Por Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
En días pasados el doctor Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, me invitó a participar en una entrevista para la revista y el programa digital Foro Jurídico -que también dirige-, sobre la cuestión electoral en Norteamérica; todavía no se conocían los cómputos que decidieron la contienda entre Donald Trump y Joe Biden, así es que el tema suscitaba un gran interés, por lo que con gusto acepté. La conversación entre nosotros se prolongó durante una hora diez minutos, pero afortunadamente hubo varios colegas que la siguieron en vivo o que más tarde la vieron en YouTube donde puede ser consultada, y que tuvieron la gentileza de formular comentarios favorables. Elías Huerta condujo las preguntas con intuición periodística y yo traté de contestar de manera académica, es decir, analítica, objetiva e imparcial; espero haberlo logrado. Intentaré ahora un resumen de las ideas centrales expuestas, sobre las que necesariamente regresaré en otros foros académicos sobre el mismo tema, pues me parece haber encontrado una línea de investigación muy interesante y actual.
La primera cuestión que me interesó destacar fueron las formas de gobierno y sistemas electorales comparados entre Estados Unidos y México; de hecho, toda la conversación abordó de manera recurrente la comparación entre ambos países. No podía ser de otra forma, pues nosotros copiamos el federalismo, el presidencialismo y el sistema electoral de la Constitución Americana, entre otras instituciones que también copiamos. La diferencia es que mientras a ellos les dieron muy buenos resultados y por eso son la primera potencia económica y militar del mundo, a nosotros nos condujeron a una serie interminable de luchas fratricidas. Por ejemplo, nosotros les copiamos la composición del ejecutivo con un presidente y un vicepresidente, pero a nosotros simplemente no nos funcionó y por eso ya no tenemos ahora vicepresidente; basta recordar que el vicepresidente Bustamante nada más mandó fusilar al presidente Vicente Guerrero.
Durante la Convención de Filadelfia, a los constituyentes americanos una cosa les quedó muy clara, que no habría elección popular directa del presidente, pues supongo que tuvieron el temor de terminar nombrando a un rey por vía electoral y no quisieron correr el riesgo -el tiempo les daría la razón; en Francia, Napoleón III llegó finalmente a ser emperador por esa vía-. Pero también se dieron cuenta que, si nombraban al presidente en el Congreso, la figura presidencial sería muy débil y les iba a servir para muy poco. Así es que optaron por el justo medio aristotélico de los colegios electorales para elegirlo; aunque originalmente establecieron que, si no había una mayoría absoluta, de entre los tres con mayor número de votos electorales, la Asamblea de Representantes elegiría al presidente. Por su parte, sería el Senado el que elegiría al vicepresidente de entre los dos con mayor número de votos; desde luego que los votos electorales eran definidos por el voto popular. La doceava enmienda, en 1804, finalmente dejó todo en manos del colegio electoral, formado por tantos electores como senadores y representantes federales tuviera cada estado de la Unión. Es decir, pasaron de una elección indirecta en segundo grado a una elección indirecta en primer grado. Más tarde, un criterio de la Corte Suprema estableció que los electores integrantes del colegio electoral serían designados por los partidos políticos y que necesariamente deberían votar en el colegio electoral a favor del candidato de su partido.
En días posteriores a la entrevista que ahora reseño en su contenido esencial, han aparecido en los periódicos una serie de comentarios criticando, entre otras razones por considerar obsoleto, el sistema indirecto del colegio electoral. Desde luego que no estoy de acuerdo en lo más mínimo con esas críticas, por varias razones. La primera y fundamental, a la que me referí recurrentemente durante la entrevista, es porque se trata de una expresión del federalismo y porque ratifica en los hechos la vigencia del sistema federal. Simplemente no hay una autoridad electoral central, son los estados de la Unión Americana los que definen, a nivel estatal, tanto el derecho ciudadano y de los electores para votar o ser elegidos éstos, como la forma de organizar las elecciones en cada estado de la Unión. Nosotros los mexicanos -o al menos los que critican el sistema de colegio electoral americano-, parecen, algunos, estar muy contentos con la federalización -que en los hechos es una centralización- del sistema electoral mexicano. Al grado que ahora a las autoridades administrativas electorales locales -los OPLES-, a los integrantes de sus consejos generales, ya no los nombran los diputados locales, sino los consejeros del INE -que estuvo a punto de convertirse en la autoridad electoral administrativa única-. A los magistrados electorales, por su parte, también los nombran en la Ciudad de México, sólo que en el Senado. Bonito federalismo el que tenemos. Los que critican el sistema electoral americano para elegir presidente creen que ellos, los americanos, también quieren tener un federalismo de a mentiritas, como el nuestro.
