LAS INICIATIVAS PRESIDENCIALES DE REFORMA ELECTORAL Y JUDICIAL
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
La semana anterior me referí en su conjunto a las 20 iniciativas de reforma constitucional y legal -18 constitucionales y dos de ley- que el pasado 5 de febrero el presidente de la república presentó al Congreso de la Unión; pero que, en una oportuna ceremonia mediática preparada al efecto, anunció a voz en cuello -como acostumbra- desde el recinto parlamentario que tiene ysq ahí donde vive -salón de sesiones del Congreso que en alguna época funcionó en el primer piso del palacio nacional y que ahora es un museo de sitio, muy bien aprovechado para eventos como el que comento-. Razón por la cual, además, el presidente se ahorró el viaje a Querétaro para no tener que festejar la promulgación de la Constitución que ese mismo día estaba proponiendo desconfigurar de cabo a rabo.
Noble propósito presidencial emprendido nada más mediante 20 iniciativas de reformas, aunque luego apareció por ahí otra iniciativa de reforma, legal, de un diputado, de esos que nunca faltan, que quería quedar bien con ysq, ahorrándole la molestia de reformar la Constitución gracias a modificar una ley reglamentaria que se le ocurrió también, a ese diputado; a quien luego, con justa razón, se le vino el mundo encima. Pues nada más propone, como también lo desea el presidente -pero con una reforma constitucional-, eliminar para efectos prácticos el juicio de amparo contra leyes que afecten a los quejosos y que éstos tachen de inconstitucionales.
La verdad es que todas esas iniciativas presidenciales de reforma constitucional y legal me vienen como anillo al dedo, exactamente, así como en su momento dijo ysq que le vino la pandemia; pues resulta que soy profesor, a veces -según me contraten- de derecho constitucional o de derecho electoral o de derecho administrativo o de administración pública o de economía, en suma, de todas esas materias sobre el gobierno y los asuntos públicos. Así es que con mucho gusto e interés me he puesto a estudiar las dichosas iniciativas pues tratan precisamente de esos temas de los que imparto cursos.
Aunque espero, reitero, que la oposición en su conjunto rechace totalmente todas y cada una de dichas iniciativas para que, como debe de ser, hasta que haya una nueva presidenta de la república -sea la que sea a quien el Papa Francisco le haga el milagro de ganar la elección presidencial-, y ya con un nuevo Congreso de la Unión -después de todo lo que aparezca necesario cambiar una vez pasadas las campañas electorales de todos: presidenta, diputados federales y senadores-, entonces sí que surjan y presenten y discutan y aprueben todas las iniciativas que se les ocurran. Propongo entonces, a sus opositores, decirle al presidente en funciones esa expresión popular tan nuestra: los que ya bailaron que se sienten.
Por lo anterior, ahora empiezo a reseñar y comentar dos iniciativas de reforma constitucional que se complementan necesariamente: la reforma electoral y la reforma del Poder Judicial. La iniciativa de reforma electoral nada más tiene 120 páginas, mientras que la de reforma judicial tiene 135, a la que hay que agregar varias páginas más pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, más rápido que aprisa, emitió un dictamen de impacto presupuestal -de la reforma judicial- en el que dice que todos esos cambios van a salir gratis. Como en este caso yo no le creo nada a la SHCP, mejor reseño de lo que se tratan ambas reformas para que usted vaya sacando sus propias conclusiones.
Para no hacer el cuento muy largo empiezo por decirle que nuestro presidente todavía en funciones -espero que solo hasta el término de su mandato constitucional- propone que tanto los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como todos los magistrados del Poder Judicial de la Federación -los que ya están trabajando y otros nuevos que se le ocurrió proponer, los de un llamado Tribunal de Disciplina Judicial o algo así-, pero también todos los jueces de distrito que actualmente se encuentran en funciones, que todos sean de elección popular directa. Nada importa que su trabajo sea altamente especializado, todos deberán someterse al voto popular. Desde luego que por razones obvias esto no sucede en ninguna parte del mundo más que en Bolivia, durante la época de Evo Morales, ese presidente, populista como el nuestro, que se reeligió a la malagueña; por lo que tuvo que salir de su país en un avión que le mandó ysq.
