En repetidas ocasiones, el Presidente de la República ha calificado de corruptos a jueces y magistrados, y ha amenazado con “exhibir” a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía (conferencia mañanera del 8 de julio).
Además, prácticamente a diario, como lo han constatado los medios de comunicación, funcionarios militares acuden al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Ante esta intervención desmedida, el Juez Quinto ha modificado su criterio y, a pesar de que otorgó en un inicio suspensiones en contra de la construcción del aeropuerto, ahora niega las mismas con base en “nuevas” reflexiones jurídicas. El día de hoy revocó una suspensión definitiva otorgada previamente en atención a que la SEDENA considera que el proyecto aeroportuario es una “instalación estratégica”.
En otras palabras, estima que es válido el inicio de la construcción del aeropuerto por “seguridad nacional” a pesar de que aún no existen estudios en materia de seguridad aérea y factibilidad aeronáutica, costo-beneficio, de impacto arqueológico-cultural y de impacto social.
¿No debería considerarse de “seguridad nacional” que un aeropuerto que recibirá a millones de pasajeros al año cuente con todos los estudios y permisos que exigen las leyes antes del inicio de la construcción de tan “estratégica” obra?
Ante las presiones del Ejecutivo y la volatilidad e irregularidad en las decisiones de jueces y magistrados, #NoMásDerroches solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se haga cargo de resolver un asunto en el que se definirá el futuro de uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia de México.
Además, resolvería sobre un litigio que marcará la pauta de actuación del Poder Judicial de la Federación ante cualquier otro proyecto de infraestructura cuestionable desde el punto de vista jurídico y potencialmente violatorio de los derechos humanos.
Consideramos que el asunto es de importancia y trascendencia nacional, pues dará oportunidad a la SCJN de pronunciarse respecto a:
i) si se debe o no suspender el inicio de obras públicas de gran importancia cuando es evidente que no cumplen con los requisitos legales,
ii) si en el juicio de amparo el Poder Judicial está facultado para proteger a la Hacienda Pública y para velar que el gasto se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y
iii) si debe permitirse el peligroso precedente de privilegiar la “seguridad nacional” en obras públicas cuando esté en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal y a un medio ambiente sano.
La Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, 7 de octubre, para que conozca de las suspensiones definitivas que aún se encuentran vigentes –radicada bajo el expediente 654/2019– y, en su momento, se solicitará la atracción del recurso que se interpondrá en contra de la suspensión revocada el día de hoy.
Hay mucho en juego, tanto en el ámbito del desarrollo económico como en la construcción de un verdadero Estado de Derecho para nuestro país. Es por eso que debe ser la Suprema Corte la que decida este trascendental asunto.
La presión que el Gobierno Federal ha ejercido en tiempos recientes sobre el Poder Judicial de la Federación lastima la independencia judicial y el principio de división de poderes.
