Nora VILLEGAS*
- La resistencia ante la política de ahorro y la disminución del gasto en la operación gubernamental, se muestra en quienes temen al trabajo y servicio público en igualdad de condiciones.
CDMX.– Así como impactó a los “fifís” el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de México en 2019; el anuncio de la “pobreza franciscana” en el actual gobierno, casi mata de un infarto a la alta burocracia del gobierno federal. El personal de mando dentro de las estructuras gubernamentales no termina de aceptar la reducción en los gastos y mucho menos, el cambio de mentalidad radical de servicio público y atención a la ciudadanía que implica esta política.
El ahorro en el gasto gubernamental ascendió a 285 millones de pesos en 2021, lo cual se logró cancelando muchas de las extravagancias y los excesos de los que gozaban directores de área, generales y adjuntos; titulares de las dependencias y otros funcionarios, obligándolos a trabajar de forma diferente a como estaban acostumbrados, pues fueron perdiendo los privilegios onerosos de los que gozaban.
El uso racional de los recursos públicos que se destinan a la operación de las instituciones, responde a la necesidad de lograr que, con menos dinero, se cumplan los mismos objetivos y metas, con el fin de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así lo establece el Acuerdo de Ahorro en la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2022, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para cualquier empresa, el uso inteligente de los recursos en el desempeño diario, garantiza que cualquier negocio sea exitoso. La diferencia con el sector público es que en este nadie pierde dinero durante la operación y la prestación de los servicios, nadie verifica la calidad, ni sucede nada cuando no se otorgan. La racionalidad o el derroche no implica pérdidas monetarias para nadie, la llave de los presupuestos asignados siempre está abierta y es por eso que se derrochan, se acaparan o simplemente, se pierden o desperdician.
La política de austeridad reduce los costos de operación, logrando un ahorro significativo en los presupuestos anuales y de acuerdo con los principios empresariales básicos de eficiencia, el ahorro de los recursos incrementa la productividad, aumenta la calidad de los servicios, reduce los fallos y errores en la operación y eleva la rentabilidad de las instituciones y organismos.
En una primera etapa de evaluación de las estrategias de operación gubernamental, se debe identificar el fenómeno de poca productividad y altos costos de operación que presentan las dependencias del gobierno federal y local; es decir, la cantidad de dinero que reciben, contra los resultados que obtienen, empezando por ahí, la política de austeridad es más que necesaria, incluso debe ser urgente.
Hacer a las instituciones más productivas redunda en beneficios de tipo social, no solo porque se captan recursos que se utilizan para proyectos y programas sociales, sino porque exige a las dependencias “hacer más con menos”, principio empresarial fundamental para elevar la productividad y poder así, invertir el dinero que antes se utilizaba en mantener un gobierno casi parásito, en programas de apoyo a la educación, salud y bienestar para la población.
Invertir en programas de apoyo social es un principio básico del desarrollo. “La fórmula funciona. Si alguien me pide una recomendación de cómo hacer un buen gobierno, entre otras cosas, algo muy sencillo, pero trascendente: no permitas la corrupción ni los lujos en el gobierno y ahorra. Esos fondos destínalos al pueblo y, si puedes, entrégalos de manera directa, no con intermediarios ni de la llamada sociedad civil, ni del mismo gobierno, sino a cada ciudadano, lo que le corresponde por derecho”, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar en la Conferencia Mañanera sobre la política de “pobreza franciscana” anunciada el pasado mes de agosto.
Grandes robos se perpetraban en el Gobierno de México anteriormente. Desvíos de millones y millones de pesos salían a relucir en cada administración. Si bien nos iba, encarcelaban a alguno que otro funcionario de medio pelo y el dinero, como había venido, así se iba. El ejemplo más cercano: el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en el que se desviaron más de dos mil millones de pesos durante su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y hoy están en la cárcel el ex subsecretario de Administración y Capital Humano, Miguel Ángel Vázquez Reyes y el exjefe de gabinete Julio Serna.
Supuestos contratos millonarios con empresas que ya no existen o nunca existieron, manejos indebidos, sobre nóminas, desfalcos, uso ilegal de atribuciones, mal versación de fondos, delincuencia organizada y hasta lavado de dinero, se ve hacia dentro de las instituciones por el sencillo hecho de que tienen dinero para participar en actos de corrupción que convierten en seis años a un servidor público cualquiera, en un millonario excéntrico que no puede explicar la procedencia de incalculables fortunas ilícitas.
La resistencia y la crítica ante la política de ahorro y la disminución al máximo del gasto en la operación gubernamental, se muestra en quienes temen al trabajo y servicio público en igualdad de condiciones, en quienes temen perder sus privilegios, lujos y reconocimientos, ganando y gastando dinero que no les pertenece.
* Periodista egresada de la UNAM. Amplia experiencia en el campo laboral más por necesidad que por convicción. Amante apasionada de las causas perdidas, de las buenas historias, de la vida, la libertad y sus enjuagues.
