La austeridad presupuestaria decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 23 de abril, impactó en 75 por ciento del presupuesto de operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por lo que la misma destacó que dicha medida “frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”.
A través de un comunicado, la CEAV destacó el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no los tomó en cuenta, aún cuando son un organismo que “tiene la obligación de garantizar, promover, y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a estos derechos, además de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.
En este sentido, el CEAV no debería de estar sujeto a estos recortes ya que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto de Austeridad. A pesar de ello, y de algunas declaraciones del funcionario público Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Pública, la CEAV no ha sido informada de que se detendrá la reducción del gasto corriente por 139 millones de pesos.
La estructura de la CEAV resulta muy vulnerable a los recortes presupuestales al gasto operativo, ya que se trata de un organismo que carece de inmuebles propios, y la mayoría de los servicios son subcontratados, así como dos terceras partes del personas es eventual o de contratación “outsorcing”. De hecho afirman que 230 funcionarios están en riesgo de perder su trabajo.
Además de no poder solventar servicios básicos como la luz, internet y agua, no podrán pagar el alojamiento y resguardo de la información del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), por lo que corremos el riesgo de perder esa valiosa información de 34,215 personas víctimas de algún delito o violación a sus derechos humanos.
Por otra parte, con la disminución, dicho organismo tendrá 30 por ciento menos de asesores jurídicos, lo cual impedirá el acompañamiento legal a 1,874 personas. Tampoco se podrían entregar los apoyos mensuales a las más 5 mil víctimas que son atendidas en los 32 centros de atención integral en el país.
Asimismo, con la decisión de austeridad determinada por el Gobierno Federal, se perdería por completo la Unidad de Género, lo que dejará sin seguimiento los programas de sensibilización y prevención de acoso y hostigamiento sexual al interior de la propia Comisión.
Esto se suma otras acciones y omisiones de la administración actual que van en detrimento de la red de apoyo para mujeres y niños como el desmantelamiento de los refugios para mujeres y sus familias, el recorte presupuestal a estancias infantiles, y la reducción del Anexo 13 de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Presupuesto de Egresos 2020 en comparación con 2019.
Todo esto sucede en el contexto de que las mujeres están enfrentando un ambiente más violento a consecuencia del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Según la Red Nacional de Refugios se reportó un incremento del 80 por ciento en atención a través de líneas telefónicas y redes sociales entre el 17 de marzo y 17 de mayo. Así mismo, la Red ha recibido 50 por ciento de más solicitudes de ingreso a Refugio durante este periodo.
Además, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en marzo se registró un aumento de 15 por ciento en las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar con respecto al mismo mes del año anterior.
Más aún, el pasado mes de abril se registró la cifra más alta de homicidios de mujeres para un mes desde que se tiene registro con 267 asesinatos. Esto representa un aumento de 14 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. A esto se suman los 70 asesinatos de mujeres clasificados como feminicidios, dando un total 337 mujeres asesinadas tan solo en abril. Esta es cifra significa un promedio de 11.2 mujeres asesinadas cada día.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) lamentamos que dependencias como la CEAV atraviesen una situación donde se invisibilice a las víctimas de delitos; por lo que hacemos un llamado al Gobierno Federal a reconsiderar el recorte presupuestal. Asimismo, es urgente fortalecer la red de apoyo con la que cuentan las mujeres por lo que se deben de reincorporar los subsidios directos a los refugios de mujeres violentadas y sus hijos, a las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.
Desde la Confederación hemos presentado un decálogo de acciones por la inclusión e igualdad de las empresarias dentro de su organigrama. Como organismo empresarial afianzaremos con hechos la participación igualitaria de hombres y mujeres al interior de nuestro sindicato, pero también impulsaremos a nuestras empresas socias a adoptar las acciones afirmativas con las que nos hemos comprometido.
