- La verdadera función de los poderes es hacer cumplir la ley, no saltársela creando otra puerta giratoria con fines político-electorales
- Al aprobar esta Ley, se demuestra que en este país no se legisla para apoyar a los emprendedores y contribuyentes, pero sí a los delincuentes
- El fomento de “amnistías” a delincuentes solo genera una percepción generalizada de impunidad
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) considera que, sin una reforma total al sistema penitenciario, la Ley de Amnistía es un esfuerzo incompleto, superficial y aislado, con el cual los beneficiarios serán solamente algunos cientos de personas.
Incompleto y aislado, porque NO se acompaña con un plan de reinserción social para los delincuentes sentenciados que sean liberados, incluso va a contracorriente de los intentos que está haciendo la misma Federación, para endurecer las penas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, no previene que estos encarcelamientos se sigan dando a futuro.
Ante la presión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senado de la República llevó a cabo una Sesión Ordinaria el pasado 20 de abril, para discutir y aprobar, de forma “fast track” dicha Ley, lo que demuestra, de facto, una inexistente autonomía e independencia del Poder Legislativo.
Lo anterior, bajo el falso pretexto de frenar la propagación del coronavirus COVID-19 en los centros penitenciarios (en donde escasean los servicios médicos, insumos y materiales de protección); sin embargo, el argumento de que la Ley de Amnistía es necesaria para prevenir contagios del COVID-19, es una falacia, ya que requiere de la constitución de un Consejo para su implementación, con un plazo de 60 días, y otro de cuatro meses para decidir cada una de las solicitudes de liberación; para entonces, ya habremos pasado la pandemia.
En el Sector Empresarial estamos convencidos de que un verdadero Estado de Derecho tiene que respetar la independencia del Poder Judicial, así como modificar el Sistema Penal Acusatorio, de tal forma que se garantice la presunción de inocencia y la reparación del daño a las víctimas, castigando la reincidencia y eliminando en estos casos, los beneficios de preliberación o conmutación de penas.
La Ley de Amnistía aprobada en el Senado a petición del Presidente de la República beneficia solo a personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante tribunales federales, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que fueron sentenciadas y éstos se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor.
En un país con 97 por ciento de impunidad, en el que se procesan sólo 3 de cada 100 delitos, y que de estos el 85% son del fuero común, bajo la responsabilidad de los estados y no de la federación, el argumento de la -primo delincuencia- es banal, ya que la mayoría de los casos se presentarán así, no porque lo sean, sino porque las autoridades no los habían aprehendido.
Existen mecanismos ya contemplados en la ley, para otorgar perdón a personas que, por su situación cultural, familiar o de pobreza, hayan sido sujetos de una injusticia por los tribunales; sin embargo, el presidente López Obrador rehúye su responsabilidad personal de asumir el costo político por dicha acción, delegando todo en el Poder Legislativo.
Los ciudadanos aspiramos a vivir en un México en el que se respete el Estado de Derecho, estamos convencidos que un “perdón” a los delincuentes solo genera y generará una percepción generalizada de impunidad.
En la COPARMEX consideramos que la Ley de Amnistía no era una prioridad, ya que el tema que realmente debió ocupar en estos momentos al gobierno y a los legisladores, es atender la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia por el coronavirus. Eso sí salvaría cientos de miles de vidas y empleos.
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