En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que se necesita una reforma integral que permita combatir la obesidad y sobrepeso a fondo, con campañas de comunicación que incentiven a la población a realizar actividades físicas y complementarlo con una alimentación balanceada, entre otras acciones.
Es loable que el Congreso de Oaxaca busque contrarrestar los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en la población de dicha entidad. No obstante, las disposiciones reformadas se contraponen a la normatividad vigente en materia de educación y salud, que son facultades exclusivas de la Federación, establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello manifestamos nuestro rechazo al dictamen aprobado por el Pleno de la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca, que prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas y alimentos envasados a menores de edad, de manera directa y a través de máquinas expendedoras y distribuidores automáticos.
El dictamen aprobado por el Poder Legislativo oaxaqueño no ataca el problema de raíz, ya que no implementa una política pública integral de salud, por el contrario, daña a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos.
A lo largo de varias semanas, los sectores involucrados nos acercamos con legisladores de todos los grupos parlamentarios que integran el Congreso de Oaxaca, para generar mesas de trabajo que permitieran escuchar a los expertos y comerciantes sobre las consecuencias de la reforma. Sin embargo, no fuimos considerados durante su discusión.
La entrada en vigor de esta reforma generará un alto impacto económico en diversos sectores de la entidad, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo a los productores artesanales de cacao y chocolate, que son imagen e identidad de los oaxaqueños.
En la COPARMEX pedimos a los legisladores y autoridades oaxaqueñas y federales, a buscar una política integral, con soluciones basadas en evidencia y sin afectar las economías regionales y el sustento de las millones de familias mexicanas que laboran en las cadenas de producción alimentarias y su comercialización.
