QUIENES SON Y QUE PRESIDENTES HAN PUESTO A LOS ACTUALES MINISTROS DE LA SCJN?
Siendo actualmente un tema de mucha polémica a nivel nacional, deseo abordar en esta ocasión lo referente a la actuación de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejando para las siguientes semanas la conclusión de algunos temas abordados con anterioridad. De entrada, es preciso señalar que, como es sabido, el Judicial es el único de los tres poderes de la Unión que es integrado sin someterse a un proceso de elección donde participe de manera directa el pueblo mexicano; realizándose su conformación mediante la presentación de una terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal ante el Senado de la República, a fin de que éste seleccione a quiénes por sus antecedentes y desempeño profesional dentro de algunas áreas jurisdiccionales o administrativas, tengan los méritos suficientes para ser designados(as) como Ministros(as) de la Suprema Corte de Justicia, en la inteligencia de que si a juicio de la mayoría calificada del Senado, ninguna de las personas propuestas, obtiene una votación que rebase las dos terceras partes del mismo, se deberá proceder a la formulación de una segunda terna, distinta a la anterior, la cual de ser nuevamente rechazada, la designación directa estará a cargo del Presidente de la República.
Ahora bien, en la Corte actual el Ministro más antiguo es el Abogado Luis María Aguilar Morales de 74 años de edad, originario de la CDMX y egresado de la UNAM, obteniendo el grado con la tesis “Los alcances de la Fracción XIV del Artículo 27 Constitucional para efectos del Amparo”; este personaje que siempre ha sido por sus posiciones, de extrema derecha, fue designado por el ex -Presidente de la República, el Lic. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y por el entonces Secretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont, dentro de la terna de candidatos a ministros de la Suprema Corte, que presentaron ante el Senado de la República, habiendo sido ratificado para dicho cargo para el período que va de diciembre de 2009, a noviembre de 2024, así que todavía le falta un año para que siga boicoteando toda iniciativa que surja del titular del ejecutivo y que sea sometida, cuando ello sea procedente a la consideración de las y los integrantes de la SCJN.
El segundo Ministro con mayor antigüedad es el Veracruzano Jorge Mario Pardo Rebolledo, designado también por el Ex Presidente Calderón, Abogado de 64 años y que asumió dicho cargo el 10 de febrero de 2011; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, nombrado por el Ex Presidente panista Felipe Calderón, de 54 años y originario del Estado de Morelos, es otro ministro de derecha al igual que el anteriormente mencionado y que ingresó a la Corte el día 1 de diciembre de 2012. Alberto Pérez Dayán de 62 años, igualmente nombrado por el Ex Presidente Calderón, es un abogado originario de la CDMX, destacando por ser una persona de extrema derecha. A Javier Láynez Poticek, de 64 lo puso en la Corte el Ex Presidente Peña Nieto, el 10 de diciembre de 2015 y es originario de Coahuila. A la Actual Presidenta de la SCJN, la abogada Norma Lucía Piña Hernández, de 63 años de edad y originaria de la CDMX , la designó Peña Nieto el 10 de diciembre de 2015 y ha sido la Ministra que se ha caracterizado por votar sistemáticamente en contra de todas las iniciativas provenientes del actual Presidente de la República.
El Ministro Juan Luis Alcántara Carrancá de 74 años de edad y originario de la Ciudad de México, lo designó el 20 de diciembre de 2018, el actual Presidente de la República, al igual que a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat de 50 años y nativa de Nuevo León; sin embargo, ambos se alinean a la mayoría de la Corte y están también en contra de las iniciativas presidenciales. La Dra. Yazmin Esquivel Mossa de 60 años y Loretta Ortiz Ahlf, de 68, ambas originarias de la CDMX y designadas por AMLO, son las únicas que han apoyado invariablemente las propuestas del Presidente; sin embargo, la primera se ha visto envuelta en el escándalo ocurrido a raíz de que se descubrió que plagió su tesis de Licenciatura, misma que cursó en la UNAM y ha sido ampliamente desacreditada en diversos medios.
Por lo que se refiere a Loretta Ortíz, últimamente también ha mostrado su desacuerdo con la iniciativa presidencial de reformar los procedimientos para la integración de la SCJN y los nombramientos de Jueces y Magistrados, por la vía del sufragio popular, como lo fue en el período de gobierno del Lic. Benito Juárez García, a mediados del siglo XIX. Por estos días habrá de definirse que persona entrará como Ministra en sustitución del Lic. Arturo Saldivar Lelo de Larrea, quien recientemente renunció a su cargo de Ministro de la Corte.
Debe señalarse que la actual SCJN, se ha colocado como un poder que se encuentra en total en contra del ejercicio gubernamental que dirige el Presidente AMLO y prueba de ello han sido sus posiciones de negarse a aplicar al interior de esta, la política de austeridad acordada por el actual mandatario en el sentido de reducir los gastos por servicios personales de ese órgano, además de autorizar desbloqueos de cuentas millonarias de un delincuente que se encuentra encarcelado en Estados Unidos de Norteamérica, la liberación inmediata de personas narcotraficantes y otros declarados delincuentes de cuello blanco, el apoyo a deudores al fisco multimillonarios, como es el caso del dueño de Elektra y TV Azteca, por mencionar solo algunas
Desde el humilde punto de vista de quien esto escribe; estoy totalmente a favor de que se reforme la Constitución, a fin de que quienes encabezan las instancias del Poder Judicial sean electos mediante procesos electorales donde participe directamente la ciudadanía; en la inteligencia de que se consulte a nivel nacional cuáles deben ser los procedimientos de elección y que requisitos profesionales y experiencia en materia jurídica legal deben cubrir las y los aspirantes. Asimismo, se deben reducir –por exagerados- los periodos o mandatos constitucionales en los cargos de los Ministros, Magistrados y Jueces, así como introducir en estos la revocación de mandato, pues si un impartidor de justicia, hace de las suyas o se vende con la delincuencia, deberá ser cesado en forma inmediata.
Además de lo anterior, como empleados federales que son, deberán tener percepciones que sí reconozcan sus méritos académicos, pero que también estén acordes con la realidad económica de la nación, además de tener derecho a los servicios médicos y otras prestaciones sociales como cualquier trabajador del Estado mexicano.
La justicia en nuestro país, nunca deberá ser impartida por una élite de personajes que por ser ilustrados, deban asumir posiciones prepotentes y déspotas, además de aspirar a vivir como reyes a costa de la pobreza de las y los mexicanos.
