Alexandra MARTINEZ DE AGUILAR
Salomón Jara Cruz es el segundo mandatario oaxaqueño de alternancia; el primero emanado de las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y quien ha sido acompañante del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en los recorridos en el estado durante 18 años (2006, 2012 y 2018).
¿Qué sucederá cuando comience su mandato? Es la pregunta que ha rondado la mente de la gran mayoría de los ciudadanos conforme se acercaba la fecha en la que tomó protesta como gobernador de la entidad. Podemos pensar en varios escenarios probables en el que la Primavera Oaxaqueña busque transformar las estructuras políticas y sociales de la entidad, pero como ya es sabido, cualquier cambio no se verá reflejado de inmediato porque éste no depende solo del gobernador, sino de las mismas instituciones, leyes y de nuestra realidad (más complicada que en otras partes).
No dudo que su intención y la de su equipo por transformar Oaxaca sean buenas y se hagan en parte realidad, pero tampoco descarto que para lograrlo se tendrá que entrar en un proceso de aprendizaje en el que todos debemos jugar un rol más activo para impulsar aspectos como la transparencia y rendición de cuentas, así como el gobierno tendrá, por su parte, el doble compromiso de demostrar que es un gobierno diferente. Tampoco quiero decir que el cambio prometido sea una utopía, pero generalmente lo que se ofrece en campaña tiene la limitación que al momento de hacer el contraste de ello con la realidad, las expectativas caen en un doble desencanto en los ciudadanos. La buena voluntad no es suficiente como tampoco lo es vivir de ilusiones.
Uno de los retos derivados de experiencias pasadas en la forma de trabajar de los gobiernos nos ha dejado la enseñanza que se deben renovar dichas formas; quienes han ejercido por años en la administración pública se conocen muy bien entre sí, saben cómo funcionan los mecanismos de la toma de decisiones y las dificultades intrínsecas que conllevan para que los acuerdos progresen.
Es clave, entonces, que las medidas que adopte este gobierno, con carácter de urgente, eviten que en algunos temas prioritarios se continúe retrocediendo y en otros se mejore para llegar a ser un estado que en el contexto de competición global no se quede atrás.
Dentro de las líneas de acción en las que el actual gobernador trabajará, consideramos que debe prestar mucha atención en los temas de la reducción de las manifestaciones de las diversas organizaciones sociales; coadyuvar a resolver el problema de la basura que sigue latente, así como el del abastecimiento de agua para la entidad que cada vez presenta más problemas.
En el tema de la reducción de las manifestaciones de las diversas organizaciones sociales (existen alrededor de 200), se calcula que dichas expresiones que permanentemente se dan en el año nos cuestan 400 millones de pesos. Gracias a un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales (LAOM) de 2012 al 2020, sabemos que el 11.3% de las 1,405 protestas registradas en Oaxaca no fueron de sindicatos, sino de organizaciones campesinas (18.13%), estudiantes (28.65%) e indígenas (53.22%).
La respuesta inmediata para cambiar esta realidad, sería acabar con la corrupción, la presión y el chantaje; sabemos que es más fácil escribirlo que ejecutarlo, pero también sabemos que no es imposible. Y este nuevo sexenio es una oportunidad para que las autoridades hagan que la ley se respete (no represión, pero sí mano firme para poner orden y lograr acuerdos), para evitar que estos vicios sigan repitiéndose y que ello nos condene al rezago y marginación. Es una oportunidad para que el nuevo gobernador -y su gabinete- actúe en congruencia con lo que expresó en campaña al decir que si existían manifestaciones sociales en la entidad es porque las autoridades competentes no atienden sus funciones y desatienden los problemas; y que por ello él gobernará desde las comunidades.
Respecto al problema de la basura, tanto la capital oaxaqueña como los 24 municipios conurbados siguen viviendo días negros al no resolverse este problema; ya se convirtió en un problema social y de salud pública. Y era de esperarse que las calles y espacios públicos se vieran afectados ante el descontento ciudadano. Para los que no se enteraron, el gobierno municipal fue multado con 5.7 millones de pesos (ya se llegó a un acuerdo con San Agustín Etla y Santiago Etla) al intentar llevar la basura en nueve unidades a cuatro comunidades del Valle Eteco (San Agustín Etla -$100 mil pesos; San Sebastián Etla -$500 mil pesos-; Santiago Etla -$100 mil pesos-; y San Pablo Etla -$5 millones de pesos-) y por ende, buscaron otra alternativa emergente llevando hasta mediados del mes pasado aproximadamente 600 toneladas de residuos sólidos a un relleno intermunicipal ubicado en los límites de Calpan y San Pedro Cholula, en Puebla, teniendo un costo de 63 mil 800 pesos (IVA incluido) cada viaje con camiones góndola habiéndose realizado más de 30 y pagando 209 pesos por tonelada de residuos descargados. Ante esto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, dijo que ya inició un proceso administrativo para establecer las sanciones correspondientes a las autoridades municipales involucradas, así como al relleno intermunicipal de Cholula que, incluso, podría ser clausurado, porque el relleno sanitario no tramitó el permiso especial de la Secretaría de Medio Ambiente estatal para recibir la basura de Oaxaca de Juárez.
A pesar que la recolección de basura es facultad de los municipios como lo establece el artículo 115 de la Constitución y ante la solicitud de declaratoria de emergencia sanitaria ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepris), por el Presidente Municipal, Francisco Martínez Neri, respecto a que el municipio no podría solucionar la problemática de la basura, se da el contexto perfecto para que el actual gobernador y su equipo trabajen en conjunto con Martínez Neri, y aprovechar con una buena planeación solucionar este problema.
Por último, en el tema del agua, la ciudad de Oaxaca enfrenta problemas históricos para abastecer de este líquido a la población por falta de disponibilidad y deterioro de la infraestructura de distribución, donde se desperdicia hasta un 50 por ciento del líquido.
Ante ello, durante varios años se han hecho diversas propuestas que van desde la reforestación, la revisión de la Ley Estatal de Agua, del Plan Estatal Hídrico, pasando por un proyecto que restaure y mantenga la red de distribución hidráulica de la capital, de la implementación de un sistema de aguas lentas, de un organismo interdisciplinario de la sociedad civil conformado por ciudadanos capacitados en el tema, hasta la creación de presas bajo tierra. Con estas propuestas, entre muchas más como en su momento fue la Presa de Paso Ancho, en el periodo del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, se ha buscado el aprovechamiento sustentable de los recursos hidrológicos que incluya a los pueblos y comunidades.
Este periodo de gobierno es una nueva oportunidad de aprendizaje para todos, de un plan de gobierno aterrizado a nuestra realidad y de la disposición de los ciudadanos para educarnos (o reeducarnos) con la finalidad de tomar medidas para frenar parte de los males que afectan a la entidad.
*Licenciada en Ciencias Políticas interesad en aprender continuamente de todo y todos.
