- Por Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
El domingo 13 de noviembre de 2022, por primera vez en la historia política de este país, México, cerca de un millón de ciudadanos, o tal vez más, salieron a las calles de cincuenta ciudades en el territorio nacional y de algunas más en el extranjero, para manifestarse en contra de una iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente de la república ante el Congreso de la Unión.
Desde luego que un funcionario del gobierno local de la Ciudad de México llamado Martí Batres, de inmediato se apresuró a informar que a la manifestación en esta ciudad habían asistido entre diez y doce mil personas. Por la tarde, en los noticieros de televisión apareció el vocero presidencial para afirmar con absoluta certeza que hay un consenso a favor de la reforma electoral que propone el presidente.
Si a esto le agrega usted que el presidente de la república tiene un programa de variedades, de lunes a viernes, que se transmite todas las mañanas por radio, televisión y redes sociales, durante el cual en los días previos a la marcha del domingo se dedicó a insultar tanto a los organizadores como a los ciudadanos que se atrevieran a asistir a dicha marcha, llamándoles cretinos, conservadores, fifís, hipócritas y otros adjetivos más para descalificarlos ante sus oyentes y simpatizantes; le será fácil entender a usted, entonces, que el asunto de la marcha del domingo tiene bastante importancia.
Es por ello que el gobierno federal, y también el gobierno de la Ciudad de México que pertenece al mismo partido gobernante, hicieron todo lo posible para disuadir, primero, a los organizadores, para que el recorrido de la marcha no llegara a la plaza central de la Ciudad de México, lugar donde habitualmente el presidente de la república y su partido organizan manifestaciones de apoyo a sus políticas públicas.
Pero, también, trataron de disuadir a los posibles asistentes a la marcha del domingo, mediante varios artificios que de inmediato quedaron al descubierto. El primero y más notorio fue la reducción del tráfico vehicular, mediante la prohibición de la circulación de vehículos con determinados números de placas, con motivo de contingencias ambientales, que nunca se aplica los días domingo más que excepcionalmente alguna vez, rápidamente se aplicó el día de la marcha del domingo.
Desde luego que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se apresuró a precisar que la decisión de aplicar el programa fue una decisión de un consejo técnico, pues se trataba de una decisión técnica. No está por demás recordar que se dice que la señora Sheinbaum es la “corcholata” favorita del presidente de la república; ahora que éste ha adelantado su propia sucesión presidencial para “decidir democráticamente” al interior de su propio partido, y tranquilamente dar a conocer ante los potenciales electores, a quién será el próximo candidato o candidata presidencial en la elección federal de 2024.
Cabe recordar también que todos los técnicos que decidieron lo ya dicho son subordinados de la señora Sheinbaum. Y que en la época del anterior presidencialismo hegemónico, es decir, antes de la transición democrática asegurada por el INE que el presidente desea desaparecer con su iniciativa, al candidato presidencial del partido gobernante que era designado por el presidente se le llamaba “tapado”. Para pretender ocultar ese pasado autoritario, el propio presidente con no poco humor negro ahora les llama “corcholatas”. Ya no son “tapados”, son “corcholatas”.
Pero también hubo otros artificios más, recuerdo los siguientes. A lo largo del recorrido de la manifestación en la Ciudad de México hubo pequeños grupos de provocadores lanzando consignas en contra de la marcha y a favor de la reforma constitucional propuesta por el presidente. Eran tantos los miles de manifestantes, que la protesta paralela de los “espontáneos” defensores de la reforma presidencial ni remotamente tuvo la posibilidad de causar el efecto deseado por quienes tuvieron la idea de “sugerir” a dichos ciudadanos expresar sus sentimientos de adhesión.
El mitin de cierre de la manifestación en la Ciudad de México se llevó a cabo en la llamada Plaza de la República, enfrente del Monumento a la Revolución. Pues bien, en el lugar enfrente del presídium donde intervino el único orador, José Woldenberg, primer presidente del consejo general del entonces Instituto Federal Electoral, hoy llamado Instituto Nacional Electoral que se intenta desparecer, hay una fuente que lanza chorros de agua en los que habitualmente se mojan con gusto los niños y paseantes que lo deseen. Con exactitud cronométrica los chorros de agua empezaron a brotar justo inmediatamente después de que Woldenberg terminó de pronunciar su discurso. Por casualidad, igualmente, el internet gratuito que permite la comunicación con teléfonos móviles dejó de funcionar al menos en esa parte de la ciudad; por fortuna, el servicio se reanudó una vez que pasaron el mitin y la manifestación.
Sin embargo, como vivimos en un sistema constitucional de tipo presidencial en el que, además, el presidente de la república en funciones tiene el apoyo de la actual mayoría absoluta de los diputados y senadores que forman ambas cámaras legislativas, lo más probable es que no pase nada; nadie será reconvenido en ningún lado por uso abusivo de funciones públicas, e incluso es posible que la reforma sea aprobada tal cual la envió el presidente, sin que sea necesario cambiarle ni siquiera una coma.
