Reeducación sin evaluación, el eslabón débil en la lucha contra la violencia de género
Lizbeth Bravo
La violencia contra las mujeres en México no es un fenómeno aislado, es una estructura. El INEGI, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, documentó que 7 de cada 10 mujeres (70.1 %) han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. No estamos hablando de casos marginales, hablamos de una normalidad brutal. Y más del 80 % de las agresiones contra mujeres son cometidas por hombres (muchas veces la pareja o expareja), la pregunta incómoda es inevitable ¿qué se está haciendo con los agresores?
En el discurso oficial, México sí contempla la reeducación de hombres que ejercen violencia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación del Estado de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. En esa arquitectura normativa caben los programas de intervención para agresores. En la práctica, existen modelos como CECOVIM y servicios estatales (por ejemplo, los ofrecidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en distintas entidades) que trabajan con hombres derivados por orden judicial o, en menor medida, de manera voluntaria.
Sobre el papel, suena correcto: sesiones grupales, revisión crítica de los mandatos de masculinidad, manejo de emociones, herramientas para resolver conflictos sin violencia. El problema es que la realidad no se transforma con buenas intenciones metodológicas.
Primero, la mayoría de los hombres que llegan a estos programas lo hacen obligados por una autoridad judicial. No llegan porque reconocen la violencia como un problema ético propio, sino porque enfrentan una consecuencia legal. Eso condiciona la profundidad del cambio. La reeducación requiere conciencia, no solo asistencia.
Segundo, y más grave: no existe en México un sistema público robusto y transparente que mida de manera longitudinal la reincidencia de quienes pasan por estos programas. Sabemos cuántos talleres se imparten. Sabemos cuántos hombres asisten. Pero no sabemos, con datos nacionales comparables y auditables, cuántos dejan de ejercer violencia cinco años después. Sin métricas claras de impacto (reducción de reincidencia, mejora en la seguridad de las víctimas, disminución de denuncias relacionadas), la política pública queda en el terreno declarativo.
Tercero, la calidad es profundamente desigual. No todas las entidades cuentan con personal especializado en intervención con agresores desde un enfoque de género y derechos humanos. No todos los facilitadores tienen formación clínica o experiencia en dinámicas de poder y control coercitivo. En un país donde la violencia está atravesada por factores estructurales (impunidad, normalización cultural del machismo, precariedad económica), improvisar en la intervención no es un error técnico: es un riesgo social.
El debate incómodo es este: ¿sirven los programas de reeducación? La evidencia internacional muestra resultados mixtos. Algunos modelos bien diseñados y con seguimiento continuo logran reducir la reincidencia; otros no muestran cambios significativos. En México, el problema no es solo la eficacia potencial, sino la falta de evaluación sistemática que permita saber qué funciona y qué no.
Y aquí está la tensión política: apostar por la reeducación de agresores no debe implicar desplazar recursos de la atención a víctimas. Tampoco puede convertirse en una narrativa de “rehabilitación” que minimice la gravedad del daño. La prioridad ética siempre debe ser la seguridad de las mujeres. Pero ignorar a los agresores tampoco resuelve el problema; solo lo desplaza.
Si México quiere que estos programas sean algo más que un párrafo progresista en un plan sexenal, necesita tres cosas urgentes: presupuesto estable, evaluación independiente y transparencia pública de resultados. Indicadores claros de reincidencia. Protocolos homologados. Supervisión técnica. Sin eso, la reeducación corre el riesgo de convertirse en un trámite más dentro del engranaje judicial.
La violencia de género no se erradica solo castigando, pero tampoco se transforma solo dialogando. Se combate con políticas integrales, basadas en evidencia y con rendición de cuentas. Mientras no podamos responder con cifras verificables cuántos agresores dejaron de serlo gracias a estos programas, la sospecha seguirá siendo válida, que estamos más cómodos produciendo discursos que resultados.
Y las mujeres no necesitamos más discursos. Necesitamos garantías reales de que la violencia no se repetirá.
