Graciela RAMÍREZ LUNA*
El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozan de los derechos humanos así como de las garantías para su protección, mismos que son reconocidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Asimismo, nuestra Carta Magna establece que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos (Artículo 3º).
Dentro de las instituciones educativas, es innegable que en ocasiones existen agresiones que se realizan dentro de estas, las cuales pueden expresarse de distintas formas por los actores que conforman a la comunidad escolar. Esto es que no sólo se reduce a la cometida entre estudiantes, sino también involucra a padres de familia, maestros, directivos y personal administrativo.
La violencia escolar representa uno de los más graves problemas sociales y se puede dar de forma verbal, física y psicológica, pero no se limita a ello, pues se observa también violencia sexual, cibernética, patrimonial, económica y social. Por ello, es apremiante el que se pueda prevenir y atender la violencia en las escuelas.
El autoritarismo, la represión y la protección a los violentadores, ya no deben ser mecanismos para enfrentar los problemas de la convivencia escolar cotidiana, sino que se deben construir nuevas estructuras en donde la sana convivencia pueda ser sustentada en nuevas propuestas para el manejo de conflictos, en donde el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, deben ser desarrolladas e impulsadas en todas las instituciones educativas.
No todas las instituciones cuentan con mecanismos y protocolos para atender casos de violencia -o no hay procedimientos claros para proceder al respecto-, ni existe la sensibilidad para tratar estos temas en forma adecuada o bien, se teme a las represalias que se puedan emprender en contra de las víctimas.
Ante este panorama, la diputada Mariana Benítez presentó una reforma a la Ley de Educación del Estado de Oaxaca, a efecto que sea mandato que las instituciones educativas públicas y privadas de nivel secundaria, medio superior y superior, creen y apliquen los protocolos para prevenir y erradicar la violencia de género en el ámbito escolar, iniciativa que deberían de arropar todos nuestros representantes.
Independientemente de ello, considero indispensable que todas las instituciones educativas se deben comprometer a ser cero tolerantes a la violencia, y que directivos, profesores o catedráticos, personal administrativo, padres de familia y estudiantes, deben contribuir para brindar un ambiente escolar sano.
*Abogada oaxaqueña comprometida con la sociedad, defensora de los derechos de la mujer y la familia. Maestra en Derecho Constitucional, Diplomada en Derecho Sanitario y Auditoría Legal de empresas.
IG / FB: RamírezLunaCorporativo
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