Los veracruzanos, Roberto Martínez Vidal y Joaquín Escandón Vicario fueron liberados por los habitantes de San Francisco La Paz, del municipio de Santa María Chimalapa, luego de varios días de haber sido retenidos acusados de invadir su territorio. Dos más se encuentran aún en poder de esa comunidad, perteneciente al distrito de Juchitán.
En un clima de orden y búsqueda de acuerdos para contribuir a la paz social en la zona de los Chimalapas, la Asamblea Comunitaria de San Francisco La Paz, del municipio de Santa María Chimalapa, determinó liberar a dos de las cuatro personas retenidas desde el pasado 24 de diciembre, las cuales fueron entregadas a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Desde temprana hora, el Vicefiscal Regional del Istmo, Luis Sánchez Castellanos y el Delegado Regional de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Tore Knape Macías, encabezaron las diligencias acompañados por elementos de la Policía Estatal, para recibir a estas dos personas originarias del estado de Veracruz, las cuales responden a los nombres de Roberto Martínez Vidal y Joaquín Escandón Vicario, respectivamente, mismos que fueron valorados por personal médico para constatar su estado físico y de salud.
La liberación de estas dos personas, que se encuentran bajo proceso judicial por la autoridad competente, se realizó este domingo alrededor de las 13:30 horas, cuya entrega se llevó a cabo en un clima de legalidad, sin que se registrara ningún incidente.
Cabe destacar que el pasado 20 de enero, el Secretario General de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Alejo Torres, participaron en una reunión en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, donde estuvieron presentes autoridades municipales y comunales de Santa María Chimalapa y San Francisco La Paz, así como representantes de los gobierno de las entidades vecinas de Chiapas y Veracruz, para dar seguimiento a esta problemática.
Durante la reunión, se expusieron los resultados del operativo realizado con anterioridad por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Profepa, logrando documentar las afectaciones denunciadas por los ciudadanos zoques.
Otro de los acuerdos fue dar seguimiento a las acciones a realizarse posteriormente, además de brindar atención a las denuncias existentes por probable despojo del territorio de Chimalapa interpuesta por los pueblos y comunidades de esta importante zona de la entidad.
