Compartir

 

  • La STPS de Luis María Alcalde Luján con muchos pendientes y promesas que quedaron en el tintero, en México, 58.3 millones de personas están ocupadas y 32.4 millones siguen en la informalidad: INEGI

CDMX.- Como patada de mula nos cayó que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombrara a Luisa María Alcalde Luján como Secretaria de Gobernación el pasado 19 de junio. Inmediatamente, se desataron memes, críticas y posicionamientos sobre esta decisión. Parece que a este gobierno no le interesa revisar y considerar la trayectoria, experiencia o garantía de resultados que pueda ofrecer un funcionario de alto nivel e, incluso, premia a funcionarios que han demostrado resultados negativos, como en este caso.

El encono radica en que la maestra Alcalde Luján ocupó durante cinco años, de 2018 a 2023, la Titularidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quizá, la Secretaría de Estado con el mayor peso y compromiso para un gobierno que se esperaba transformador, sobre todo e indispensablemente, en materia laboral; bajo su gestión, no se vieron más que muy pocos y realmente insignificantes resultados y lo que es peor, se permitieron fenómenos nunca antes vistos como el de la huelga de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y huelgas de trabajadores mineros que jamás se resolvieron.

Al inicio del sexenio como Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde presentó un atractivo proyecto de trabajo basado en cuatro acciones primordiales: aumento del salario mínimo, impulsar una reforma en materia de libertad sindical, cerrar las Juntas de Conciliación y Arbitraje para convertirlas en Tribunales Federales de Conciliación y Registro Laboral, y la incorporación al sector formal de trabajadores que eran contratados por outsourcing. De los cuatro, no cumplió con ninguno.

Desafortunadamente, lo que López Obrador y Alcalde Luján están entendiendo como “aumento al salario mínimo y democratización sindical”, son los cuatro aumentos al salario mínimo que el presidente mismo instruyó por ser una de las promesas hechas en campaña y en los que Alcalde Luján no intervino en lo más mínimo. Este, junto con el cambio de dirigente del Sindicato de Trabajadores de Pemex, fueron “todos” los logros de la ex secretaria del Trabajo.

En el tintero quedaron temas como la negociación colectiva auténtica conforme el nuevo modelo laboral, la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral lógica en el trabajo, el fortalecimiento de la intermediación laboral y la capacitación para la empleabilidad, sin olvidar que de ninguna manera se visualizaron mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y mucho menos se sintió algún incremento en la calidad de vida de los empleados, quizá la más importante tarea de la STPS, mediante la intervención y mediación como mecanismo de solución efectivo de las relaciones laborales entre patrones y trabajadores.

Una de las esperanzas más grandes que el pueblo de México acuñó durante este sexenio era que mediante el empleo justo y el trato digno de los empleadores se robusteciera la justicia social, se cumplieran cabalmente los derechos laborales arrebatados por los sexenios anteriores, se retomara el tema de las pensiones y jubilaciones que tanto daño han hecho a las nuevas generaciones, se acabaran las empresas de subcontratación, los empleos sin prestaciones, entre otros muchos pendientes, ilusiones que se quedaron durante cinco años en el escritorio de Luisa María y que seguirá siendo una esperanza transexenal, un sueño lejano para la mayoría de las personas que conformamos los 60 millones de la Población Económicamente Activa (PEA) en 2023.

Según la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo (ENOE, 2023) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población ocupada en México representa el 60.2% de participación a nivel nacional, contra el 39.7% de personas desocupadas, es decir, que se dedica al hogar, estudia, está jubilada o pensionada, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades.

En 2023, 58.3 millones de personas están ocupadas y 32.4 millones de estas, están ocupadas en la informalidad; según el INEGI el 68.4% son trabajadores subordinados; el 13.3% son trabajadores independientes o emprendedores; solo el 5.1% son patrones o empleadores y el otro 3.7% se desempeñaron en negocios familiares, sin tener algún acuerdo de remuneración o contrato de trabajo.

Con el fin de evaluar las condiciones generales de trabajo, violación de derechos, capacitación y seguridad laboral, la STPS realiza una inspección anual a miles de empresas y centros de trabajo, identificando factores como reparto de utilidades, jornadas de trabajo, tipo de contratación, salarios, aguinaldos y contratos de servicios especializados, prestaciones legales, entre otros factores de su competencia, sin embargo, los resultados de dichas inspecciones sirven únicamente como análisis de datos para la predicción, planeación y programación de futuras inspecciones, logrando, según la STPS, “mejorar la eficiencia, la precisión y la efectividad en la ejecución de estas”.

Lo cierto es que, según fuentes de la STPS, la nueva titular de Gobernación es una funcionaria de esas que contribuyen con el 50% (según INEGI), de trabajadores deprimidos y vulnerados en sus derechos, por no considerar a su trabajo como digno y/o satisfactorio, haciendo alarde de malos tratos, nepotismo, jornadas extensas de trabajo, contrataciones por honorarios, privilegios a miembros de su equipo y aprovechamiento de recursos públicos en actividades ajenas a las institucionales, haciendo de la STPS un elefante blanco que en ningún sentido participó en el progreso de la sociedad ni en la transformación.

México fue calificado en 2023, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el segundo país del mundo con mayores consecuencias negativas por la falta de una institución que regule y estimule prácticas laborales solidarias y flexibles, que faciliten a los padres de familia el logro de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, que refuerce políticas para aumentar el bienestar de las familias y los niños, que apoye empleos con prestaciones y servicios para las familias, que movilice el empleo de las mujeres, reduzca los riesgos de pobreza, promueva el desarrollo de la infancia y mejore la equidad de género.

 

*Periodista egresada de la UNAM. Amplia experiencia en el campo laboral más por necesidad que por convicción. Amante apasionada de las causas perdidas, de las buenas historias, de la vida, la libertad y sus enjuagues. norvill_23@yahoo.com.mx

 

Compartir