He leído otras críticas que atribuyen al sistema electoral americano vigente la tardanza en tener resultados finales, y muy orgullosamente señalan al Instituto Nacional Electoral como un ejemplo de lo que deberían hacer los americanos, tener su propio INE. Recordemos que, por lo menos en 2012, los resultados finales de la elección presidencial dados por la autoridad electoral central, el IFE entonces, no sólo no se conocieron esa misma noche, sino que fueron duramente cuestionados e, incluso, trajeron como consecuencia la renovación del Consejo General, mediante la correspondiente reforma constitucional. Aunque, en realidad, no es que el IFE, y después el Tribunal Electoral, hayan contado mal, lo que pasó es que uno de los dos contendientes con mayor votación no respetó las reglas del juego. Exactamente como ahora lo hace el presidente Donald Trump. La consecuencia es deslegitimar el proceso electoral por una sencilla razón, porque el jugador derrotado no reconoce ni su derrota ni una regla básica del juego electoral, que el que pierde tiene que reconocer que perdió.
Me acerco al final de esta nota refiriéndome, como también lo hice en la entrevista, a la judicialización de la política electoral y a la politización de la justicia. Durante más de cien años nosotros tuvimos la solución de conflictos a través de los colegios electorales de las cámaras legislativas. Se llamaban también colegios electorales, pero no tenían nada que ver con el colegio electoral de las elecciones americanas del que acabo de platicar. Cuando desaparecieron los colegios electorales de las cámaras para calificar la constitucionalidad y legalidad de las elecciones, todas, aparecieron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales locales -que como ya dije estuvieron a punto de desparecer también, cuando el IFE se convirtió en INE-. Eso es lo que en México llamamos la judicialización de la política electoral, puesto que antes eso se resolvía ante los tribunales federales y finalmente mediante el juicio de amparo, hasta que en 1885 u 86 se abandonó la tesis de la incompetencia de origen y el amparo -hasta la fecha- fue declarado improcedente en materia electoral. En cambio, los americanos, primero van a las cortes locales de cada estado de la Unión y, a veces, como sucedió con el caso Al Gore vs. George Bush, llega hasta la Corte Suprema -equivalente de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación-. Nosotros, en cambio, le dimos muchas vueltas para llegar a los tribunales electorales.
Cierro con la politización de la justicia que, como el caso Gore vs. Bush nos enseña, se da tanto en Estados Unidos como en México. Allá, recordemos, el presidente Trump buscó nombrar de inmediato a una justice (ministra de la Corte) recientemente fallecida -al presidente Obama en su momento, los senadores republicanos, un año antes de las elecciones, no le permitieron proponer y nombrar a un integrante de la Corte Suprema-. El caso es que, si las impugnaciones en cortes locales de los abogados del presidente Trump llegan hasta la Corte Suprema, los republicanos tienen seis votos y los demócratas nada más tres, por los jueces constitucionales que han nombrado los presidentes de uno y otro partido -los que votan conforme al partido que los nombró, como sucedió en el caso Gore vs. Bush-. En México, como consecuencia de lo que hemos visto, la cooptación de la autoridad judicial por el poder político, léase el presidente de la república, se da tanto a través de los ministros de la Suprema Corte como de los magistrados del Tribunal Electoral -Sala Superior, salas regionales y sala especializada-, y justo en eso estamos ahorita que acaban de cambiar presidente en el TEPJF.
Por ahí escuché en redes sociales la exposición de un profesor americano diciendo que la Constitución Americana tiene lagunas en el proceso electoral. Desde luego que tampoco estoy de acuerdo. Ninguna Constitución del mundo democrático tiene una previsión expresa cuando un contendiente demagogo e irresponsable, como Donald Trump, no respeta las reglas del juego electoral -establecidas en la Constitución- y desconoce su derrota, por más ostensible que ésta sea. En lo que sí coincido con ese expositor es en que, los que estamos convencidos de los beneficios de una sociedad democrática, debemos expresarlo en todos los foros y denunciar a los que, sin tener bases ni pruebas, reclaman fraudes y trampas como suele suceder, ahora en Estados Unidos y otras veces en México.
No puedo dejar de confesar que inicié la entrevista con una breve reseña histórica de la redacción y el contenido de El Federalista -de Alejandro Hamilton, Santiago Madison y Juan Jay-, y algunas remembranzas de La Democracia en América, libro escrito por Alexis de Tocqueville. Pero a eso me referiré en otra ocasión.
*Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador.
