Después de que el Poder Judicial otorgó decenas de amparos en contra del Acuerdo del CENACE sobre el Sector Eléctrico, por ser contrario a las energías renovables, la libre competencia y la salud de los mexicanos, ahora el presidente Lopez Obrador se refugia en el discurso de la corrupción para justificar este nuevo desatino. Se han quedado sin argumentos y recurren a la acusación de corrupción sin presentar pruebas ni iniciar ninguna investigación seria al respecto.
En COPARMEX rechazamos que se utilice el argumento de corrupción para encubrir el objetivo de recuperar para CFE el monopolio de la industria eléctrica. Nos quieren imponer una política que traerá energía cara y contaminante con el fin de cumplir el sueño estatista de esta administración.
Aplaudimos la independencia del Poder Judicial, que al reconocer las graves consecuencias que estas medidas tendrían sobre la competencia y el derecho a un medio ambiente sano, otorgó más de 20 suspensiones en contra de esta maniobra para evitar la incorporación de nuevas centrales de energías limpias y baratas al sistema eléctrico.
Ahora sigue la defensa de la legalidad en contra de la Política de Confiabilidad publicada por SENER hace unos días, la cual persigue el mismo objetivo que el Acuerdo del CENACE y va más allá, siendo violatoria de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes del sector.
Para justificar estas medidas, el gobierno nos quiere hacer creer que es necesario desconectar a las centrales de energías limpias porque afectan la operación de la Red Eléctrica.
Los problemas de operación de la Red Eléctrica no son provocados por las centrales limpias ni por las empresas, sino son consecuencia de una falta de inversión en redes de transmisión, que es facultad exclusiva del Estado. Estas líneas de transmisión llevan la electricidad de donde se produce a los centros de consumo, y fue este gobierno el que canceló dos licitaciones para construir importantes líneas de transmisión: una en el Noroeste y otra en el Sureste del país que permitirían fortalecer nuestra red eléctrica y aprovechar el gran potencial de energías renovables del país.
No nos dejemos engañar: el objetivo último de esta política es desplazar la generación de los privados, que es más barata y eficiente, con energía sucia de las centrales de la CFE que funcionan con combustóleo. Las consecuencias serán una energía más cara, que contaminará más, y que requerirá de mayores recursos públicos para subsidiar las tarifas o de incrementar las tarifas cuando no haya recursos para subsidiaras.
