- para mantener la propiedad legal de ese bien, que habitualmente es la casa, terreno o departamento familiar donde habitan. Por fortuna mi experiencia ha sido la de transmisión del patrimonio familiar mediante sucesiones en las que hay un testamento otorgado ante Notario Público.
La verdad es que hablar de testamento lleva implícito el reconocimiento expreso de que nos vamos a morir, y aunque por fortuna no sabemos cuándo ni cómo de cualquier manera es un tema tabú, sobre todo si se platica con personas o entre personas de la tercera edad. Ciertamente todos sabemos que algún día nos vamos a morir, pero es habitual ni siquiera pensar en el tema, sobre todo -insisto- si ya se está en la tercera edad que es cuando más conveniente resulta hacer el testamento -mi esposa y yo hicimos el nuestro hace veinte años, cuando empezaba la historia administrativa que más adelante voy a narrar-.
Cuando se empieza a platicar el tema entre familiares o amigos es frecuente que el interlocutor inmediatamente pregunte: ¿a poco ya te quieres morir?, o bien, ¿a poco ya quieres que me muera?, así es que la plática pasa a otros temas. Nada que tenga que ver ni con el testamento, ni con servicios funerarios contratados de forma anticipada, ni con la compra de fosas o criptas en el cementerio, pues se considera algo así como invocar a los malos espíritus.
Hace varios años tuve la idea de la conveniencia de iniciar una campaña para promover el testamento ante notario público, pues gracias a la honrosa encomienda del entonces secretario de Gobernación, don Santiago Creel, y seis más de sus sucesores, tuve a mi cargo durante varios años, entre otros servicios públicos, materializar la política pública de fomento de la cultura de la legalidad a población abierta.
Razón por la cual me tocó diseñar, implementar y difundir la compilación jurídica nacional y la obra editorial jurídica; así como la organización de congresos o seminarios jurídicos anuales que reunían a profesores y estudiantes de Derecho llegados de todo el país -sin excepción de entidad federativa, pues conocíamos su lugar de procedencia por las invitaciones escritas y los registros electrónicos de asistencia- a veces al edificio de la Secretaría de Gobernación en las calles de Bucareli y Abraham González o a veces en el Palacio de Lecumberri -sede del Archivo General de la Nación, donde antes fue la prisión de profesores y estudiantes universitarios que exigían democracia en este país (fue una fortuna que ni mi hermano Raúl ni yo cayéramos ahí, pero sí estuvo preso nuestro maestro y líder Moisés González Pacheco)- en la hoy Ciudad de México.
Entre dichos servicios públicos de la oficina a mi cargo, estuvieron también el Registro Nacional de Avisos de Testamento y el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales; cuya operación implicaba necesariamente una interlocución permanente con la entonces Asociación Nacional del Notariado Mexicano, hoy Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y con los colegios de notarios de todas las entidades federativas. Pero implicaba también una colaboración y coordinación intergubernamental con las direcciones del Notariado o Archivos de Notarías locales -y con los Registros Públicos de la Propiedad, cuando de estas oficinas dependía la dirección del Notariado o Archivo de Notarías local-.
La campaña “Septiembre, Mes del Testamento” no fue la primera ni la única de las campañas que en ese periodo preparé y emprendí con mis colaboradores desde la Secretaría de Gobernación, gracias a la confianza y apoyo de sus titulares y de quienes tuve el privilegio de que también fueran mis jefes y amigos, los sucesivos subsecretarios de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. De tal forma que cuando con la suficiente anticipación buscamos el apoyo administrativo necesario para difundir esta campaña en tiempos oficiales de radio y televisión, resultó que de los tiempos disponibles en radio y tv solo había tiempo disponible durante el mes de septiembre.
Así es que, aunque en la conciencia colectiva de los mexicanos “Septiembre” es el “Mes de la Patria” -para los lectores extranjeros de esta nota: porque la lucha por la independencia nacional fue iniciada el 15 de septiembre de 1810 por el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, quien desde luego más adelante murió fusilado por la misma causa por la autoridades coloniales españolas-, por la sencilla razón expuesta la campaña tuvo que ser llamada “Septiembre, Mes del Testamento”.
Puesto que México es una república federal, la regulación del Notariado es una actividad a cargo de las autoridades locales, de las entidades federativas, no del gobierno federal. Sin embargo, un par de años antes de la alternancia partidista en el Ejecutivo Federal, los dirigentes nacionales del Notariado Mexicano lograron convencer al entonces secretario de Gobernación, el licenciado Diódoro Carrasco -exgobernador del estado de Oaxaca, entidad donde se originan y publican estas revistas digitales-, que se instrumentara en México un registro nacional (federal) de los testamentos otorgados ante notario público.
Tenían en mente un registro semejante que ya existía en España -un amigo notario español me platicó que ya lo había propuesto para la Unión Europea, no sé si ya lo logró-. Pero la pequeña diferencia es que, a pesar de sus actuales provincias que se asemejan a entidades federativas de un régimen federal de gobierno, el Reino de España tiene una organización administrativa unitaria o centralizada y nosotros tenemos una república federal, con estados libres y soberanos nada dispuestos a compartir información (supongo que construir algo así en la Unión Europea debe ser más complicado).