Como, probablemente, cuando dio sus indicaciones a sus colaboradores que le redactaron las reformas, el presidente andaba de fiesta electoral, resulta que también los consejeros electorales del organismo que propone para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral deberán ser de elección popular directa. Hasta ahora -antes los del IFE y ahora los del INE- lo han sido de elección indirecta (hasta con un supuesto Comité Técnico de Evaluación de su idoneidad, capacidad, méritos y deméritos, que desde luego desaparecería), igual que los ministros y los magistrados electorales -los demás magistrados y jueces en funciones lo son mediante carrera judicial-.
Nada más le pido que imagine usted, a manera de ejemplo, que los derechohabientes de alguno de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante elección popular directa, eligieran a los cirujanos que los deberían operar. Pues exactamente esa es la única comparación posible para semejante aberración. De nada sirve que en una de las iniciativas se invoque a Ponciano Arriaga y a Francisco Zarco -quienes, desde luego, igual que ysq, no eran infalibes-, o que se diga que en algunos estados de la Unión Americana hay elección de jueces y fiscales -procedimiento ampliamente reprobado por la doctrina jurídica americana con hechos probados (nada más que ahí sí es muy difícil cambiar la Constitución)-.
Pero además de estas barbaridades, aunque usted no lo crea, hay muchas otras más que no me alcanza el espacio para platicarle. Por ejemplo, resulta que ahora sí se trata de desaparecer a los diputados -federales y locales- de representación proporcional, así como a los senadores de representación proporcional y de paso también a los senadores electos por el principio de primera minoría -nada más se salvaron los regidores municipales que ahora serán todos de representación proporcional pura-. Ya no será necesario que las minorías políticas tengan alguna forma de representación en las cámaras legislativas, pues ysq es el único intérprete válido de la voluntad popular, y espera seguir siéndolo.
Se supone que esa reducción de legisladores se propone por razones de austeridad republicana, en realidad es para asegurar que el nuevo partido dominante se pueda convertir en partido hegemónico lo antes posible. Para que toda la nueva maquinaria electoral funcione como relojito, y por razones de ahorro desde luego, también se propone desaparecer a los institutos electorales locales y a los tribunales electorales locales, faltaba más -dice la iniciativa que no sirven para nada, aunque la mayoría de sus resoluciones sean confirmadas por el tribunal federal electoral de alzada-.
Por eso mismo, y para que no haya ningún contrapeso al poder presidencial, se propone reducir de once a nueve el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; electos de la lista de candidatos que envíen, obviamente, el presidente de la república y, también, las cámaras donde -por ahora- el presidente tiene mayoría absoluta -y supone muy confiado que la seguirá teniendo-. Además, que todos ganen menos de lo que el presidente recibe en su pago quincenal -sin contar que éste tiene un palacio, gasolina, guaruras, despensa, un sanatorio junto a su recámara, una ambulancia atrás de su coche y muchas cosas más que pagamos los contribuyentes y que, desde luego, forman parte de su sueldo (sentencia al respecto que todavía no resuelve la SCJN)-.
Todas las medidas que en su momento propuso ysq, cuando estaba en la oposición, para reducir el poder omnímodo del presidente de la república, ahora serán eliminadas. Lo único que le faltó a su iniciativa fue proponer la eliminación de la Suprema Corte y la reelección inmediata del presidente de la república para convertirlo en presidente vitalicio.
Ciudad de México, 16 de febrero de 2024.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA). Tiene la Especialidad en Justicia Electoral otorgada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de libros de Derecho Público, Privado y Social; Administración Pública y Ciencia Política; Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral; sus libros se encuentran en bibliotecas, librerías, en Amazon y en Mercado Libre. Las recopilaciones anuales de sus artículos semanales están publicadas y a la venta en Amazon (“Crónica de una dictadura esperada” y “El Presidencialismo Populista Autoritario Mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato?”); la compilación más reciente aparece bajo el título “PURO CHORO MAREADOR. México en tiempos de la 4T” (solo disponible en Amazon).
