Por décadas, México ha buscado avanzar posiciones en la construcción de un Federalismo articulado y moderno, que brinde equilibrios institucionales entre el Gobierno Federal y las entidades federativas, así como la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La importancia del Pacto Federal es indiscutible, porque impulsa mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, promoviendo la estabilidad de las finanzas públicas.
En el ámbito hacendario, gran parte del incipiente federalismo que hoy tenemos como País, se sustenta en los Convenios de Coordinación Fiscal, que fueron diseñados bajo la lógica de aumentar la eficiencia tributaria, limitando las potestades recaudatorias de los Estados a favor de la Federación, a cambio de obtener una mayor participación en los ingresos fiscales.
La coordinación fiscal no significa que las entidades deban tener una disminución de sus ingresos fiscales potenciales. Por el contrario, con los Convenios de Coordinación se busca que los estados obtengan una cantidad mayor –por eficiencias a escala– que la que obtendrían si ellos establecieran sus propios esquemas tributarios, al tiempo que se beneficia el desarrollo armónico en el País.
En Coparmex siempre hemos pugnado por un Federalismo pleno y por la organización y colaboración armoniosa entre los tres niveles de gobierno.
Por ello, hoy externamos nuestra preocupación, ante lo que parece ser la llegada de un Modelo Neo Centralista, que pone en riesgo los avances en materia de federalismo de las últimas décadas, limitando la soberanía, la libertad y el pleno desarrollo de las entidades federativas.
Resulta paradójico que el actual Gobierno de México destaque la evolución democrática y que, en los hechos, se muestren acciones propias de un centralismo involutivo.
Más allá del fortalecimiento de nuestra democracia electoral, la verdadera evolución democrática de México necesariamente pasa por el cumplimiento de lo que establece nuestra Constitución en su artículo 40.
Es primordial que México se mantenga como una república representativa, democrática y federal, compuesta por Estados libres y soberanos, unidos en una Federación conforme a los principios de nuestra Ley Fundamental.
Estos principios claramente reprueban cualquier forma de involución hacia un centralismo dañino, como el que se pretende imponer en pleno siglo XXI.
Hace unos días, el Gobierno Federal –a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público– hizo entrega ante la Cámara de Diputados del Paquete Económico 2020; que incluye los Criterios Generales de Política Económica, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2020.
En términos generales, el Paquete Económico emite una señal positiva, pero presenta algunos focos de atención en lo particular, sobre todo en materia de egresos, ante la clara apuesta del Gobierno Federal por el gasto corriente en detrimento de la inversión física, así como la recomposición presupuestaria de los recursos para los estados.
Resulta preocupante la caída en términos reales del 0.5% en el Gasto Federalizado, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; misma que se explica por dos razones:
La primera razón, es una reducción del 0.9% en el Ramo 28, que corresponde a las Participaciones Federales; cuyo objetivo es el de distribuir recursos entre los gobiernos estatales sin condicionamiento y a partir de su actividad económica. Cabe señalar que en este ramo se incluye al Fondo de Fomento Municipal y que para el siguiente ejercicio se propone una reducción del 0.53%, respecto de lo aprobado en 2019.
Esto básicamente quiere decir que se le está dando la espalda a los municipios, comprometiendo el presupuesto designado a llevar a cabo las distintas agendas de desarrollo local, centralizando la asignación de los recursos.
La segunda razón, es una reducción del .3% del Ramo 33, que integra las Aportaciones Federales orientadas a actividades estratégicas de desarrollo nacional desde los estados. Entre otros aspectos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal se disminuye en la misma proporción del .3%.
Esta reducción hace patente la centralización del presupuesto en una de las dimensiones más sensibles a las aportaciones estratégicas: destinar recursos en favor de la seguridad de las familias mexicanas.
Con la reducción del Gasto Federalizado se está afectando a 25 de las 32 entidades federativas, quienes observan una reducción real de su presupuesto entre lo aprobado en 2019 y lo propuesto en 2020. Cabe señalar que las disminuciones más significativas fueron en la Ciudad de México, Tamaulipas y el Estado de México.
En este punto, vale la pena destacar que el hecho de que nuestro país haya sufrido administraciones estatales con altos índices de corrupción, no justifica la premisa de tener que despojar a las entidades federativas de un presupuesto adecuado que les permita cumplir con su mandato.
