La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca reconoce y respeta las atribuciones constitucionales del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como su interés legítimo en el seguimiento de los asuntos que se encuentran en trámite ante esta institución.
En atención al exhorto formulado por la Diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez, la Fiscalía reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la autonomía en el ejercicio de sus funciones e informa que los hechos señalados corresponden a investigaciones que se desarrollan conforme a los plazos, etapas y procedimientos previstos en la legislación aplicable. Esta institución garantiza que todas las actuaciones ministeriales se realizan con estricto apego a derecho, salvaguardando el debido proceso y los derechos de todas las personas involucradas, sin distinción de cargo público, función o posición política.
Es pertinente reiterar que la Fiscalía actúa de manera independiente, objetiva e imparcial, privilegiando en todo momento el interés de la justicia, la observancia del marco constitucional y el cumplimiento de su mandato legal.
En este contexto, la Fiscalía continuará impulsando las diligencias ministeriales y actos de investigación necesarios hasta agotar la etapa de integración de las carpetas correspondientes, con el propósito de reunir los elementos de prueba suficientes que permitan, en su caso, formular imputación ante la autoridad judicial competente. Todo ello se realizará conforme a los principios de legalidad, objetividad y profesionalismo, a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien determine lo que en derecho corresponda, con base en pruebas válidamente obtenidas y en estricto apego al marco normativo vigente.
La institución reitera su disposición para mantener canales de comunicación institucionales con el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en un marco de respeto, colaboración y plena observancia de las competencias constitucionales de cada institución.
La Fiscalía sostiene una política orientada a garantizar que no exista espacio para la impunidad, asegurando que cada asunto avance conforme a derecho y que, en su caso, se ejerzan las acciones legales procedentes ante la autoridad judicial competente.
