- ¿Las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son patente de impunidad para que Lorena y sus seguidores agredan a funcionarios, a policías y ciudadanos e, incluso, a niños en restaurantes del Centro Histórico? ¡No!
- Los probables delitos en los que ha incurrido Lorena Merino y sus escasos seguidores por lesiones y los que resulten, de los que hay abiertas Carpetas de Investigación en la Fiscalía General, violan abiertamente las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Más que lentos, omisos, complacientes y hasta cómplices, de las permanentes presiones y chantajes de Lorena Merino, se han visto los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno de Oaxaca ante la constante violencia desatada por la vivales triqui y sus cinco gatos.
Obligado es preguntar: ¿Las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son patente de impunidad para que Lorena y sus seguidores agredan a funcionarios, a policías y ciudadanos e, incluso, a niños en restaurantes del Centro Histórico?
¡Claro que no, de ninguna manera! De entrada, los probables delitos en los que ha incurrido Lorena Merino y sus escasos seguidores por lesiones y los que resulten, de los que hay abiertas Carpetas de Investigación, violan abiertamente las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
¿O acaso los funcionarios, policías y ciudadanos e, incluso, niños agredidos por la chantajista triqui y sus escasos seguidores, no tienen derechos humanos al igual que ellos? Y el Gobierno de Alejandro Murat tiene la obligación de proteger los derechos humanos de las víctimas.
Para ello, primeramente debe garantizar la debida integración de las Carpetas de Investigación correspondientes abiertas por la Fiscalía General del Estado y paralelamente hacerlas del conocimiento y coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El objetivo es que, una vez que el Juez de la causa libere la respectiva orden de aprehensión e imponga la sentencia correspondiente, ésta se haga llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a efecto que previa investigación retiré las medidas cautelares a Lorena Merino.
¡Y que los falsarios puristas defensores de los derechos humanos, cómplices de la chantajista triqui, no nos salgan con la estupidez que la violación de los derechos humanos solo es cometida por autoridades de los diversos órdenes de gobierno, federal, estatales y municipales!
La investigación por la violación de los derechos humanos por Ulises Ruiz, en el prefabricado conflicto de 2006, realizada por la Comisión de la Verdad, montada por la Defensoría de los Derechos Humanos, concluyó que también particulares, como en este caso Lorena Merino, incurren en este tipo de violaciones.
A menos que, como de antemano sabemos, por el manipuleo interesado en la defensa de los derechos humanos por organizaciones ideologizadas, en México y Oaxaca, solo se denuncie la violación por las autoridades y no por organizaciones, activistas y milicianos, cómplices.
Uno de los principales mandatos de las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es realizas visitas in loco, o in situ a los países para analizar en profundidad la situación general y/o para investigar una situación específica. Éste es el caso de los triquis de Lorena Merino.
Constituyen un procedimiento por medio del cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por invitación del Estado visitado o contando con su anuencia, realiza una serie de actividades dentro de su territorio, orientadas a cumplir con su función de promover la observancia y defensa de los derechos humanos.
Entre esas actividades podemos mencionar las siguientes: entrevistas con autoridades gubernamentales y representantes de distintos sectores de la sociedad; recepción de denuncias; inspección de cárceles y lugares de detención; observación de procesos judiciales; investigación de situaciones generales; investigación de casos individuales y la emisión de un comunicado de prensa al finalizar la visita.
Entrevistado recientemente al respecto, el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud aseguró que el grupo de triquis de Lorena Merino reciben apoyos “hasta para vivir en comodidad”.
Los 153 indígenas triquis desplazados de San Juan Copala y beneficiarios de medidas cautelares reciben aproximadamente 5.5 millones de pesos anuales en apoyos gubernamentales, aseguró Mafud.
Estos apoyos económicos fueron pactados en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y consisten en la renta de locales comerciales en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, renta de viviendas o albergues, entrega de despensas, gastos en salud e higiene, y en pagos de energía eléctrica.
Como medida de seguridad, elementos de la Policía Estatal realizan rondines en las viviendas donde viven y que se localizan en Santa Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado a la capital del estado.
Anuar Mafud informó de estos recursos asignados a los indígenas triquis cuando se le cuestionó sobre las continuas protestas de Lorena Merino, una de las líderes de los triquis desplazados de su comunidad desde finales de 2010 y quienes han pernoctado en el Palacio de Gobierno frente al zócalo capitalino e instalado puestos comerciales para la venta de ropa.
“Proveemos, pues, de todo lo que una familia requiere para vivir, yo diría que hasta con comodidad. A Lorena Merino el gobierno le paga la renta de un local en el centro histórico, ya está cerrado el local, ella decidió irse al palacio de gobierno para hacer su negocio, sus vendimias. La última vez que hablé con ella fue para pedirle que regresara a su local porque no puede ser que se rente y no lo ocupen”, declaró.
Lorena Merino, agregó, se ha negado a recoger 780 despensas que el gobierno del estado les otorgó; asimismo, le han insistido en que ocupe el local que el gobierno le renta y deje la vía pública que ocupa sin permiso de la autoridad municipal.
“Fuera de ahí no le hemos pedido a la señora nada, no la hemos ofendido, la hemos tratado con respeto, con tolerancia; pero bueno, en cambio ella el primero de septiembre llegó a agredir”, dijo.
Al resto de indígenas triquis beneficiarios de medidas cautelares, precisó, también se les rentan locales para que ahí trasladen sus ventas que actualmente realizan en el Palacio de Gobierno; pero sólo los usan como bodegas. También a ellos se les otorgan despensas, renta de viviendas y otras prestaciones.
“Desde el punto de vista material, no les falta nada, porque además tienen un negocio. No estamos descalificando su condición de desplazados, lo que pasa es que confunden la medida cautelar, con una medida que te da fuero, impunidad y demás”, señaló.
Es importante mencionar que previo al Grito de Independencia de México que se celebró este 15 de septiembre en el Zócalo de la capital, desde la madrugada un grupo antimotín de la Policía del Estado, replegó a este grupo de activistas triquis, quienes se encontraban instalados en el acceso poniente del Palacio de Gobierno desde has ya más de 2 años.
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