- Las y los líderes de organizaciones sociales mantienen sitiada la ciudad de Oaxaca para presionar y chantajear al exigir más y más recursos al Gobierno del estado. Claro ejemplo de ello es Jaqueline López Almazán y sus 40 ladrones, autonombrados “Alianza de Pueblos por la Justicia Social”, integrada familiarmente, pues cada quien tiene su organización social y piden techos presupuestales de 40 a 60 millones de pesos al Gobierno del estado cada año, pero ahora exigen otros 20 millones por cierre de sexenio.
Las organizaciones son: Asambleas Comunitarias del Poder Popular (ACOPP); Unidad Democrática de Organizaciones Sociales (UDOS); Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP); Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (COCISS); Organización de Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca (OPIDEO); Consejo para el Desarrollo Social de Santiago Amoltepec (CODESA); Acción Libertaria de los Pueblos del Istmo (ALPI); Frente Único Campesino Loxicha (FUCAL); Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS).
Sus integrantes han sido denunciados por tráfico de drogas y de armas, delincuencia organizada y delitos sexuales en contra de mujeres, así como por violencia intrafamiliar, trata de personas y en algunos casos hasta de homicidio, por asumir el liderazgo y quedarse con los recursos que obtienen.
Lo mismo ocurre con el poblano Dimas Romero, líder de Antorcha Campesina, quien pedía 150 millones de techo presupuestal y con tal que le den, aunque sea 100 millones, levantará su plantón que mantiene por dos semanas en Ciudad Administrativa.
Otro chantajista, Javier Aluz Mancera, de la organización Sol Rojo, exige 60 millones al Gobierno del estado para combatir la pobreza, al igual Miguel Cruz de CIPO, Juan Torres de CODECI y qué decir de Alejandro Escobar de la Organización 23 de Octubre, que acudió a las oficinas de la Secretaría de Finanzas a pedir otros 40 millones de pesos.
Al parecer esa es la tarifa porque, también los profesores chantajistas de la Sección 22, Macario Otalo Padilla y Germán Mendoza Nube, dirigentes del Frente Popular Revolucionario, siguen pidiendo más y más dinero.
Estos pseudo líderes sociales se encuentran desesperados por obtener recursos, a través de supuestas obras y proyectos para los pueblos pobres, pero al final todo es una farsa, utilizan a sus muertos y desaparecidos para seguir obteniendo recursos millonarios y si no se los dan, actúan con las presiones y chantajes de siempre, bloqueos, marchas y pintas.
Los únicos afectados por estos vividores son las y los oaxaqueños, quienes trabajan a diario y no están chantajeando al gobierno para que les den 40 o 60 millones de pesos anuales y con eso vivir sin trabajar, comprar camionetas de lujo, viajar al extranjero y gastar miles de pesos en antros de mala muerte.
Este modus vivendi ha caracterizado a Jaqueline López Almazán, quien como verdadera heredera de la delincuencia organizada, asumió la dirigencia del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) al morir su pareja sentimental, Samuel Hernández, en el 2020.
Es necesario ya que la Fiscalía General del Estado ponga un alto a Jaqueline López Almazán y ejecute las órdenes de aprehensión que tiene en su contra por diversos delitos, entre ellos el de trata de personas.
Esperemos muy pronto ver tras las rejas a estos vividores, parásitos y sanguijuelas que viven del presupuesto del Gobierno del estado y quienes quieren seguir “mamando” otros seis años con La Primavera Oaxaqueña.
