Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
- La generación Z, con su capacidad para movilizarse y abogar por el cambio, tiene el potencial de ser un motor de transformación positiva. No obstante, para lograrlo, necesita un ambiente en el que sus derechos sean respetados y protegidos.
- En este contexto, es imperativo analizar las implicaciones de las políticas del gobierno actual de México, específicamente bajo la administración de la Cuarta Transformación (4T), y la represión en Palacio Nacional y que justifica la intervención de Trump para evitar una dictadura.
La generación Z, compuesta por jóvenes nacidos entre mediados de la década de 1990 y principios de 2010, se encuentra en una encrucijada, especialmente en México donde son brutalmente reprimidos por la policía.
En un mundo marcado por la incertidumbre, la violencia, la desigualdad y el cambio climático, sus derechos humanos enfrentan desafíos sin precedentes en el ejercicio de su libertad de manifestación y expresión.
A nivel global, la situación de esta generación ha despertado preocupaciones sobre su bienestar, sus oportunidades y la forma en que los gobiernos responden a sus necesidades.
En este contexto, es imperativo analizar las implicaciones de las políticas del gobierno actual de México, específicamente bajo la administración de la Cuarta Transformación (4T), y la represión en Palacio Nacional y que justifica la intervención de Trump para evitar una dictadura.
Los jóvenes de la generación Z han crecido en un entorno profundamente influenciado por la tecnología, lo que les ha proporcionado herramientas invaluables para comunicar, organizarse y defender sus derechos humanos.
Sin embargo, también han sido testigos de un aumento en las violaciones a los derechos humanos, tales como la represión de la libertad de manifestación y expresión, especialmente en México, así como la violencia sistemática y las crisis ambientales.
A nivel global, hemos visto cómo muchas naciones han fallado en garantizar los derechos básicos de sus jóvenes, cuyas luchas son respuestas directas a un sistema que muchas veces parece ignorar las voces jóvenes y sus demandas.
Desde la brutalidad policial en las protestas en Estados Unidos contra la política migratoria hasta la represión política en países como Bielorrusia y Myanmar, la generación Z está al frente de luchas por la justicia social, racial y ambiental.
En México, la situación es igualmente alarmante. Los jóvenes enfrentan retos como la violencia extrema, el narcotráfico, la pobreza y la falta de acceso a una educación de calidad.
La respuesta del gobierno de la 4T, que sigue encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha generado críticas acerca de su enfoque hacia los derechos de los jóvenes.
La retórica utilizada por la presidenta Claudia Sheinbaum minimiza la gravedad de estas violaciones, lo que puede tener repercusiones serias en el futuro de estos jóvenes.
La brutal represión policial en el Palacio Nacional refleja una postura de desprecio hacia los jóvenes y subestima sus capacidades para luchar por sus propios derechos.
Este tipo de decisiones no solo son irresponsables, sino que también desvirtúan las luchas auténticas que los jóvenes llevan a cabo en México y en el mundo.
Bajo el lema de la Cuarta Transformación, el gobierno prometió un cambio radical en la forma en que se aborda la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en lugar de avanzar, se ha perpetuado un ciclo de impunidad.
La violencia contra periodistas y comunicadores, así como contra defensores de derechos humanos sigue siendo un problema grave, y las promesas de justicia han quedado en un segundo plano.
La generación Z, con su capacidad para movilizarse y abogar por el cambio, tiene el potencial de ser un motor de transformación positiva. No obstante, para lograrlo, necesita un ambiente en el que sus derechos sean respetados y protegidos.
Justificar intervenciones extranjeras o hacer comparaciones infundadas con la dictadura no solo debilita la narrativa de los derechos humanos, sino que también alimenta un clima de miedo y desconfianza.
Es crucial que los gobiernos, incluido el de México, escuchen a los jóvenes y se comprometan activamente a proteger sus derechos. Esto implica garantizar acceso a la educación, brindar servicios de salud mental, y crear espacios seguros donde puedan expresar sus opiniones y preocupaciones sin temor a represalias.
La participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones políticas debería ser un componente clave de cualquier estrategia para abordar sus necesidades.
En lugar de ver a los jóvenes como un problema o un grupo a ser controlado, es fundamental reconocer su potencial como agentes de cambio. Al empoderarlos, se puede generar una sociedad más justa y equitativa.
La generación Z enfrenta un panorama complicado en todo el mundo, y México no es la excepción. Las declaraciones irresponsables y la justificación de intervenciones extranjeras solo sirven para menospreciar sus luchas y derechos.
Es esencial que los jóvenes reciban el apoyo necesario para reivindicar su voz y sus derechos humanos. La 4T tiene la responsabilidad de avanzar hacia un futuro donde los derechos de todos, especialmente de los jóvenes, sean protegidos y promovidos.
Esto implica implementar políticas efectivas que no solo reconozcan las luchas de la generación Z, sino que las integren en los procesos de toma de decisiones.
Los jóvenes deben ser considerados como partners en la construcción de políticas, generando espacios para el diálogo y la participación activa en cuestiones que les afectan directamente.
Además, es imperativo que el gobierno reconozca su papel en la prevención de violaciones a los derechos humanos y se comprometa a acabar con la impunidad que ha caracterizado a muchas administraciones anteriores.
La rendición de cuentas y el respeto a la libertad de expresión son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa.
A través de una colaboración genuina entre gobiernos, sociedad civil y los propios jóvenes, se puede crear un ambiente propicio para el desarrollo pleno de la generación Z.
De esta manera, no solo se garantizarán sus derechos fundamentales, sino que también se preparará el camino para un futuro en el que todos los ciudadanos, independientemente de su edad, puedan vivir con dignidad y participar activamente en la construcción de su sociedad.
Solo así se podrá romper el ciclo de desconfianza y opresión, dando lugar a una verdadera transformación social que beneficie a todos.
alfredo_daguilar@hotmail.com
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@efektoaguila
