PRESTIDIGITACIÓN EN LA JUSTICIA ELECTORAL:
NADA POR ACÁ, NADA POR ALLÁ
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Si usted, amable lectora(a), leyó mi colaboración de la semana pasada en estas
mismas páginas digitales, se habrá enterado de que acudí a una convocatoria
pública para participar en el proceso de selección, evaluación y elección de
aspirantes a integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, incluso
para presidirlo.
Como mi artículo a veces lo empiezo a escribir a media semana y lo concluyo a
punto de enviarlo a la redacción de la revista -como sucede ahora mismo-, cuando
lo inicié solamente reproduje los hechos relativos a la presentación del examen en
el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, cuando ni me imaginaba que
finalmente me animaría a demandar las violaciones que advertí -y muchos más
advirtieron también- durante la aplicación y calificación del examen. Recordará
usted, tal vez, que mi artículo se titulaba “La tragedia en la selección de
consejeros del INE”, en el que platiqué algunas de esas irregularidades, de otras
me enteré después. Otras más traté de probarlas, pero no me dejaron, ya verá
usted quiénes.
Cuando terminé de escribir ese artículo la semana pasada, una vez que constaté
el único dato que me había faltado en el borrador inicial -la referencia bibliográfica
exacta del libro Políticas Públicas en Democracia-, ciertamente ya estaba yo muy
atareado redactando una demanda contra la Junta de Coordinación Política y el
Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados; pero también con la
urgencia de enviar mi colaboración semanal a la revista, así es que ya no hice
referencia puntual a la demanda que presentaría ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
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Recuerdo que también me limité a modificar esa parte inicial que originalmente
decía “para cerrar” y que cambié por “para ir cerrando la página sobre este
episodio”; puesto que la redacción de la demanda en busca de justicia electoral
estaba avanzada y sería presentada muy pronto, al día siguiente. Así es que por
falta de tiempo ya no abundé más sobre el siguiente acto que se iniciaba en esta
comedia de equivocaciones, no mías desde luego, pues solo me he limitado a
denunciar lo que me ha sido posible. Ahora hasta hay una demanda más, una
solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
La principal violación argumentada y que me proponía acreditar con las pruebas
que ofrecí y preparé era, desde luego la manipulación de los resultados de la
evaluación. Sostengo, y muchos más conmigo, que a unos les dieron copia de las
respuestas correctas, si no es que precargaron su examen ya respondido con
todos los aciertos, en tanto que a otros nos bajaron la calificación; así lo señalé en
la demanda, palabras más palabras menos. Así lo señalo ahora en mi solicitud de
medidas cautelares que he presentado a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos con sede en Washington. Pero es lo mismo que dicen por todas partes
quienes asistieron al examen, tanto en redes sociales, la prensa y en sus
demandas ante el TEPJF.
Para sembrar una duda razonable en el juzgador que resolvería mi caso, y los
secretarios de estudio y cuenta o proyectistas que le ayudaran, solicité las pruebas
de la manipulación de resultados correspondientes a los únicos que podían
tenerlas, los demandados o autoridades responsables: la Junta de Coordinación
Política y el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión. Nada más les pedí el sistema operativo del examen, su
huella digital informática, así como la videograbación de la sesión cuando nos fue
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aplicado de manera tan vistosa ese examen en el salón de sesiones del recinto
parlamentario de San Lázaro. ¡Un ejemplo de democracia electoral!, según los
gesticuladores que organizaron el teatro para que lo vieran todos en México y en
el mundo. Pero el teatro se les cayó muy pronto, aunque insisten en designar
consejeras y consejeros electorales a modo, incluido su presidente o presidenta.
Espero que no lo logren.
Solicitar las pruebas fue un primer calvario. Primero, para entregar el escrito de
solicitud de pruebas y, luego, lo que obtuve. El escrito dirigido a la JUCOPO por lo
menos pude entregarlo, pero el dirigido al Comité Técnico de Evaluación ni
siquiera me lo recibieron en San Lázaro. Por el contrario, se burlaron de mi y me
insultaron los vigilantes en la puerta #1 y en la puerta # 7, como puntualmente lo
señalé en mi escrito de demanda. No me preocupé poque sabía que el TEPJF les
solicitaría esas pruebas y las tendrían que entregar de todos modos.
El caso es que muy contento y confiado en la justicia electoral de mi país, el lunes
13 de marzo de 2023, a las doce horas con 38 minutos, entregué mi demanda. Al
día siguiente, por cierto, acompañé a un amigo, Jesús Nava Ramírez, a entregar
otra demanda parecida. Por eso nos dimos cuenta de que habían llegado por lo
menos unas veinte demandas en contra del Comité Técnico de Evaluación.
Obviamente a todos “nos dieron palo”, como se dice en el lenguaje coloquial
forense. Pero veamos cómo sucedió esto, al menos en mi caso y en el de mi
tocayo que son los que conozco al detalle.
Para que no quedara duda y antes de entrar siquiera a los razonamientos de las
partes y de la magistrada ponente en nuestro caso, inmediatamente después de la
fecha quince de marzo de 2023 -dos días después de entregada mi demanda y al
día siguiente de haber sido entregada la demanda de mi amigo-, la sentencia
dictada en ambos expedientes que fueron acumulados inicia con la siguiente
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fulminante conclusión: “La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, confirma, en la materia de impugnación, el acto controvertido,
porque los agravios de los actores son infundados e inoperantes para alcanzar
su pretensión”; tal cual, incluidas las negrillas.