El asunto, ahora, está en manos de los diputados federales, después de los senadores de la república y finalmente, si es aprobada por ellos, de los diputados de las legislaturas locales. Por lo que es necesario recordar cómo se resolvieron las dos iniciativas presidenciales inmediatas anteriores, discutidas este mismo año. La iniciativa en materia de reforma eléctrica, con la que se pretendía establecer un monopolio de facto en el sector eléctrico, fue rechazada de manera absoluta por los partidos y legisladores de oposición. No pudo ser aprobada.
En cambio, la iniciativa presidencial para ampliar por diez años la participación de las Fuerzas Armadas como si fueran policías civiles ya fue aprobada con un cambio muy importante, trascendental: en lugar de diez años serán nueve, y otros pegostes que le hicieron al nuevo artículo quinto transitorio del decreto de reforma con el que fue creada la Guardia Nacional, supuesta policía civil dirigida desde el primer día por militares.
La estrategia del presidente de la república, su gobierno y su mayoría parlamentaria para no fallar esta segunda vez merece ser recordada, a efecto de imaginar lo que podrá ocurrir con la reforma electoral que un millón de familias mexicanas salieron a las calles a impugnar. Se trató simplemente no solo de una presión política, sino de una franca intimidación y amenaza a sus opositores, ante la cual uno de esos partidos políticos cedió, el Partido Revolucionario Institucional, el anterior partido hegemónico en este país que, ahora, tal parece que puede convertirse en un partido satélite más del actual partido hegemónico.
Como para este momento es obvio para usted, amable lector(a), que asistí a la marcha del domingo, me parece necesario apuntar las razones de mi presencia en la marcha y en el mitin. Son las siguientes:
1) Desaparecer el sistema mixto con dominante mayoritario para la elección de diputados federales, senadores, diputados locales y cabildos municipales, y sustituirlo por la representación proporcional pura, además de la disminución del número de representantes populares, asegura una sobrerrepresentación del partido mayoritario gobernante; superior incluso a la que conduce el sistema de mayoría relativa que desde hace muchos años fue sustituido con el sistema mixto que facilitó la transición mexicana a la democracia precaria que tenemos.
2) La elección popular directa de consejeros y magistrados electorales no tiene precedente en ningún país democrático ni de democracia emergente, por una sencilla razón: desaparece la autonomía, independencia e imparcialidad de dichas autoridades al hacerlas depender del mercado electoral dominado por los partidos políticos, sobre todo el partido que gobierna.
3) Eliminar el servicio profesional electoral nacional para dejar la organización de las elecciones en manos de improvisados designados quién sabe cómo cada periodo electoral, solo asegura que se repita el caso del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) después de que este gobierno desapareció el Seguro Popular; todos los mexicanos conocemos y sufrimos esta tragedia nacional en materia de salud.
4) Quitarle al INE el padrón electoral para dárselo a la Secretaría de Gobernación a través de la cédula de identidad, significa resucitar la mapachería electoral para que el partido gobernante pueda perpetuarse en el poder.
5) Reducir a los partidos políticos el financiamiento público y el tiempo en radio y televisión genera una ventaja indiscutible para el partido gobernante, toda vez que el presidente mantiene una cobertura nacional permanente en radio, televisión y redes sociales, así como un manejo discrecional del gasto público supuestamente “social”, en su mayor parte no sujeto a reglas de operación.
6) Aunque la iniciativa menciona brevemente el voto electrónico, no aporta nada nuevo en lo absoluto para asegurar su viabilidad operativa y su obligatoriedad en futuros procesos electorales, menos aún en la elección presidencial de 2024.
7) El supuesto ahorro con la desaparición de institutos y tribunales electorales locales que se propone, además de ser violatoria del Pacto Federal, se contradice con el costo elevado de la elección popular directa de los integrantes del órgano colegiado nacional con que pretende sustituirlos.
8) La autonomía, independencia e imparcialidad del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral permitieron la alternancia partidista en la presidencia de la república y aseguraron el triunfo del actual presidente. Pretender desaparecerlo sólo puede tener como propósito sustituirlo por un nuevo organismo constitucional dependiente, sumiso y manejable desde el Poder Ejecutivo para que ya no haya alternancias partidistas, como sucedía con el anterior partido hegemónico.
Como cualquiera de estas razones es más que suficiente para rechazar la iniciativa por parte de los partidos opositores, sólo es de desearse que ninguno de los partidos opositores ni sus legisladores acepten convertirse en satélites del partido gobernante que a todas luces desea acabar con ellos y con la incipiente democracia que apenas y con tantas dificultades empezamos a experimentar en México. Pero todo puede suceder.
- Doctorado en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); Especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EEUU). Autor, entre otros libros, de Nuevo Derecho Electoral Mexicano (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Trillas); Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México (Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Editorial Tirant lo Blanch); Técnica Legislativa, Control Parlamentario y Gobiernos de Coalición (Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Editorial Flores).
