Las declaraciones del abogado estadounidense de Ovidio Guzmán López —hijo del «Señor Guzmán», como insistía en nombrarlo el expresidente López Obrador— para evitar la extradición de su cliente, han desenterrado el fantasma del general Cienfuegos. Aquel bochornoso episodio donde México, en un acto vergonzoso disfrazado de soberanía, repatrió al exsecretario de Defensa acusado de narcotráfico por Estados Unidos solo para exonerarlo en tiempo récord, han calado hondo en la actual administración morenista.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en una conferencia improvisada desde Sinaloa flanqueada por el narco gobernador Rubén Rocha, cometió un grave desliz protocolario. Ya sea por ingenuidad o calculada provocación hacia el equipo de Trump, degradó la investidura presidencial al entrar al ruedo contra un simple abogado defensor de narcotraficantes, calificando sus argumentos como «irrespetuosos y ofensivos». Acto innecesario que equiparó la voz del Estado mexicano con la de un litigante particular.

Donald Trump en cambio, entendió el fondo del mensaje y respondió con la contundencia que lo caracteriza: con una carta anunciando aranceles del 30% a productos mexicanos a partir de agosto. El episodio Cienfuegos —donde México recibió con honores a un militar acusado por la DEA para luego absolverlo sin explicaciones— demostró al presidente Trump la farsa tras el combate al narcotráfico. Pese a las detenciones espectaculares y la entrega a los Estados Unidos de una treintena de delincuentes en su mayoría ya presos en nuestro país y que violaron sistemáticamente los derechos procesales de los implicados al no sujetarlos previamente a un proceso de extradición, persiste el cáncer de la colusión estatal: funcionarios, gobernadores como el de Sinaloa, y fuerzas de seguridad protegen e incluso dirigen redes criminales, como en el caso del ex secretario de seguriad durante el gobierno en Tabasco del otro López, el hoy senador Adán Augusto.

Mientras Sheinbaum no encarcele a AMLO y lo entregue a las autoridades estadounidenses —lo que se antoja imposible—, poco podrá hacer ante las arremetidas arancelarias de Trump. El magnate recurre a este instrumento con éxito precisamente porque la economía estadounidense se volvió rehén de su propio modelo: las empresas que durante el auge neoliberal llevaron sus plantas de producción a países de mano de obra barata, hoy cargan con el lastre de su escasa capacidad de respuesta local a la demanda comercial.

Tras el bochorno, este lunes Sheinbaum intentó rectificar anunciando este lunes que emprenderá acciones legales en México contra Litchman (abogado de Ovidio Guzmán). Medida tardía que solo confirma su torpeza inicial. Difícilmente impresionará al litigante, quien seguramente no pensaba vacacionar en territorio mexicano donde, desde luego, el nuevo Poder Judicial —funcional a los gobiernes morenistas— ya le preparará una «recepción» judicial a medida por si se anima.

Y aunque suene a disco rayado, la oposición previsiblemente caerá en la trampa: ya veo al PRIAN solidarizándose con Sheinbaum ante los «ataques del abogado narco» en lugar de exigir castigo para morenistas, priistas y panistas vinculados al crimen organizado.

Urge construir un México donde la impunidad deje de ser el pacto secreto entre élites políticas y criminales. Encarcelar a gobernantes cómplices —sean del color que sean— es el primer paso para edificar una nación próspera y con futuro.

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La patria no se defiende con discursos: se construye con acciones concretas.

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