La sentencia se extiende a lo largo de 47 páginas, 30 de las cuales se refieren a
formalidades procedimentales seguramente muy importantes, y 17 de ellas se
dedican a echar abajo los agravios contenidos en la demanda. Nada de suplencia
de la queja, por si algún razonamiento nos hubiera faltado. Pero tampoco nada de
análisis sobre el principal agravio: la manipulación de los resultados del examen.
Mucho menos nada respecto a las pruebas ofrecidas para acreditar, según el
caso, que había habido esa manipulación del examen y sus resultados. Más aún,
la JUCOPO no siquiera aparece como autoridad responsable en la sentencia, a
pesar de estar señalada en las demandas.
Lo curioso del asunto es que hubo un acuerdo del presidente del TEPJF mediante
el cual solicita mis pruebas al Comité Técnico de Evaluación, pero de ésta y otras
pruebas no hay la más mínima referencia a lo largo y a lo ancho de toda la
demanda. Seguramente no era necesario referirlas en el caso de los agravios
declarados inoperantes e infundados, pero hubo un agravio al que ni siquiera se
refiere la sentencia. Pues el pequeño problema es que la sentencia no refuta
TODOS mis agravios, le faltó referirse al que más me importaba y al que, para
acreditarlo, el presidente del Tribunal ya había solicitado la prueba respectiva al
Comité Técnico de Evaluación, como correspondía a mi ofrecimiento de pruebas.
El caso es que por arte de magia el principal agravio y su medio de prueba
desaparecieron. A cambio de ello, mi tocayo Jesús Nava Ramírez y yo recibimos
una prueba fehaciente e indubitable de que en México existe justicia pronta y
expedita, al menos en la materia electoral. Mi demanda fue admitida y cerrada su
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instrucción solo en dos días, pero la de mi tocayo en un solo día. Nada más que
fue una sentencia a modo para no incomodar al poder político.
La tarde del día 15 de marzo de 2023 apareció un comunicado de prensa del
TEPJF en que señalaba que en la sesión de ese día la Sala Superior había
resuelto varios expedientes, algunos en contra del Comité Técnico de Evaluación
como autoridad responsable; supuse de inmediato que entre todos esos
expedientes resueltos estaban los nuestros.
Antes de conocer este boletín que usted puede ver en la página web del TEPJF,
mi tocayo, amigo y co-demandante, quien vive en León Guanajuato, me envió un
mensaje con un cartel digital que, entre otros datos, daba la noticia escueta
siguiente: “Conclusión: Se debe confirmar la lista definitiva de quienes continuarán
en la tercera fase del concurso público para la designación de la presidencia y tres
consejerías del INE, al estar debidamente fundado y motivado”.
Se refiere dicho mensaje digital, desde luego, a las sentencias que el día 15 de
marzo había resuelto la Sala Superior para exonerar de toda culpa al Comité
Técnico de Evaluación. Ni la más leve sombra de duda para la Sala Superior de
que algo hubiera podido estar mal en todo este batidillo que tanto la prensa como
las redes sociales y más de veinte demandas de aspirantes inconformes
documentamos y tratamos de probar con todo detalle con nuevas pruebas
ofrecidas.
Con lo que leí en ese cartel digital -preparado por un experto en cuestiones
electorales que además tiene información de primera mano, pues el cartel
(anónimo) decía todo lo necesario-, me di cuenta de que mi asunto estaba
perdido. Así es que en lugar de lamer mis heridas mejor me puse a redactar una
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solicitud de medidas cautelares, las que me habían negado en el TEPJF, ahora a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al día siguiente, por la tarde del jueves 16 de marzo, llegó a mi domicilio particular
la notificación personal de la sentencia. Como toda la tarde había estado
redactando la solicitud a la CIDH, por la noche cuando llegué a mi domicilio el
vigilante del edificio me entregó la notificación que le habían dejado en propia
mano. Aunque la cédula de notificación dice de manera solemne: “encontrándose
cerrado el domicilio, en este acto se procede a fijar en la puerta de acceso del
mencionado inmueble, en un lugar visible del local, cédula de notificación personal
así como copia de la citada determinación en cincuenta páginas con texto”. El
caso es que pude conocer el contenido de la sentencia.
Leí la sentencia con delectación. Esa tarde había enviado ya mi solicitud de
medidas cautelares, junto con mi petición de que el asunto lo conozcan tanto la
CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recibí ya la
notificación de la CIDH de que mi solicitud está en estudio en el expediente MC-
220-23. Ahora debía ampliarla y enviar la sentencia y los argumentos que aquí he
comentado, lo hice de inmediato. La semana próxima entraré a nuevos detalles.
También sobre la actitud del TEPJF en este juego de vencidas entre el presidente
de la república y el Poder Judicial de la Federación.
Entre tanto, en México, los partidos políticos de oposición han guardado
respetuoso silencio sobre el tema, la prensa nacional diaria también; hay una crisis
económica internacional en puerta y otros muchos temas de interés, así es que la
memoria colectiva olvida pronto. Por fortuna la revista “Proceso” de este domingo
sí le dedica un artículo, aunque con menos detalles judiciales de los que aquí
relato. Espero que el alboroto que hemos armado los inconformes al menos les
haya servido a los partidos opositores para obligar a la mayoría legislativa de
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MORENA a sentarse a negociar la reapertura del sistema de cuotas. No es
mucho, pero es algo.
Ciudad de México, 19 de marzo de 2023.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Ciencia Política (Francia) y doctor en Derecho
(México), con Especialidad en Justicia Electoral por el TEPJF. Autor de libros de
Derecho Electoral y de Derecho Procesal Electoral.
