Los efectos económicos del coronavirus COVID-19 están afectando a todos los países sin excepción. La Organización de las Naciones Unidas afirmó que esta es la peor crisis a la que se ha enfrentado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

Se estima que durante este mes de abril, casi la mitad del planeta estará en confinamiento. Como resultado, la Organización Internacional del Trabajo afirma que se podrán perder hasta 195 millones de empleos durante el segundo trimestre de este año, lo que implica que desaparecerá 7 por ciento del empleo a nivel mundial.

En Estados Unidos, el país con quien más negocios hace México, 16 millones de trabajadores han solicitado el seguro de desempleo durante el último mes. Las cifras superan 7 veces lo ocurrido en la crisis financiera del 2008 y 2009.

Los hechos demuestran que estamos viviendo acontecimientos sin precedentes, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe permitirse actuar como siempre lo ha hecho. Al margen del sentido común y de la estrategia global.

El dilema no es si vamos a salir o no de esta crisis. El dilema y la responsabilidad del Gobierno Federal es actuar y aplicar medidas que aseguren que salgamos de ella no sólo lo menos lastimados, sino lo más fortalecidos.

En el mundo, gobiernos de diversas ideologías, como los de Brasil, Perú, Salvador, Chile, Colombia, Perú, India, Canadá, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, entre otros tantos, han proveído de incentivos a sus economías para lograr una pronta recuperación. No en vano EE.UU. ha inyectado a la economía más de 2 billones de dólares, lo que equivale a más del 10 por ciento de su PIB.

Por su parte, Chile ha dispuesto más de 12 mil millones de dólares, es decir, alrededor del 5 por ciento de su PIB, para proteger los empleos y los salarios chilenos, así como apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que se mantengan vivas y en marcha durante esta contingencia.

En Colombia, el presidente Iván Duque ha dispuesto brindar alivio financiero tanto a las personas como a las empresas, de todos los tamaños. Esto protegerá las empresas, las nóminas y a muchas familias de los efectos que el paro de algunas actividades económicas provocarán.

Perú, por su parte, brindará apoyos por 300 millones de dólares a las micro, pequeñas y medianas empresas para garantizar créditos para capital de trabajo y reestructurar sus compromisos.

Estas medidas van dirigidas a proteger el empleo de las y los trabajadores y el ingreso de sus familias. Y sí, aunque ahora más que en otro momento juegan un papel fundamental los recursos que se dispongan a mantener las fuentes de empleo, no todas las medidas se traducen solo a dinero.

Ni siquiera medidas como el diálogo que proponen organismos internacionales, entre el gobierno, trabajadores y el sector empresarial, ha querido aplicar el Gobierno de México. Hasta ahora no hay espacio para un diálogo que se transforme en acuerdos y acciones en beneficio de todas y de todos.

En términos generales, y de acuerdo con lo observado por la CEPAL, las medidas implementadas por algunos países de la región para proteger la fuerza laboral y los ingresos del hogar comprenden: medidas legales para formalizar el teletrabajo, reducir horas de trabajo, introducir horarios flexibles, pagar vacaciones adelantadas y proteger a los trabajadores de los despidos. Asimismo, comprenden acciones de apoyo salarial para compensar pérdidas de ingresos mediante pagos adelantados, subsidios salariales o vía el fortalecimiento del seguro de desempleo, suspensión o reducción de los pagos de servicios públicos, así como apoyo financiero especial para PyMEs y el sector informal.

La Organización Internacional del Trabajo por su lado (en “El COVID-19 y el mundo del trabajo”), establece que, frente a la pandemia, las respuestas a nivel político tienen que contemplar 4 pilares: 1) estimular la economía y el empleo, 2) apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos, 3) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, y 4) buscar soluciones mediante el diálogo social.

Con todas estas medidas el mundo ya está actuando, la tierra sigue girando y el presidente López Obrador pareciera quedarse estático. En este sentido, la crisis derivada del Covid-19 ha expuesto que el contrincante más grande para México no sea tal vez el virus, sino el propio Gobierno Federal.

La negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de apoyar las medidas propuestas por la Iniciativa Privada, ya aplicadas en otros países, amenaza con agravar el golpe y la incertidumbre ocasionada por la pandemia. Las medidas o la falta de ellas se traduce en los hechos, en una mejor o una peor calidad de vida para la población.

Un trabajador en Canadá sabe hoy que cuenta con 75% de su salario cubierto por el gobierno con el fin de apoyar a las empresas ante la caída de los ingresos. Pero en México, ni el empleado ni el empleador de una micro, pequeña o mediana empresa, saben cuántos días más podrán aguantar sin ingresos para cubrir la nómina.

Así también, un pequeño negocio de exportaciones de El Salvador que ha tenido que detener operaciones ante la crisis del COVID-19, cuenta con la tranquilidad de que su gobierno le brindará apoyos para pagar los gastos fijos como agua, luz y renta, así como un diferimiento de pago de impuestos, que le da un respiro para mantener a los 10 trabajadores que dependen de él. Este no es el caso de su par en México.

En Chile, el gobierno suspendió pagos provisionales de ISR por tres meses y de IVA, mientras que en Guatemala el gobierno permitió diferir pagos de cuotas patronales por, al menos, 3 meses y en Costa Rica se postergaron también el pago de varios impuestos (IVA, ISR y a importaciones, entre otros). Este tampoco es el caso para sus pares en México.

En el mundo entero, los Gobiernos Federales o Centrales son el único agente económico con la capacidad para poder atenuar la magnitud del impacto que traerá como consecuencia la pandemia por el coronavirus en sus respectivas naciones.

Por ello resulta sumamente preocupante que México se encuentre entre los países del mundo, y en especial del continente, con un menor programa de apoyo para la recuperación de la economía.

La mayoría de los países de la región están gastando cantidades históricas para pagar los salarios de empleados, tanto del sector público como del privado, que no podrán trabajar durante los periodos de aislamiento.

El presidente López Obrador no quiere solventar los costos de un buen plan de mitigación de la crisis por la que ya atraviesa el país. Su estrategia se concentra en los programas sociales que ya se aplican en la actualidad, y a la emisión de 22 millones de créditos menores, de igual manera a un número seleccionado de ciudadanos en el padrón de la asistencia social.

La clave para experimentar una crisis transitoria está en las medidas que se implementen para proteger el empleo. Si el Gobierno mexicano se mantiene en la inacción, podríamos estar hablando de pérdidas de alrededor de entre 1 a 1.5 millones de empleos formales.

Durante la crisis de 2009, el porcentaje de la población en pobreza pasó de 44.4 a 46.1%. Nos tomó una década poder borrar este efecto y recuperar la tendencia a la baja. Todo este esfuerzo se podría esfumar en unos meses.

Las peores consecuencias de una crisis, son los efectos que viven las familias en la disminución de sus ingresos como consecuencia del cierre de empresas y el desempleo. Empezar de cero.

La economía mexicana requiere un plan de rescate económico acorde a las realidades de la economía mexicana. Que se construya con base en la ciencia económica y las mejores prácticas internacionales, y no sobre prejuicios ideológicos.

Convocamos al Presidente de la República para que utilice las herramientas fiscales, presupuestarias y de concertación social de que está investido, para evitar que cientos de miles de personas vean desaparecer sus trabajos y millones de mexicanos empobrezcan por la pérdida del ingreso familiar.

Le hacemos un llamado al Presidente de la República, para que en su calidad de Jefe de Estado, vele por el bien y la cohesión de toda la Nación, y no incumpla con los deberes éticos, politicos y jurídicos que le imponen estas horas aciagas del País.

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