- Afectaría la cadena de proveeduría de autopartes, el empleo, y la recaudación fiscal.
- Muchos delitos se cometen con vehículos que se internan en el país sin registro.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) se pronunció en contra de la regularización de autos ilegales en el país, porque se agudizará la crisis del sector automotriz nacional, el cual refleja una caída en sus ventas este año en 6.5 por ciento.
A nombre de sus afiliados, el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, advirtió que de aprobarse en el Senado de la República el Artículo Décimo Quinto Transitorio a la propuesta de Ley de Ingreso 2020, que pretende legalizar autos que se internaron en el país, se propiciaría la introducción de más vehículos que ya no tienen permiso para circular en Estados Unidos, porque no cumplen con la normatividad del gobierno estadounidense.
“La Concanaco hace un llamado a los senadores a privilegiar el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes, porque de aprobarse esa iniciativa se pueden tener graves consecuencias en materia económica y de seguridad”.
El líder empresarial lamentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyera este artículo a la Cámara de Diputados, el cual aprobaron los legisladores federales sin consultar a los organismos empresariales, como marca la Ley, a los sectores involucrados y segmentos que conforman la cadena de valor de la industria automotriz.
Si esta Ley se aprueba en el Senado de la República, señaló, se dañará a un importante sector productivo, ya que aumentará la caída de las ventas de vehículos, tanto nuevos como usados, así como de autopartes, situación que pondrá en riesgo de cierre a muchas plazas laborales del ramo.
Esta medida se debe rechazar porque es un incentivo para introducir ilegalmente autos al territorio nacional, al facilitar su permanencia en el país, subrayó.
El líder empresarial expuso que la industria automotriz ha tenido un desarrollo importante en México, genera una gran cantidad de empleos formales bien remunerados, así como la creación de empresas proveedoras en estados como Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla, entre otros.
Consideró que cualquier iniciativa de regularización de autos tiene que diseñarse de forma conjunta con los sectores involucrados, sin impactar el mercado interno y sin atentar contra la economía nacional, pues de la industria automotriz dependen miles de familias mexicanas.
“Cuando se permite la regularización de estos vehículos, se caen las ventas de las unidades, nuevas y usadas, y se incrementa la entrada de autos “chocolates” al país, debido a que muchos aprovechan las facilidades y oportunidad que otorga el gobierno para introducir automotores, aun cuando no cumplen los requisitos normativos para circular en materia de seguridad y ambiental”, anotó
Indicó que la permanencia de estos vehículos representa un riesgo adicional, porque también está relacionado con la seguridad, considerando que algunos se utilizan en las fronteras para cometer delitos, comúnmente robo y secuestro.
En México, afirmó, no existe un registro vehicular de procedencia extranjera, y cuando son introducidos ilegalmente no pagan impuestos, ni cumplen con las normas ambientales, lo cual provoca que se desborde ese problema principalmente en las ciudades fronterizas, asentó.
Recordó que este es un problema se viene arrastrando debido a que fue tolerado por las autoridades locales y estatales de la mayoría de las entidades fronterizas, al igual que el gobierno federal permitió su entrada a través de las adunas y su internación por todo el territorio mexicano.
Actualmente, anotó, existen mecanismos legales para embargar los vehículos introducidos ilegalmente a territorio nacional, los cuales tiene el SAT y por la ley de Coordinación Fiscal también todos los gobiernos de los estados.
José Manuel López Campos destacó que también hay mecanismos para importar legalmente, que deberían aplicarse estrictamente en las aduanas, y supervisar su cumplimiento en los Estados del país en los que se introduzcan los vehículos procedentes de los Estados Unidos.