El titular de la Secretaría de Gobernación federal encomendó entonces iniciar la firma de convenios con las entidades federativas para que éstas compartieran su información sobre testamentos, a fin de formar una base de datos nacional, al entonces director general de Asuntos Jurídicos de la dependencia, el licenciado Roberto Pedro Martínez Ortiz -también de origen oaxaqueño y exfuncionario del gobierno local de Oaxaca-.
En el año 2000 vino la primera alternancia partidista en el Ejecutivo Federal de las tres que ya han ocurrido -y tal vez pronto venga la cuarta-, por lo que los dirigentes del Notariado, principales interesados y promotores originales del registro nacional de testamentos, se acercaron al nuevo director general de Asuntos Jurídicos, el licenciado Daniel Cabeza de Vaca -Notario Público y exdirector del Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato-, a quien correspondió en los primeros días del nuevo gobierno continuar la concertación y firma de los pocos convenios suscritos que hasta ese momento había.
Apenas el año anterior, mi amigo y jefe Joaquín Contreras Cantú (lamentablemente ya fallecido) -entonces director en jefe del Registro Agrario Nacional- y yo habíamos escrito el libro “El Registro Público de la Propiedad Social en México”, editado y publicado conjuntamente por el RAN y el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) del Sistema SEP-CONACYT.
Para mi fortuna, el nuevo secretario de Gobernación, don Santiago Creel, conoció este libro y su contenido le pareció interesante; creo que fue una de las razones por las cuales en el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación estimó conveniente que el Registro Nacional de Avisos de Testamento fuese una más de las atribuciones y responsabilidades de la nueva Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional que generosamente puso a mi cargo.
Es por mi cercanía a los temas agrarios que en esa época intenté que las nuevas autoridades federales agrarias se sumaran a la campaña nacional, a través de la promoción a su vez del llamado testamento agrario, es decir, la “Lista de Sucesores Agrarios” -así se llama en la Ley Agraria- que se inscribe en el RAN, pero lamentablemente no tuve éxito. De cualquier forma, hasta el momento en que tuve a mi cargo en la SEGOB las responsabilidades que he señalado, el número de testamentos otorgados con motivo de la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”, se duplicó respecto a la cantidad existente antes de la campaña; pero creo que fue solamente en beneficio de la población de centros urbanos.
Pues los pobres y los más pobres mayoritariamente habitan en poblaciones rurales hasta donde no los vemos las gentes del asfalto. Pero a los que están en las ciudades la Cuarta Transformación (4T) nunca se propuso darles casa, solo una pensión que ni siquiera alcanza para comprar medicinas cuando alguien de su familia se enferma, pues quedaron totalmente desprovistos de servicios médicos y hospitalarios después de haber desaparecido la 4T el Seguro Popular.
El informe de aviso de testamento otorgado por la SEGOB a partir del banco nacional de información respectivo fue el primer documento con firma electrónica -mi firma- expedido en tiempo real por la dependencia; además de estar señalado en alguna ley local de todas las entidades federativas (Código Civil, Código de Procedimientos Civiles o Ley del Notariado) como un requisito a cumplirse en un proceso sucesorio; gracias al cabildeo que conjuntamente desde la SEGOB y la ANNM hicimos un grupo de servidores de la SEGOB y notarios de la ANNM (siempre impulsados por el Notario José Ignacio Sentíes Laborde) en los congresos locales, para lograr dicha actualización legislativa conforme a la existencia administrativa del banco de datos.
La importancia del Registro Nacional de Avisos de Testamento deriva del hecho que el informe de aviso de testamento local solamente informa sobre la existencia de testamentos otorgados en la misma entidad federativa en la que se lleva a cabo el proceso sucesorio, que desde luego se tramita ante jueces locales. En tanto que el informe nacional incluye la información sobre los testamentos que hubiese podido otorgar en cualquier entidad federativa del país la persona cuya sucesión se tramita. Pues es frecuente haberse otorgado testamento ante notario de una entidad distinta de aquella en la que se tramita el juicio sucesorio, porque el autor de la sucesión o de cujus durante su vida económicamente activa pudo haber residido en varias entidades federativas; incluso, tener su residencia familiar en una y su actividad laboral en otra.
La campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, como ha quedado demostrado con su permanencia hasta el día de hoy después de tres alternancias en el Ejecutivo Federal y en múltiples ejecutivos locales, es un ejemplo de colaboración y coordinación intergubernamental y con la sociedad civil organizada en su colegiación profesional, para el fomento de la cultura de la legalidad en el ámbito familiar -escuché alguna vez que en los cursos de Comunicación Social del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) se le presentaba como el ejemplo de campaña gubernamental más exitosa-.
Por lo mismo, debe ser ampliada a la población que más la requiere: la población rural, propietaria social de ejidos y comunidades, habitualmente de muy escasos recursos que la hacen permanecer en la pobreza o la pobreza extrema. El gobierno federal actual y el presidente de la república sostienen un día tras otro que “primero los pobres”, pero hasta el momento nada han hecho a este respecto.
Ciudad de México, 3 de septiembre de 2023.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA). Autor de libros de Derecho Público, Privado y Social; Administración Pública y Ciencia Política; Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral; sus libros se encuentran en bibliotecas, librerías, en Amazon y en Mercado Libre. Las recopilaciones anuales de sus artículos semanales están publicadas y a la venta en Amazon (“Crónica de una dictadura esperada” y “El Presidencialismo Populista Autoritario Mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato?”); la compilación más reciente aparece bajo el título “PURO CHORO MAREADOR. México en tiempos de la 4T” (solo disponible en Amazon).
