La violencia que se sigue llamando tradición
Lizbeth Bravo
Hay violencias que no necesitan golpes para perpetuarse. Basta con una mirada o un veredicto. Las llamadas “pruebas de virginidad” son una de ellas, prácticas que sobreviven en pleno siglo XXI no solo por ignorancia, sino por una estructura social que sigue creyendo que el cuerpo de las mujeres es un territorio público que debe ser inspeccionado, certificado y, sobre todo, controlado.
La Organización Mundial de la Salud ha sido tajante: estas pruebas no tienen ningún valor científico y deben erradicarse en todos los contextos. Aun así, se siguen practicando en al menos 20 países del mundo, muchas veces de forma forzada y bajo justificaciones que van desde el matrimonio hasta el empleo.
El procedimiento, parte de una premisa falsa, que el cuerpo femenino puede delatar su historia sexual. No puede. No existe evidencia médica que permita determinar si una mujer ha tenido relaciones sexuales a partir de un examen físico.
Pero el problema nunca fue médico. Es político.
Porque lo que realmente se mide no es la virginidad, sino la obediencia. La utilidad social de una mujer. Su “valor” dentro de un sistema que traduce el honor familiar en control sexual. No es casual que estas pruebas sean solicitadas por padres, parejas o incluso empleadores; ni que en algunos contextos se apliquen a víctimas de violación, obligándolas a demostrar una “pureza” que nunca debería ser requisito para acceder a la justicia.
Nombrarlas tradición es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, cómplice.
En México, el fenómeno no suele presentarse de forma institucionalizada, pero su lógica está profundamente arraigada. No necesitamos clínicas que certifiquen virginidad cuando la sociedad entera lo hace simbólicamente. La vigilancia del cuerpo femenino se expresa en la estigmatización de la sexualidad, en la revictimización de mujeres que denuncian violencia sexual y en la persistente idea de que el “valor” de una mujer disminuye con su experiencia.
Las cifras lo evidencian desde otro ángulo: México sigue enfrentando una profunda desigualdad en materia de derechos sexuales y reproductivos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tan solo en 2021 se registraron más de 150 mil nacimientos en adolescentes de entre 15 y 19 años, además de más de 3 mil nacimientos en niñas menores de 15 años, muchos de ellos asociados a contextos de violencia sexual.
¿Qué tiene que ver esto con las pruebas de virginidad? Todo. Ambos fenómenos parten de la misma raíz: el control del cuerpo de las mujeres y la negación de su autonomía. Por un lado, se exige pureza; por el otro, se tolera (e incluso se invisibiliza) la violencia que arrebata esa misma “pureza”. Es una contradicción brutal que revela que la preocupación nunca ha sido la salud ni el bienestar, sino el orden social.
La propia OMS lo reconoce: la “virginidad” no es un concepto médico, sino una construcción social que refleja discriminación de género.
Hablar de pruebas de virginidad no es hablar de culturas ajenas o prácticas lejanas. Es hablar de una lógica global que también habita en México: en los chistes, en los juicios morales, en los expedientes judiciales y en las expectativas que siguen pesando sobre el cuerpo de las mujeres.
Erradicarlas no implica solo prohibir un procedimiento. Implica cuestionar una idea profundamente incómoda: que la dignidad de una mujer nunca ha debido depender de lo que ocurra, o no, dentro de su cuerpo.
