* Son altamente preocupantes: el riesgo de juicio político por la violación de la veda electoral, la aprobación de la controvertida Cuenta Pública, la pugna por el nombramiento de nuevos magistrados y el riesgo de destitución por desacato del saneamiento de los ríos Atoyac y Salado.
* Los integrantes de la Jucopo del Congreso del Estado han tomado como rehén al Gobernador para irse con las alforjas llenas, lo que se complica por la falta de operadores, las traiciones y la falta de visión y sensibilidad de sus amigos y cercanos colaboradores.
La irresponsable pugna entre los grupos políticos foráneo y local, yupis y yopes, en el gabinete legal y ampliado, ha saboteado de manera permanente los programas y acciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
En tales condiciones, consecuentemente, la recta final y el cierre de la administración, a nuestro leal saber y entender, se complica al continuar creando conflictos innecesarios al mandatario estatal, a pesar de lo cual da resultados positivos.
Como es lógico y natural, agrava la situación del declive de la administración estatal la guerra política a muerte, sin dar ni recibir cuartel, por la sucesión e inminente candidatura a la Gobernación de Oaxaca.
Es una batalla campal de todos contra todos, pero especialmente al interior de las filas del PRI-gobierno entre los integrantes del gabinete legal y ampliado por la permanencia en el poder para seguir medrando.
El estado de cosas es peor en las tribus de Morena, sobre todo, como consecuencia “que enfermaron” al senador Salomón Jara Cruz, obsesionado en imponerse como candidato de Morena a gobernador, ahora, quizás del PT.
Priistas, leales y traidores, y morenistas han convertido, particularmente al Congreso del Estado y al Tribunal Superior de Justicia, en la arena política de su desmedida ambición política por continuar en el poder y seguirse enriqueciendo.
Es por demás, público y notorio, conocida de todos, la escandalosa corrupción que caracteriza a los diputados priistas y morenistas con evidencias públicas en el caso del presidente de la JUCOPO, Fredie Delfín Avendaño.
Pero no es el único caso de manera excepcional. La corrupción sin límite ni llenadera alguna se hace extensiva al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Avilés Alvarez, y a los demás coordinadores.
Son precisamente los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la feneciente LXIV Legislatura local del Congreso del Estado, quienes han tomado como rehén al gobernador Alejandro Murat.
Las presiones políticas y chantajes económicos para no irse con las manos vacías y sí con las alforjas llenas, se complican ante la falta de operadores o bien al vender estos muy caro sus servicios.
Fredie Delfín Avendaño y Alejandro Avilés Alvarez se han despachado con la cuchara grande los 117 millones de pesos que quedan de los 170 que maneja la JUCOPO, de los cuales Delfina Elizabeth Guzmán Díaz tomó 5 millones. Aun así exigen mayores recursos.
La falta de visión, sensibilidad y compromiso con el Jefe del Ejecutivo estatal por parte de sus amigos y cercanos colaboradores, complica y agrava los conflictos innecesarios que enfrenta Murat Hinojosa.
Cuatro temas son altamente preocupantes: el riesgo de juicio político por la violación de la veda electoral, la aprobación de la controvertida Cuenta Pública, la pugna por el nombramiento de nuevos magistrados y el riesgo de destitución por desacato del saneamiento de los ríos Atoyac y Salado.
Este último irónicamente, incluso, ya se judicializó, al tener que llegar a tribunales el asunto, después que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara carpetas de investigación a los magistrados “espurios”.
En este asunto surge una complicación más porque el abogado defensor de las juezas que impugnaron inicialmente el nombramiento de los dos magistrados por el Gobernador es el Maestro Carlos Morales Sánchez.
Y este último es Presidente de la Asociación Civil Litigio Estratégico Indígena, que logró obligar al Estado y Gobierno mexicanos a sanear los ríos Atoyac y Salado, a través de la resolución del Poder Judicial de la Federación.
El tema no es menor, ya que al no dar cumplimiento cabal a la sentencia del Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Séptima Región de Acapulco, Guerrero, el Estado y Gobierno mexicanos incurren en desacato.
De no acatar en una primera instancia el mandato judicial, las autoridades gubernamentales serán acreedoras a una multa económica, seguido de prisión preventiva y en caso de seguir incumpliendo el resolutivo los titulares serán destituidos de sus cargos.
De tal suerte que el Maestro Carlos Morales Sánchez, Presidente de la Litigio Estratégico Indígena A. C., tiene en las manos la empuñadura de la Espada de Damocles que pende sobre la cabeza de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Las autoridades que por mandato judicial tienen que intervenir en el saneamiento de ambos ríos son el presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Asimismo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa; el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín; el Presidente Municipal de San Miguel Amatlán, Pablo Martínez García; el Presidente Municipal de Díaz Ordaz, Everardo Cruz Juan.
El Presidente Municipal de Tlacolula de Matamoros, Carlos Manuel León Monterrubio; el Presidente Municipal de Mitla, Abelardo Ruiz Acevedo; el Presidente Municipal de San Agustín de las Juntas, Tomás Pérez López; y el Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Emmanuel Alejandro López Jarquín.
El asunto de ninguna manera es menor, menos ahora que hábil y perversamente el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas, utiliza al Maestro Carlos Morales Sánchez, como ariete para mantener el poder.
El juez federal determinó que las condiciones ambientales en un ecosistema influyen directamente en la salud de quienes lo habitan, asimismo, señaló que hay una omisión de los tres niveles de gobierno para adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar ecológicamente y sanear la contaminación de los ríos Atoyac y Salado.
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