En Coparmex estamos a favor de combatir frontalmente la corrupción en todos los niveles y en todas sus formas, pero no puede ser en detrimento de las haciendas públicas de los Estados.
Para erradicar la corrupción en el ámbito estatal, se deben aumentar las capacidades de fiscalización a través de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que pueda auditar una parte mayor del presupuesto estatal y no solamente a nivel muestral, como es en la actualidad.
Igualmente deben aumentarse las capacidades para procesar administrativa y penalmente los casos en los que haya desviaciones o actos de corrupción asociados al uso de los recursos públicos federales que se ejercen en los estados, de manera mucho más inmediata a la ejecución del gasto.
En Coparmex compartimos y respaldamos las expresiones de inquietud que provienen desde las diversas entidades federativas, derivadas de la insuficiencia de ingresos.
Consideramos que las advertencias de algunos gobernadores –que plantean la posibilidad de abandonar el pacto fiscal federal para financiarse a partir de sus propias capacidades de tributación, son entendibles y no por ello gravemente preocupantes.
El riesgo de proceder a la descoordinación fiscal como respuesta al Neo Centralismo supone consecuencias importantes, como la cancelación de las aportaciones tributarias a la Federación por parte de las entidades o el rompimiento de los equilibrios presupuestales del Estado.
El México del siglo XXI requiere de la mejor versión de nuestro federalismo, con entidades fuertes en recursos y facultades; así como con un Gobierno Federal articulando los esfuerzos en favor de todos los mexicanos, cumpliendo a cabalidad con los principios básicos de nuestra legislación.
En Coparmex, reconocemos la importancia de preservar la coordinación fiscal, como instrumento clave para promover el crecimiento y el desarrollo.
Hay que decirlo: el Pacto de Coordinación actual está pensado para un mundo centralista, porque no promueve la inversión en los gobiernos locales. Al día de hoy, la suma de las aportaciones y participaciones que se destinan a las entidades alcanza los 1.7 billones de pesos. Se trata del principal gasto fijo de la Federación.
Con ello, entre otros conceptos, se pagan las nóminas, gastos administrativos y operativos, así como endeudamientos de los gobiernos municipales; pero muy poco se destina a inversión física. De esta manera, se está degradando la importancia de invertir en aspectos fundamentales como los proyectos de infraestructura –que a la larga impulsan el crecimiento, los empleos y el bienestar en las entidades federativas.
La terminación de los fondos discrecionales del Ramo 23 fue un buen inicio, pero no es suficiente. Si verdaderamente queremos transformar a México, tenemos que generar nuevos incentivos y la creación de capacidades institucionales en las entidades para facilitar la inversión física y detonar el desarrollo de largo plazo.
Igualmente, los estados deben aprovechar sus capacidades recaudatorias para ayudar a combatir la informalidad en la economía y, con ello, tener acceso a más recursos y poder detonar proyectos de inversión que beneficien a sus gobernados.
En Coparmex creemos que es momento propicio para convocar a los tres órdenes de gobierno –junto con la sociedad civil– y llevar a cabo una verdadera Convención Nacional Hacendaria, que permita alcanzar acuerdos significativos en tres dimensiones:
Primero, la redefinición de las competencias tributarias; es decir, precisar nuevamente lo que recauda la Federación, cada una de las 32 entidades y los gobiernos municipales.
Segundo, lograr una nueva legislación fiscal tanto a los impuestos directos –como el ISR– como los indirectos –como el IVA y el IEPS–.
En este punto, vale la pena señalar que no se trata de subir impuestos en aras de aumentar la recaudación. Para ello, es fundamental encontrar nuevos mecanismos que incrementen la base de contribuyentes y, con ello, elevar los ingresos de recaudación.
Y el tercer elemento para analizar en la Convención Nacional Hacendaria es la fórmula del egreso, es decir, cómo se distribuye el producto de la recaudación.
Hay que resaltar que la fórmula actual –calculada en tiempos del Presidente López Portillo– ha perdido su lógica y balance, y requiere de un ajuste acorde a la nueva realidad, sobre todo para dejar de perjudicar a las entidades federativas que tienen una relación negativa entre lo que aportan a la Federación y lo que reciben de ella.
Estamos convencidos de que, con un renovado federalismo, es posible fortalecer al Pacto Federal, y de esta forma, potenciar el desarrollo de cada una de las regiones.
